La titular del juzgado de instrucción número 2 de Girona ha elevado al Tribunal Supremo la petición para que Carles Puigdemont comparezca para declarar como investigado.

El asunto tiene que ver con la gestión de Puigdemont como alcalde de Girona, en 2014. Concretamente la investigación estudia si el Consistorio Gironés destinó de forma irregular en ese año una cantidad de un millón de euros que provenían del canon que pagó Agissa en la compra de obras de arte, según informa El País.

La juez atribuye a Puigdemont indicios de delito de prevaricación, fraude a la administración y falsedad documental. Es una pieza declarada secreta (por eso es tan sorprendente que los medios hoy tengan acceso a la misma), y separada de una causa que investiga el supuesto fraude en la gestión del agua a través de los convenios firmados por el Ayuntamiento de Girona desde los años noventa.

El propio abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha hecho hincapié en que la causa fuera “secreta”.

Por su parte, Puigdemont también ha expresado públicamente su opinión al respecto:

Ha recordado que “hace un año, cuando salieron informaciones con los mismos elementos que sale ahora, mi abogado ofreció al fiscal mi declaración voluntaria. El intento de enfangarme alegremente era claro y yo quería cortarlo de raíz. Dijeron que no me estaban investigando y lo descartaron. Ellos sabrán por qué razón han decidido esperar a este momento. Yo tengo sospechas más sólidas de sus acusaciones. Buscan la extradición “como sea”.

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