La histórica decisión del Tribunal Supremo sobre la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos tendrá que sortear todavía un importante escollo: el juez de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, José Yusty Bastarreche. El magistrado tiene aún que decidir si mantiene las medidas cautelares urgentes que paralizaron la licencia de obras para el levantamiento de la losa que cubre la sepultura del dictador. Yusty dio la razón a los herederos del general e invocó un supuesto informe sobre salubridad que sería indispensable antes de acometer las obras de exhumación en Cuelgamuros.
El Gobierno tiene previsto trasladar la momia “cuanto antes” −según acaba de asegurar la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo−, al cementerio de El Pardo-Mingorrubio. Y cuanto antes quiere decir “con anterioridad a las elecciones del próximo 10 de noviembre”, informan a Diario16 fuentes socialistas. Sin embargo, los planes de Pedro Sánchez podrían verse truncados, al menos durante un tiempo, si finalmente Yusty Bastarreche decide estimar la demanda interpuesta por la familia Franco, informa Europa Press.
El pasado mes de febrero, el juez de Madrid aceptó las medidas cautelarísimas de los Franco contra el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. La familia del dictador exigía una licencia de obra para levantar la losa de la tumba y proceder al traslado de los restos. La impugnación iba dirigida contra el informe municipal de noviembre de 2018 por el que se declararon admisibles las actuaciones urbanísticas consistentes en el “levantado de pavimento de mármol, retirada de la losa de piedra que cubre la sepultura de Francisco Franco, su traslado a otro lugar y la exhumación de los restos mortales”.
Yusty aludió en su auto de 25 de febrero que las obras no eran seguras. Antes, otro juez de lo Contencioso-Administrativo había estudiado diversas demandas similares y las había rechazado. Se da la circunstancia de que meses antes Yusty se había pronunciado en un artículo en contra del Gobierno por querer “revivir todos los hechos que llevaron a la patria a aquellos momentos difíciles”.
Ante ello, la Abogacía del Estado planteó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid un incidente de recusación para apartar al juez del procedimiento. Finalmente, el Alto Tribunal madrileño no dio salida a la recusación y acordó el pasado junio mantener al juez en su puesto.
Yusty, que no tiene la obligación de cumplir un plazo para decidir, deberá ahora decidir si mantiene las medidas cautelares contra la licencia de obras, que actualmente están en vigor. Si las mantiene, el Gobierno no podrá proceder de momento al levantamiento de la losa y sus planes de cerrar el asunto antes de las elecciones se verán truncados.
Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya ha decidido sobre el polémico juez Yusty, que se ha pronunciado en contra de la Ley de Memoria Histórica. El TSJ le ha dado amparo al entender que tales declaraciones no han condicionado su imparcialidad a la hora de paralizar las obras de exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. De hecho, los magistrados del Tribunal Superior madrileño ya han rechazado un incidente de recusación propuesto por la Abogacía del Estado contra Yusty.
El magistrado había sido recusado tras firmar determinados artículos de prensa y conferencias en revistas especializadas en relación con el Proyecto de Ley de Memoria Histórica que “podrían dar pie a considerar que concurre en este caso lo que se ha venido calificando de ‘contaminación por interés’, al poder deducirse de tales intervenciones que el recusado ha tomado previamente una postura en relación con dicha ley y aplicación de la misma”, según el auto del TSJM. Así las cosas, un juez que está en contra de la Ley de Memoria Histórica decidirá qué ocurrirá con la momia del dictador.
