El pasado día 28 de Julio, tras el escándalo provocado por la noticia de que el Sr. Echenique, Secretario de Organización de Podemos había mantenido a su servicio a un asistente personal sin haberle dado de alta en la Seguridad Social y habiéndole pagado, como suele decirse, “en negro”, el Sr. Iglesias, con el fiero desparpajo que le caracteriza y que sólo encuentra parangón en la política nacional con el que se gasta Doña Esperanza Aguirre, salió en su defensa con el peligroso argumento de que “Con su actuación ha hecho un ejercicio de ejemplo moral” (sic).
Es más, aseguró que “lo ocurrido con el asistente de Echenique pone de manifiesto lo que Podemos ha venido denunciando sistemáticamente: que los autónomos tienen enormes dificultades para darse de alta porque no les llega para pagar la cuota”.
A su juicio, el hecho de que este episodio saliera a la luz ha servido para poner sobre la mesa “el problema de la precariedad laboral y la necesidad de una Ley de Dependencia“.
Como de costumbre, el diablo tiende a ocultarse entre los pliegues de los pequeños detalles y como ocurría en el cuento de Edgar Allan Poe “La carta robada”, la mejor manera de esconder algo es dejarlo bien a la vista.
Eso sí, hay que tener los nervios de acero al tunsgteno, como el que se usa para hacer las toberas de los cohetes espaciales, o unas facciones de cemento armado, para pasar sin enrojecerse del comprensible disimulo ante la pillada, a la patente chulería.
El caso es que, aunque arriesgada, esa maniobra que consiste en exhibir el mal como si se tratase de un derecho exclusivo del héroe que actúa por encima de los cánones morales imperantes para la comunidad, para la gente corriente, tampoco es nada nueva y en determinadas ocasiones, cuando el ambiente político y social está lo suficientemente degradado y polarizado, puede incluso resultar exitosa.
Todos los fascismos, todas las vanguardias, han pretendido necesitar esa elusión de sus deberes éticos para cumplir su elevada misión.
Como repite machaconamente el farisaico personaje del artista incomprendido de la película de Woody Allen “Balas sobre Broadway”:
“todo gran artista construye su propio universo moral, sus propias reglas”.
Jose Antonio Primo de Rivera, en su discurso fundacional de la Falange, pronunciado en el Teatro de la Comedia de Madrid el 29 de Octubre de 1933 ya señalaba cómo “Un hombre dotado para la altísima función de gobernar, que es tal vez la más noble de las funciones humanas, tenía que dedicar el ochenta, el noventa o el noventa y cinco por ciento de su energía a sustanciar reclamaciones formularias, a hacer propaganda electoral, a dormitar en los escaños del Congreso, a adular a los electores, a aguantar sus impertinencias, porque de los electores iba a recibir el Poder…” lo cual le parecía, lógicamente, “el más ruinoso sistema de derroche de energías”.
De forma que las normas están ahí para ser aplicadas al común, a los que no somos artistas, sino simples mortales. A los poetas que aspiran a conquistar los cielos (“al aire libre, bajo la noche clara, arma al brazo y en lo alto, las estrellas” que diría el fundador del fascismo español) no.
Y es eficaz porque, como decía, en este ambiente de total familismo amoral (lo que hagan “los míos” me parece bien… ¡Y punto!) lo mismo recibe una y otra vez el sufragio de sus vecinos el alcalde más corrupto (cosa que sucede constantemente) que desde muchos sectores bienpensantes de la izquierda se aprestan a denunciar las oscuras intenciones de quienes hayan filtrado a los medios la información, objetivamente escandalosa, del caso del Sr. Echenique… ¡Ciertos sectores económicos van a por ellos!… ¡Pues no habrá habido miles de casos iguales, o peores!… Muy posiblemente tengan razón… ¿Y qué?
¿De qué guindo se han caído algunos?
¿Cómo pueden ser tan pardillos quienes, además de políticos en ejercicio, se reputan politólogos?
He dedicado la mayor parte de mi vida profesional al ejercicio de funciones relacionadas con el poder punitivo del Estado y con el control externo del sector público. Si algo aprendí pronto es que una de las más habituales y fiables fuentes de auditoría es lo que llamamos “una amante despechada”, sea en sentido metafórico (cualquier poseedor de información sensible para la reputación de un tercero que tenga motivos para causarle el daño derivado de su público conocimiento) o sea en sentido estricto, algo que sigue ocurriendo desde que el mundo es mundo, como hemos tenido ocasión de comprobar recientemente en relación a la familia Pujol Ferrusola.
