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UGT y CCOO se reúnen con Unidas Podemos para agilizar el Ingreso Mínimo Vital

La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, y el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, , se han reunido con una delegación del grupo parlamentario para presentarles las enmiendas promovidas por ambos sindicatos para mejorar el RDL 3/2021 que ahora se tramita como proyecto de ley

Agustín Millán
Agustín Millánhttp://pompona22.wixsite.com/agustinmillan
Foto periodista especializado en manifestaciones y actos sindicales. Desde 2011 fotografiando la crisis más dura de la historia moderna. Responsable de redes sociales de la Cumbre Social España. Fotógrafo con 5 campañas electorales entre ellas la de Manuela Carmena y la de Enrique Santiago en IU Madrid.
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análisis

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La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera y el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, se han reunido con una delegación del grupo parlamentario Unidas Podemos para presentarles las enmiendas promovidas por ambos sindicatos para mejorar la regulación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) recogida en el RDL 3/2021 que ahora se tramita como proyecto de ley.

Un RDL que incluye, además, el complemento para la reducción de la Brecha de Género o el Reconocimiento Covid como enfermedad profesional del personal sanitario.

La reunión de hoy se enmarca en la ronda de contactos que UGT y CCOO vienen manteniendo con los diferentes grupos parlamentarios para que recojan, a través de enmiendas, sus propuestas para enriquecer y mejorar el contenido del mencionado RDL, además de las impulsadas también para el RD 20/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19, y el 2/2021, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo.

Para la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, es prioritario ahora impulsar una serie de reformas para mejorar el alcance de la prestación de ingresos mínimos y su integración en el sistema de protección social preexistente.

En este sentido propone: 

•    Rebajar la edad de acceso a los 18 años.
 
•    Que se considere la situación de vulnerabilidad en el momento de la solicitud, en base a los ingresos declarados y que posteriormente se regularice la prestación en base a los ingresos realmente percibidos.  Se trata de ajustar esta prestación, de manera semejante y conforme a lo establecido por el Tribunal Supremo en otras prestaciones no contributivas del Sistema de Seguridad Social.
 
•    Poder acceder de manera automática desde las prestaciones de desempleo al IMV, siempre y cuando las personas hayan agotados todas las prestaciones de desempleo a las que tengan derecho y cumplan los requisitos del IMV. 
 
•    Garantizar la gestión pública directa respecto de la certificación de la situación de vulnerabilidad que determina el acceso a la prestación.
 
•    No obstante, el sindicato advierte que, a pesar de estas reformas prioritarias, el IMV presenta una serie de limitaciones que hace que sea incapaz de responder a situaciones de pobreza severa.

Así destaca que:

•    La renta garantizada por el IMV está 40 euros mensuales por debajo del umbral de pobreza severa.
 
•    No incluye las deudas en el cálculo del patrimonio.
 
•    Deja fuera a los extranjeros, lo que contraviene la Carta Social Europea.
 
•    El IMV no calcula bien la renta real de las familias beneficiarias, dado que no se restan los gastos de alquiler, ni los intereses pagados a los bancos como consecuencia de préstamos para la adquisición de la vivienda habitual. Esto supone una importante desigualdad entre las personas que dispone de alojamiento y las que no, porque ambas reciben las mismas cuantías. Una situación que se agrava para las personas que tienen que pagar alquileres y/o créditos para la compra de vivienda. En este caso el IMV se convierte en una transferencia de rentas de la prestación de pobreza severa a los arrendadores y los bancos.
 
•    Todas estas cuestiones dan lugar a que en torno a medio millón de personas que deberían tener derecho al IMV quede excluido del mismo. 

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