Se acabó el tiempo. España se encuentra en un punto crítico de la pandemia y el sistema nacional de salud pública corre serio riesgo de colapsar. Han sido demasiados meses de retóricas baratas y pugnas políticas que nos han colocado a la cabeza entre los estados que peor han gestionado la plaga. Países como Francia, Bélgica, Italia, Alemania e Irlanda han empezado ya a aplicar medidas drásticas para contener la transmisión del coronavirus. Portugal ha decretado el “estado de calamidad” y España no puede seguir ni un minuto más permitiendo la expansión del covid. Navarra ya ha sido confinada y Madrid, aunque con la boca pequeña, pide el toque de queda, que según los expertos es la única solución para salir del atolladero sanitario en el que nos encontramos. El ministro Salvador Illa ha dejado abierta esa posibilidad, que podría decretarse en todo el territorio nacional si el PP decide apoyar el plan.

¿En qué consiste esa medida excepcional? Básicamente en limitar la libertad de movimientos de la ciudadanía durante una franja horaria determinada, generalmente por la noche o en días concretos. Los parisinos, por ejemplo, no pueden salir de sus casas entre las 21.00 horas y las 6.00, salvo para desarrollar actividades esenciales o en caso de necesidad o urgencia. Durante el día, la vida cotidiana se mantiene. Bélgica ha puesto en marcha órdenes similares.

Según Daniel López Acuña, ex director de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS, las medidas adoptadas en la capital gala y Bélgica son “muy acertadas”, tal como ha asegurado en un programa de La Sexta. A su juicio, “el toque de queda lo que hace es permitir y privilegiar la actividad diurna ligada al comercio o la actividad productiva, el trabajo esencial” y, a la vez, “restringir de la mejor manera posible los horarios de ocio nocturno, de consumo en bares”. Según el experto, las actividades de diversión en la hostelería “no es que sean en sí mismas negativas, sino que propician una aglomeración de personas, que generan mucho más gregarismo y riesgo de contagio, que es lo que en estos momentos tenemos que evitar”.

Por tanto, los epidemiólogos lo tienen claro. Es preciso ir hacia medidas mucho más restrictivas, aunque ello suponga limitar los derechos y libertades individuales. “Tenemos que dejarnos de tonterías e ir adelante con las medidas que se requieren”, añade el experto. “Esto ya no es un tema de estados de alarma o no. Es qué hay que hacer para frenar la curva y lamentablemente nos estamos quedando muy atrás en una buena parte de las comunidades autónomas”, advierte.

Pero no basta con el toque de queda si las diferentes administraciones no invierten unos cuantos puntos de PIB más en Sanidad pública. CC.OO, CSIT Unión Profesional, UGT y CISF han convocado esta misma mañana una concentración a las puertas del madrileño Hospital Ramón y Cajal para sumarse así a las movilizaciones que tendrán lugar en la sanidad pública de todo el territorio nacional. El principal problema es que los trabajadores ya no pueden más, están agotados tras meses de lucha contra la enfermedad sin que se haya contratado más personal. “Basta ya, no podemos resignarnos a ver cómo cada día mueren cientos de personas”, asegura un enfermero durante los actos de protesta.

Las organizaciones sindicales aseguran en un comunicado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid “ha puesto al límite la salud pública de la ciudadanía en la región”, y advierte de “las consecuencias de la sucesión de decisiones equivocadas y también de la inacción y omisión de planes efectivos y coordinados para afrontar, primero los rebrotes en Madrid y luego la segunda oleada de contagios y expansión comunitaria”.

“Tenemos sobrados motivos para movilizarnos ante la reiterada posición de maltrato, de distanciamiento patente y de menosprecio de la Administración Sanitaria madrileña hacia sus profesionales durante toda la crisis sanitaria, y ante la falta de soluciones a todos los problemas repetidamente denunciados”, agregan.

La pandemia ha puesto de manifiesto las carencias del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid y en especial de la Atención Primaria, la primera línea de batalla contra el covid-19. Este área clínica está ya colapsada por la actual presión asistencial, la escasez de personal y una deficiente gestión por parte de la Administración, con unos profesionales desbordados y una ciudadanía que se siente en muchos casos abandonada a su suerte.

“El Gobierno de la Comunidad de Madrid sigue sin poner los recursos humanos y materiales necesarios para atajar con eficacia esta situación y sigue desgastando a los profesionales de la Sanidad pública en la Comunidad de Madrid”, añaden fuentes de los manifestantes.

Cada día que pasa se antoja más necesario un pacto nacional por la Sanidad que permita incrementar la financiación en el Sistema Nacional de Salud hasta alcanzar el 7,2 por ciento del PIB, y con ello, aumentar el gasto en Atención Primaria hasta situarlo en el 25 por ciento del total. “Nuestro sistema sanitario requiere de una inversión tanto en personal como en medios tecnológicos, para poder dar una atención adecuada a la población”, aseguran los portavoces sindicales. En la misma línea se pronuncia el Sindicato de Enfermería Satse, que ha reclamado a las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas que reconozcan las especialmente difíciles condiciones laborales que sufren las enfermeras y enfermeros que trabajan por la noche en los hospitales y que perciben solo entre tres y cuatro euros, dependiendo de la comunidad autónoma, por cada hora de trabajo asistencial y de cuidados a los pacientes.

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