Violencia de género y acceso a armas: El caso del Guardia Civil que mata a su expareja plantea la necesidad de revisar protocolos
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Un agente de la Policía Nacional ha denunciado a un cabo de la Guardia Civil de entrar ilegalmente en su vivienda en Dos Hermanas (Sevilla). La acusación se centra, según ha publicado Diario de Sevilla, en que el suboficial presuntamente entró en la propiedad del policía sin permiso, sin autorización judicial y aprovechándose de su condición de funcionario de las fuerzas de seguridad del Estado.

Además, se ha elevado una queja a la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla en la que se afirma que el cabo del Seprona tiene construida una vivienda en suelo rústico en la localidad de Coria del Río, lo que supondría un delito contra la ordenación del territorio. Resulta incoherente que un suboficial destinado al cuerpo que debe perseguir los delitos urbanísticos, disponga de una vivienda presuntamente ilegal. Según Diario de Sevilla, hoy en día no se ha iniciado ninguna investigación.  

Este cabo de Seprona es el mismo que fue denunciado por corrupción por la sargento primero María Serrano y que inició el calvario que está viviendo en la actualidad. María pasó por todos los escalones del escalafón. Fue guardia, cabo, cabo primero, sargento y sargento primero en diferentes destinos de la geografía española. Cuando fue destinada a «su Sevilla», ocurrió el desastre.

Comenzó a sospechar del cabo, es decir, de un subordinado suyo que siempre iba por libre. Ella descubrió que este hombre estaba imponiendo sanciones por comercio ilegal de pesca a empresas ubicadas en Mercasevilla pero no todo era trigo limpio puesto que «él mismo era el que hacía los recursos de descargo para esas empresas», confirmó María a Diario16. En el propio equipo informático del cabo halló los pliegos de descargo que esas compañías presentaban en los juzgados para eludir sanciones de hasta sesenta mil euros.

María se puso a investigar y se dio cuenta de que el nombre del cabo ya estaba siendo investigado en otras comandancias como, por ejemplo, la de Málaga, puesto que sospechaban de que estaba dando chivatazos de operaciones en curso. «Este señor estaba siendo objeto de seguimiento porque estaba teniendo una actuación un tanto sospechosa con empresas relacionadas con residuos de aceite o, incluso, eran asesoradas por este señor», confirma a Diario16 el abogado de María Serrano, Fermín Vázquez.

La sargento decidió poner en conocimiento de sus superiores estos hechos y ahí empieza su calvario. Preparó un informe que entregó a su superior inmediato, un teniente, quien ya le advirtió que se olvidara del tema, que lo obviara. María Serrano no podía quedarse parada y realizó más informes en su tiempo libre hasta que consiguió que se abrieran diligencias que imputaban al cabo. Sin embargo, el suboficial no fue apartado del servicio. Esta causa fue sobreseída porque los delitos habían prescrito. Incluso se lleva de testigo a un abogado de Mercasevilla para que afirme que él fue quien redactó los pliegos de descargo. «Que un abogado de Mercasevilla afirme que redactó esos informes en los ordenadores de la Comandancia de la Guardia Civil es muy fuerte», afirma Vázquez, el abogado de Serrano.

La convivencia llegó a ser imposible entre Serrano y el cabo, llegando, incluso, a «verse obligada a abrir expedientes disciplinarios por temas de insubordinación. Todo esto se mira con cautela en la Guardia Civil. La insistencia de María ante el teniente es tan grande que éste llega a decirle que esté tranquila, que ‘esto es la Guardia Civil’», afirma Serrano. Sin embargo, esos expedientes no llegaron a castigar al cabo.

A partir de ahí, María Serrano fue llamada a capítulo por el coronel de la Comandancia, ascendido hace un año a general, quien, en su despacho, le pide que se olvide de todo. María no lo podía creer. «Entiéndame», le dijo al mando quien comenzó a gritarle delante de dos testigos más: un teniente coronel y el teniente. «Aquello parecía un consejo de guerra». El coronel llegó, incluso a decirle que ella no encajaba en la unidad por lo que, a gritos, se le «sugirió» que pidiera el traslado. Tal fue el volumen de las voces que dio el coronel que se escucharon, incluso, fuera de la Comandancia. Fue tan fuerte el shock que le provocó tamaña bronca por cumplir con su deber que tuvo que pedir la baja médica por causas psicológicas.

Pero el aparato no podía permitir que María Serrano pudiese seguir investigando. El coronel le abrió a la sargento un expediente disciplinario por falta grave, solicitaron la pérdida de destino y su expulsión de la Guardia Civil. María recurrió a un tribunal militar que, en vez de analizar todo el caso en su conjunto, sólo dictaminó que lo ocurrido en el despacho del coronel fue una «riña paternal». Sin embargo, la sargento Serrano no se quedó ahí y solicita la apertura de un expediente disciplinario contra el coronel que, además de no ser admitido, conlleva una amenaza de emprender más acciones legales contra ella. Esto no viene del coronel, sino del propio tribunal, lo cual es un verdadero escándalo porque prohibía de manera velada que María Serrano acudiese a la Justicia para defender sus intereses.

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