Recordemos brevemente como, en este caso, la mujer que había estado unida sentimentalmente a Jordi Pujol Ferrusola (M.V.A.) confirmó a la policía que cuando estaba con él movía ingentes cantidades de dinero entre Andorra y Madrid.
Por su parte, en el caso de Jordi Pujol Soley, expresidente de la Generalitat de Cataluña, fue una examante suya (M.J.B.) quien facilitó a los servicios españoles de inteligencia información clave de la familia Pujol y de otros clanes catalanes con cuentas en paraísos fiscales.
En fin, la casuística sería interminable.
En el propio derecho de la Competencia existe la figura, utilísima, del Mecanismo de Clemencia (“leniency”) en virtud del cual un miembro de un cártel puede llegar a eludir sus responsabilidades (que en algunos países, como los EEUU, alcanzan incluso penas de cárcel) mediante la traición a sus compinches y ofreciendo información relevante a las autoridades.
En resumidas cuentas, que efectivamente, las intenciones de los denunciantes pueden no estar inspiradas por un elevado sentimiento de Justicia sino, con frecuencia, alimentadas por las más bajas pasiones… ¿Y?
La intención, por usar otros términos: la “culpabilidad”, es un factor valorable, sin duda alguna, pero esa valoración del grado de intencionalidad habrá de llevarse a cabo, en todo caso, después de la comprobación de los hechos objetivos e incluso, después del análisis de su conformidad o disconformidad con las normas.
El conductor ebrio que provoca un accidente, sin lugar a dudas no quería provocarlo, no tenía esa intención, pero hizo algo (provocar el accidente) y lo hizo incumpliendo el Código de Circulación que limita severamente la tasa permitida de alcoholemia, es decir, actuó antijurídicamente.
No lo hizo adrede… ¡faltaría más! Pero eso no excluye su castigo. La negligencia demostrada con su comportamiento le hace acreedor a la sanción que corresponda.
Si el único testigo del accidente fuese, supongamos, un vecino que por unas u otras razones le guarda resentimiento, podrá ser tachado de enemistad, lo que obligará a extremar el cuidado del juez a la hora de valorar la prueba, pero no la invalida.
Y mucho menos en lo relativo al control político que sustenta la democracia.
En realidad, la propia democracia se basa en implantar procedimientos de lo que los anglosajones denominan “checks and balances” dando por sentado que lo que cada grupo en pugna busca es su particular interés y que el equilibrio, por deseable que fuese, no nace de la grandeza moral de determinados seres providenciales, sino de la mutua desconfianza.
Así pues, dejemos la senda del análisis, un tanto pueril, de las perversas intenciones de quienes airean las miserias de “los míos” (buenos por antonomasia).
Lo que está mal, está mal.
Nunca será “un ejemplo moral”, como ha dicho Pablo Iglesias en un alarde verdaderamente sicotrópico.
Eso no quiere decir que no haya un serio problema, una incorrecta regulación jurídica, de esta materia, algo que produce las ocasiones y facilita la ilegalidad, aunque no la disculpe.
En efecto, buena parte de los servicios a particulares (paradigmáticamente el llamado “servicio doméstico”) se prestan de manera oculta al fisco e incumpliendo las obligaciones laborales y de seguridad social.
Y esto es algo a lo que el sistema político debería prestar atención de manera inmediata.
España se niega a ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT– sobre la equiparación del llamado trabajo doméstico, que fue firmado en 2011 y ha sido ratificado por 17 países.
Este acuerdo internacional pondría las bases para que el empleo doméstico fuese un trabajo decente y en igualdad de derechos que el resto. Sin embargo, según declaraciones parlamentarias del partido que nos gobierna, “no es que sea imposible” (su ratificación) pero “hay muchas dificultades”. Dificultades no explicitadas, por cierto.
Yo no alcanzo a comprender cuáles pueden ser esas “dificultades” ni su naturaleza, lo que creo es que hay una vía de solución bastante sencilla que, por lo menos, debería ser explorada.
