México despertó el primero de enero con un aumento desproporcionado en el costo de la gasolina, de un plumazo, la gasolina tipo Magna subió 14,2% para ubicarse en los 15,99 pesos por litro. Del mismo modo, la Premium incrementó 20,1% su costo para venderse en 17,79 pesos por litro y el diésel 16,5% para llegar a los 17,05 pesos.
De inmediato el enojo fue popular, generalizado y profundo. A casi tres años de haberse aprobado una reforma energética, que, en palabras del presidente, Enrique Peña Nieto, iba a permitir la disminución del costo de las gasolinas y de la energía eléctrica, la evidente mentira para convencer a la nación de la histórica modificación constitucional que permitiera la inversión extranjera en el petróleo mexicano, se hizo evidente en el lugar más vulnerable de las familias mexicanas: su bolsillo.
Ante la cruda realidad y sin coordinación entre sí, apenas comenzó el año, en varios puntos del país han habido bloqueos carreteros, toma de casetas de cobro en autopistas, manifestaciones en las plazas públicas de varios municipios y un sinfín de muestras de malestar en redes sociales, así como miles de gasolinerías cerradas.
Mientras tanto, Peña Nieto anunció el retorno al gabinete de Luis Videgaray, quien siendo secretario de Hacienda hizo labores de relaciones internacionales para provocar la cuestionadísima visita de Donald Trump a México en plena campaña en contra de los mexicanos. Por ese antecedente, el favorito del presidente ahora se encargará de la cartera de relaciones exteriores, mientras su sucesor en hacienda, quien en los hechos administra la riqueza petrolera del país, defiende el aumento a las gasolinas escudándose en necesidades económicas por el aumento del precio internacional del petróleo.
Esa misma noche del 4 de enero comenzaron los disturbios. En Twitter eran tendencia los #saqueos presentados en varias tiendas del Estado de México, que en horas se expandieron a la Ciudad de México y al día siguiente llegaron a Veracruz, Hidalgo y Michoacán, sumando casi 400 tiendas robadas según el reporte de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales de México.
Ante los hechos comenzó a conocerse la participación de provocadores pagados por líderes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de los gobiernos de ese mismo partido, en los municipios del Estado de México que más saqueos presentaron, y desde los cuales, ingresaron a las zonas colindantes con la Ciudad de México.
La noche del jueves en la ciudad de Puebla se reportó la participación de la organización vinculada al PRI, denominada Antorcha Campesina, que en varias zonas de la ciudad saquearon tiendas de autoservicio provocando el miedo generalizado entre los habitantes en las calles y acompañándolo con mensajes desde cuentas de Twitter invitando a la gente a no salir a la calle, como el siguiente: “No es generar pánico pero si se arman los golpes o se pone feo qué necesidad de estar en el lugar y momentos incorrectos #saqueospuebla”. Surgido de la cuenta @Nay/On Air con 196 mil seguidores, que se caracteriza por haber promocionado mensajes del entonces candidato a gobernador de Puebla, Tony Gali, para alcanzar popularidad en la red social con trending topics artificiales.
Las televisoras, así como las cuentas a sueldo de Facebook y Twitter, son las encargadas de hacer llamados a evitar la participación en manifestaciones por los riesgos a los disturbios y saqueos, en los cuales, han incluso participado policías pasiva o activamente.
Ante las acusaciones de inducir los robos, el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, sólo atinó a responsabilizar al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), de Andrés Manuel López Obrador, de pretender obtener un beneficio político del aumento de las gasolinas. A pesar de que las manifestaciones han sido espontáneas y absolutamente ciudadanas ante el rechazo de la enésima acción impopular del gobierno priísta en turno.
Las motivaciones para provocar los saqueos, contratando por hasta mil pesos por persona más el producto de lo robado a grupos vandálicos por parte del partido gobernante, tiene dos posibles lecturas: una e inmediata es que pretenden inhibir las protestas y manifestaciones generalizadas en contra del gasolinazo por medio del miedo para que la población decida asumir la medida con la resignación de un riesgo mayor por los disturbios; y, dos, sembrar las condiciones de psicosis social que hagan necesario y hasta natural un estado de sitio
En cualquier caso, el escenario nacional es complejo, lleno de miedo e incertidumbre y particularmente peligroso. La llave para aminorar lo que el propio mandatario mexicano ha denominado “malestar social” está en anular o disminuir el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) y ubicar el costo de la gasolina en donde estaba el año pasado.
De lo contrario, si el comportamiento errático del ejecutivo federal continua y en lugar a dar un paso atrás, el día de mañana, se suma una medida más que afecte a la economía nacional o no se toman las medidas en contra la de la impunidad y la corrupción, México, como su gobierno, su economía y su seguridad, seguirán en caída libre.
