Vox sigue adelante con su campaña xenófoba a las elecciones madrileñas. Ese cartel colgado en el Metro de la capital en el que criminaliza a los menores inmigrantes (ellos los llaman menas despectivamente) recuerda mucho a aquellos panfletos que los nazis repartían contra los judíos en la República de Weimar. La Fiscalía investiga si los hechos constituyen un delito de odio, pero mientras actúa la Justicia se impone una reflexión política: hay que pararlos como sea; son un cáncer para la democracia y los derechos humanos; no pararán hasta volar todo lo bueno que hemos construido los españoles en cuarenta años de régimen de libertades.

En los últimos días, algunos militantes de base del partido de Santiago Abascal han decidido abandonar el proyecto verde horrorizados por lo que están viendo en ese mundo ultra. Así, el pasado día 6 ocho integrantes de Vox en Extremadura decidían abandonar el barco por considerarlo “antidemocrático, sin principios, anticonstitucional y que no se somete al Estado de Derecho”, además de someter a los afiliados “a técnicas totalitarias exentas de las mínimas garantías legales exigidas por la ley”. No es el primer foco de disidencia que le estalla a Abascal. Sin embargo, entre todos los casos registrados en el seno del movimiento ultraderechista hay un episodio que llama poderosamente la atención por las consecuencias políticas y judiciales que pueda suponer. Hablamos del diputado regional murciano Juan José Liarte, que este miércoles ha mantenido en los juzgados locales que Vox, formación política de la que fue expulsado hace algún tiempo, se financia de manera “irregular”, según informa Europa Press.

El diputado díscolo ha denunciado que bajo la dirección de José Ángel Antelo, presidente de la gestora voxista en Murcia, se llevaron a cabo actos de financiación ilegal del partido, una práctica que choca abiertamente con el discurso supuestamente regenerador que mantiene Abascal. Antelo consideró la afrenta como una calumnia y se querelló contra él.

Hoy Liarte, que comparecía en el acto de conciliación previo a la querella, se ha detenido un momento con los periodistas y se ha ratificado en su denuncia. Es decir, no se retracta e insiste en tirar de la manta. El diputado considera que “no puede haber avenencia” a la petición de Antelo, a quien ha acusado de estar haciendo una gestión económica “desproporcionada y fuera de todo lugar”. En ese sentido, Liarte le ha dicho al juez que la acción de Vox es “temeraria e injusta”, de manera que no puede aceptarla. Por tanto, reconoce que Antelo está en su derecho de interponer una querella contra él “si se atreve” y lo considera oportuno.

“Yo creo, sinceramente, que no lo va a hacer (…) Ellos se han limitado a ratificar su papeleta de conciliación”, afirma Liarte, quien recuerda que el máximo dirigente de Vox Murcia no ha comparecido este miércoles en los juzgados, aunque sí ha enviado a un procurador para cumplimentar todos los trámites legales.

¿De qué va toda esta historia? Al parecer Liarte denunció en un chat interno del partido una serie de actos que se estaban realizando de manera “irregular”, aunque no entró en “tipificaciones jurídicas”. Además, cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena investiga una serie de hechos a raíz de una querella que él mismo interpuso. “Hubo un archivo provisional; recurrimos en reforma; el recurso fue íntegramente estimado; el juez estimó que había indicios racionales de delito y ordenó que se abriera un procedimiento de diligencias previas”, explica Liarte, que está a la espera de que se abra un procedimiento de diligencias previas.

El diputado murciano insiste en que el Tribunal de Cuentas acepta que los grupos parlamentarios realicen transferencias a sus partidos, por lo que no habría ninguna ilegalidad en ello. Pero no sería este el caso, según insinúa el denunciante.

Por su parte, Vox Murcia informa de que el acto de conciliación de hoy es un paso necesario para presentar una posible querella criminal contra Liarte, que “fue expulsado del partido y no representa a Vox sino que se representa a sí mismo”. Para el grupo ultra, las denuncias de Liarte suponen “unas manifestaciones injuriosas, calumniosas y difamatorias contra el presidente, acusándole de cometer una serie de delitos que no están justificados y, por eso, dio el paso de presentar este acto de conciliación previo a una posible querella criminal”.

La vía judicial está abierta y serán los jueces los que lleguen hasta el final de este asunto para determinar si Vox se ha estado financiando irregularmente en la Región de Murcia. Hablamos de una comunidad autónoma donde el discurso de la ultraderecha está calando en importantes capas de la sociedad. El pasado mes de marzo, y en los días previos a la polémica moción de censura interpuesta por PSOE y Ciudadanos contra el Gobierno del popular López Miras (apoyado por Vox), Santiago Abascal se desplazó hasta la ciudad del Segura para darse un auténtico baño de masas en la Plaza Belluga, junto a la catedral. Al grito de “presidente, presidente” y “viva España”, el líder del partido verde fue recibido por centenares de personas, muchas de las cuales no guardaron distancia de seguridad ni mascarillas, medidas esenciales contra la pandemia. Es evidente que el proyecto nacionalista español se ha hecho fuerte en tierras murcianas, una comunidad autónoma tradicionalista, taurina y clerical que conecta con los valores reaccionarios que promueve Vox. Ahora la Justicia quiere saber si el partido tiene las cuentas en regla.   

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1 Comentario

  1. «panfletos que los nazis repartían contra los judíos en la República de Weimar». Mientras sus camisas pardas (hitlerianas )aterrorizaban a los ciudadanos. Muy parecido a los , camisas negras de Mussolini. Los actos agresivos de los fascistas en Vallecas es una prueba más. El moro abascal usa el color de camisa verde/azul.

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