Bastaría con que los salarios (y cotizaciones sociales) del personal al servicio del hogar familiar, o de un particular que así lo precise como sería el caso de una persona dependiente, se desgravasen en la Declaración de la Renta de sus empleadores como desgrava cualquier otro gasto necesario para la obtención de la misma para que aflorase todo el empleo sumergido en el sector, se regularizase la situación de estas personas y de paso, se aliviase la carga económica de quienes se ven precisados de contratar un servicio doméstico si pretenden, lo que ya es mucho decir, realizar a su vez un trabajo remunerado.
Se podrá aducir que, de hacerlo, la recaudación en el IRPF de las unidades familiares empleadoras descendería. Es evidente. Pero también lo es que, consecuentemente, la recaudación correspondiente a los ingresos de los empleados crecería.
Además, en cualquier caso, la imagen fiscal ( y estadística) de España sería mucho más real. El hipotético fraude en prestaciones sociales cometido por personas que “trabajan en B” mientras figuran como beneficiarias de ayudas se eliminaría.
Resulta sencillamente escandaloso el inmenso vademécum de disparatadas exenciones y triquiñuelas fiscales (legales) que benefician absurdamente a las más elevadas fortunas, mientras que el sistema legislativo mira en este asunto para otro lado, o carga injustamente el esfuerzo fiscal sobre las familias trabajadoras.
El envejecimiento de la población es, entre otras cosas, un nicho de empleo emergente, un componente de la demanda de servicios (y por lo tanto de oferta de empleo) que no va a hacer otra cosa que crecer en los próximos tempos… ¿Por qué va a ser satisfecho de manera irregular y opaca?
Volviendo al caso del Sr. Echenique, es evidente que la invalidez, la discapacidad o como se quiera expresar de la manera más correcta posible, es una gran desgracia personal que, además de otros sufrimientos, acarrea costes extraordinarios para las personas inválidas y para sus familias. Esto está fuera de toda duda.
Precisamente por ello, se haya hecho con más o menos acierto, que esa es otra cuestión, el Estado otorga un tratamiento fiscal especial para estas personas.
Por ejemplo, sin entrar en la multitud de especificaciones correspondientes a impuestos más casuísticos (IVA superreducido para la adquisición de determinados artículos, reducciones y otros beneficios) en el IRPF encontramos un mínimo exento especial de 9.000 euros anuales para personas con una discapacidad de grado igual o superior al 65% al que se añadirían 3.000 euros anuales en concepto de gastos de asistencia, cuando se acredite necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida.
Asimismo tenemos las reducciones por aportaciones a sistemas privados de previsión social que, en el caso de personas con un grado de discapacidad física o sensorial igual o superior al 65%, alcanzan un límite de 24.250 euros anuales.
También debemos considerar los gastos deducibles para personas con discapacidad que obtengan rendimientos de trabajo como trabajadores activos (artículo 19.2 f) LIRPF) en cuya virtud tendrá la consideración de gasto deducible a la hora de calcular el rendimiento neto del trabajo, junto a los gastos relativos a las cotizaciones a la Seguridad Social, detracciones por derechos pasivos, cotizaciones a colegios de huérfanos o entidades similares, etc. la cuantía de 9.750 euros anuales para quienes, además de ser trabajadores activos, acrediten necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o un grado de discapacidad igual o superior al 65%.
Es decir, que incluso este mediocre estado de bienestar, tan denostado por los adalides de la “Nueva Política” ya tenía puestas en vigor diversas medidas destinadas a favorecer fiscalmente (y con mucha razón) a las personas discapacitadas.
Y esto que Vd. paciente lector tal vez conocía, tal vez imaginaba, o tal vez no, lo que está claro es que el Sr. Echenique, a quien no podemos considerar precisamente un marginado cultural, sí que lo sabía (y hemos de suponer que utilizaba, estando en su perfecto derecho).
Lo dicho tira por tierra toda esa argumentación demagógica sobre lo afortunado y oportuno de la puesta de actualidad del asunto de los pobres trabajadores, hipotéticamente autónomos, que trabajan en este sector de los servicios personales.
No hay explotado sin explotador.
A veces, para decir ciertas cosas, habría sido mejor no dar explicaciones.
Como cantaban “les Luthiers”…
“Conocemos de hace rato el gato con relaciones.
Gato nuevo es este gato, gato con explicaciones»
