Un informe del Observatorio Madrileño de Salud de junio del año 2018 constató la nefasta situación en la que se encontraba ya entonces el Servicio de Atención Primaria de Madrid, un pilar de la Sanidad pública que ahora se antoja fundamental en la lucha contra la epidemia de coronavirus. “Entendemos que la situación de la Atención Primaria en la Comunidad de Madrid es altamente preocupante, y es el resultado de una política de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatización de la Sanidad Pública ejecutada por los distintos gobiernos del PP en la comunidad, a veces de una manera muy agresiva y otras de manera más solapada”, especifica el documento.
El Observatorio Madrileño de Salud es un organismo de amplio espectro social y profesional compuesto por los ayuntamientos de la región, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, entidades profesionales como la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, asociaciones vecinales, organizaciones de consumidores como Facua, Mareas Blancas y onegés.
El informe del Observatorio resulta demoledor en estos días de pandemia, cuando primeros espadas del Partido Popular madrileño como la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, o su predecesora en el cargo, Cristina Cifuentes, siguen insistiendo en negar la evidencia y aseguran una y otra vez que los sucesivos gobiernos populares jamás acometieron recorte alguno, sino más bien al contrario, incrementaron la inversión en hospitales, centros de salud y personal sanitario. La falacia es de tal calibre que basta con echar un vistazo a los informes y documentos que desde hace años vienen alertando del desastre.
En su documento, el Observatorio advirtió de que debía producirse un “cambio radical” en la política sanitaria de Salud autonómica, y exigió como medidas urgentes a adoptar “recuperar las Áreas Sanitarias para poder fomentar la atención comunitaria; integrar los recursos sanitarios a nivel de área y mejorar las relaciones entre Atención Primaria y especializada”. Pero donde más hincapié hizo el informe fue sin duda en el capítulo de los recortes, exigiendo a las autoridades regionales “financiación suficiente” para la Atención Primaria con el objetivo de dedicar al menos el 25 por ciento del presupuesto sanitario regional a esta área formada por los centros de salud y ambulatorios de barrio.
Otra grieta importante detectada en la red asistencial fue la escasez de personal sanitario. “Hay que incrementar la dotación de recursos humanos: un profesional de medicina de familia y de enfermería por cada 1.000 habitantes y un pediatra por cada 1.000 habitantes menores de 14 años, garantizando la atención pediátrica en todas las localidades de la Comunidad de Madrid, lo que supone incrementar en 400 médicos y 2.000 profesionales de enfermería la dotación de Atención Primaria”.
Otros aspectos básicos que debieron ser corregidos en su momento, a juicio del Observatorio, fueron “recuperar las citaciones desde las unidades administrativas de los centros de salud; disminuir las desigualdades en dotación entre las Direcciones Asistenciales; garantizar las actuaciones de prevención y promoción desde la Atención Primaria, con cobertura a toda la población; y garantizar también la citación en Atención Primaria en 24 horas en el 75 por ciento de los casos, ampliándolo al cien por cien en una legislatura”. Es evidente que la capacidad de respuesta del sistema y la calidad del servicio estaba muy lejos de ser la óptima y en los últimos dos años no se ha ido a mejor, sino que se ha seguido deteriorando.
Además, los expertos del Observatorio alertaban ante la necesidad de dotar suficientemente “a las unidades de apoyo para garantizar citaciones con un máximo de 15 días de demora (no menos de 0,2 odontólogos, higienistas y fisioterapeutas); mejorar la relación entre Atención Primaria y Especializada, fomentando la protocolización común de los principales procesos diagnósticos y terapéuticos; promover la derogación del Real Decreto Legislativo 16/2012 y establecer sistemas de rescate para las personas que no pueden hacer frente a los copagos, asegurándose de que nadie deja de acceder a una prestación farmacéutica necesaria por problemas económicos”.
Entre otras medidas, se aconsejaba también impulsar la utilización de medicamentos genéricos para conseguir que supongan un 75 por ciento de los envases prescritos (una seria advertencia ante el negocio de las grandes compañías farmacéuticas) y la generalización de la prescripción por principio activo. Respecto a la petición de “poner en funcionamiento Consejos de Salud, con participación de profesionales y población, en todas las zonas básicas de la Comunidad”, por lo visto también cayó en saco roto.
En los últimos días el Gobierno de Pedro Sánchez ha rechazado la petición de Isabel Díaz Ayuso para que la región de Madrid pase a la Fase 1 en la desescalada de la crisis del covid-19 y uno de los argumentos principales para desestimar la solicitud ha sido que la Atención Primaria madrileña no está preparada para el caso de un nuevo brote de la epidemia. La mayoría de los expertos, incluso el Colegio de Médicos de Madrid, reconocen que esta comunidad no cumple los mínimos requisitos de calidad exigibles, ya que existe un “déficit estructural” en personal sanitario e infraestructuras acumulado durante años.
La falta de médicos y enfermeras, la saturación de pacientes en las salas de consultas y urgencias, las listas de espera y la escasez de material son un hecho, pese a que Díaz Ayuso sigue enrocada en la demagogia e insiste en creer que si Madrid no pasa de fase es porque el Gobierno le tiene manía a los madrileños y busca la ruina de la región. En cierta manera, el gran problema que tiene la presidenta madrileña es que la verdad de los hechos y los datos siempre se acaba imponiendo y tratar de cambiar lo que fue una historia de recortes y desmantelamiento de la Sanidad pública, por mucha propaganda y cortinas de humo que se lancen al viento, es poco menos que misión imposible.
