El Poder Judicial se encuentra en franca descomposición, tal como ha asegurado el ministro Juan Carlos Campo en RNE. El bloqueo sistemático de Pablo Casado a la renovación de la cúpula de la judicatura no solo ha asestado un golpe mortal a nuestra maltrecha Administración de Justicia, sino que coloca al Partido Popular como una formación política al margen de lo que ordena la Constitución, es decir, un partido zombi, outsider, antisistema. El incidente ocurrido con la ausencia de Felipe VI a la entrega de despachos en Barcelona y el posterior cierre de filas alrededor del rey de Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),​ han terminado por agotar la paciencia de Pedro Sánchez. Tampoco ha gustado al Ejecutivo central que el presidente de los jueces y magistrados, vista la parálisis institucional, haya decidido reactivar por su cuenta y riesgo la renovación de los cargos públicos, esta vez sí, por unanimidad y acuerdo entre el sector progresista y el conservador.

Los acontecimientos de las últimas semanas, el desmadre en el que parece haber caído la Justicia, por decirlo pronto y de forma coloquial, ha llevado a Pedro Sánchez a dar un puñetazo en la mesa y a mover ficha. Según ha podido saber Diario16 por fuentes próximas a Moncloa, la decisión inapelable del Gobierno es llevar al Parlamento, esta misma legislatura, una reforma urgente de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Constitución, si es preciso, para que la Justicia española deje de ser un juguete roto en manos de las derechas. De esta manera el PSOE hace suya una propuesta electoral que Unidas Podemos llevaba en su programa electoral, de manera que la iniciativa cuenta con el respaldo de todo el Consejo de Ministros. “Alguna solución debemos dar desde el Gobierno de España”, sentenció el presidente hace solo unos días avanzando cuáles son las intenciones del gabinete socialista/morado.

Como principal aval jurídico, el Gobierno cuenta con un informe de la Comisión Europea en materia de independencia judicial que reprocha a España el retraso en el relevo del órgano de gobierno de los jueces y magistrados, cuyo mandato de cinco años caducó en diciembre de 2018. El documento viene a recordar que nuestro país corre el riesgo de situarse a la altura de Polonia o Hungría, donde el sistema democrático de libertades y derechos fundamentales se encuentra seriamente amenazado por influencia de los partidos de extrema derecha. Sin duda, el informe de la Comisión es un serio tirón de orejas no solo al Estado español por el peligro de politización del máximo órgano de Gobierno del Poder Judicial (en el que se incluye la falta de imparcialidad de la Fiscalía General del Estado), sino a Pablo Casado, que persiste con contumacia casi enfermiza en bloquear la renovación de los cargos institucionales. El propio Gobierno alemán de Angela Merkel ha situado a nuestro país como el nuevo problema de Europa, según informa el prestigioso medio americano Bloomberg, que cita fuentes de la cancillería en Berlín. La decadencia de la Justicia, el problema catalán y la corrupción de la Monarquía son serios avisos que preocupan y mucho en la UE.

Ahora el informe de Bruselas constata que el CGPJ se encuentra pendiente de renovación y que su presidente, Carlos Lesmes, ha alertado de que esta “anomalía institucional” puede desacreditar al órgano. También da un toque de atención por la persecución que sufren los denunciantes de corrupción en España y sobre los lobbies o grupos de interés, algo que también ha llamado la atención del Consejo de Europa. Sin duda, entre esos poderes fácticos está la Banca, siempre beneficiada por las resoluciones judiciales, como en el caso de la sentencia de las hipotecas. No en vano, el 94 por ciento de los españoles considera que la corrupción está extendida, frente al 71 por ciento de la media europea.

Por tanto, tal como ha avanzado Sánchez, no queda otra que acometer profundas reformas antes de que todo el sistema termine reventando. “La mayoría absoluta de la Cámara y el Ejecutivo debemos dar una solución, una salida para desbloquear esta situación y renovar el Consejo del Poder Judicial. Y, desde luego, mi intención y voluntad es hacerlo”, insiste Sánchez. Del Partido Popular ya no cabe esperar nada bueno: Casado está convencido de que tiene que llegar a la Moncloa a cualquier precio, incluso profundizando en la ruina del país. Para colmo de males, el PP siempre ha sido un partido reacio a cualquier tipo de reforma política y si de Génova 13 dependiera en España estarían vigentes todavía los Principios Generales del Movimiento Nacional. De ahí que la iniciativa del Gobierno para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, sorteando el bloqueo inconstitucional conservador, sea el único camino para salvar los muebles de la maltrecha Justicia española. La cosa no es para tomársela a broma. Está en juego nada más y nada menos que la democracia en España. Algo que a Casado no parece preocuparle lo más mínimo. Es más, el líder de la oposición no quiere saber nada de pactos y consensos con el PSOE (Vox le aprieta fuerte por detrás) y da por bueno el sacrificio de la independencia de la Justicia si con ello salva al PP de la crisis galopante por la que atraviesa: esos 18 puntos menos que le auguran las encuestas.  

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3 Comentarios

  1. Que democracia hay en España ? aquie¡i ya no hay ni democracia ni nada,y mas despues de que el gobierno de rajoy robara un banco arruinando a mas de 305.000 FAMILIAS,y el actual gobierno que se dice ser » progresista » actuando del mismo modo callando el robo.Aqui ya no hay democracia,NO HAY NADA ,solo miseria.

  2. «Si de Génova 13 dependiera en España estarían vigentes todavía los Principios Generales del Movimiento Nacional.»
    Si los de la Génova del 78 hubieran sido más inteligentes y no hubieran dejado asesinar a casi mil españoles, estaría vigente el Fuero de los Españoles.
    – Y a lo mejor seguiría habiendo 8.000 presos no 60.000
    – O se podría dejar la casa cerrada sin echar la llave
    – O se podría estudiar en español en Galicia o en Valencia.

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