El presidente de Colombia, Iván Duque, ha nombrado a Néstor Humberto Martínez Neira nuevo embajador de Colombia en España. Este hecho ha provocado que diferentes organizaciones sociales defensoras de la paz y los derechos humanos y representantes de la sociedad civil colombiana en España, hayan transmitido a la ministra de Exteriores Arancha González Laya una carta en la que le transmiten su oposición debido a las numerosas acusaciones que recaen sobre él y su intento de desprestigiar el Acuerdo de Paz suscrito entre el gobierno de Colombia y las FARC.
Según las diferentes asociaciones firmantes, el nombramiento de Martínez se produce como respuesta del presidente Iván Duque a las pruebas que reveló el diario El Espectador sobre el plan de la Fiscalía General de la Nación a cargo de Néstor Humberto Martínez para dañar el Acuerdo de Paz, intentando vincular a los negociadores del Gobierno y de las FARC con el negocio del narcotráfico después de la firma del proceso de paz y así justificar su extradición a los Estados Unidos.
Este caso de montaje judicial demostraría que Néstor Humberto Martínez realizó un ataque directo a los avances del Acuerdo de Paz, quitándole recursos y atacando a la Justicia Transicional al sabotear la reputación y el actuar de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y de la Comisión de la Verdad, señalándoles de criminales.
Tal y como publicamos en Diario16, Humberto Martínez renunció a la Fiscalía General de la Nación el día 15 de mayo de 2019 con la justificación del desacuerdo con la JEP en su decisión de dejar en libertad a Jesús Santrich y denegar su extradición a Estados Unidos.
Sin embargo, un día antes de presentar su dimisión, la Corte Suprema de Justicia había incluido en su orden del día exigir su dimisión por las pruebas en su contra por el caso Odebrecht, algo que fue posible debido al montaje que hizo de un sistema ilegal de escuchas a altos magistrados, periodistas, activistas de derechos humanos, políticos y opositores al Gobierno, denunciado por los Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Colombia.
El exfiscal colombiano está acusado de evasión de impuestos ya que oculta bienes y fondos en España a través de una empresa panameña de su propiedad. En España, el exfiscal es propietario de un lujoso apartamento en Madrid, valorado en cerca de tres millones de euros, así como fondos bancarios en el Banco de Santander, recibidos, mediante transferencias provenientes presuntamente de paraísos fiscales.
«Señora ministra no es la primera vez que el nombre de un embajador colombiano es llamado por la justicia por vínculos con la ilegalidad, la corrupción, evasión fiscal o por delitos cometidos durante el ejercicio de sus cargos anteriores como es este el caso. Durante el gobierno de Álvaro Uribe, muchos de sus aliados y funcionarios más cercanos y cuestionados terminaron premiados con consulados y embajadas, las cuales evidentemente han acumulado varias renuncias por razones judiciales», se señala en la carta enviada a González Laya, en la que se añade que «estamos frente a la serie de expedientes de investigación y acusaciones más reveladora que se conozca en la historia de Colombia, es muy grave que una embajada tan importante para el país esté en manos Néstor Humberto Martinez quien evidentemente ha hecho un gran esfuerzo por impedir el acuerdo de paz».
Por estas razones, las diferentes organizaciones solicitan que España deniegue el plácet con respecto a su asignación a la Embajada de Colombia en Madrid, según lo establece la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
A este lo envían porque como España no ha querido extraditar al corrupto convicto de Mattos y prefiere darle guarida para arañar algo de su fortuna en impuestos, y este ha sido su nemesis. Pero conociendo a los Colombianos pronto estarán cruzando la Castellana para hacerse visitas y tomarse un tintico juntos y planear maldades y «repartirse el pastel», pais de bichos malignos…