Foto: Agustín Millán.

Los sindicatos UGT y CCOO exigen al Gobierno la reposición de la cláusula de salvaguarda para las pensiones, ya que miles de trabajadores y trabajadoras necesitan una garantía inmediata para acceder a la jubilación por efecto de la crisis económica.

La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera “Ya es tarde para su reposición y debe garantizarse que no se producen vacíos de cobertura en esta materia, con un anuncio público e inequívoco, por parte del Gobierno, acompañado de la iniciativa legislativa necesaria para resolver esta situación en el menor plazo posible”, ha señalado.

Cláusula de salvaguarda

La reforma de pensiones pactada por sindicatos y empresarios en 2011 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero incluía una garantía jurídica, conocida como “cláusula de salvaguarda”, que garantizaba el mantenimiento de las condiciones de jubilación previas a la reforma para quienes habían sido despedidos antes de su entrada en vigor, cuando no volvían a encontrar trabajo. De esta forma se garantizaba, para quien lo precisara, no en todos los casos, que ninguna persona viera disminuida su expectativa de pensión cuando ya no tenía posibilidad alguna de reacción, después de su despido.

De origen, la cláusula de salvaguarda no tenía ninguna caducidad, pero Mariano Rajoy puso caducidad a esta posibilidad: enero de 2019.

Prórroga primer Gobierno Sánchez

El 28 de diciembre 2018 mediante un RD-ley el Gobierno de Pedro Sánchez amplió una prórroga de un año como una medida temporal hasta finalizar un estudio. Un año después, no hay resultados de ese estudio y no se ha modificado la prórroga indicada.

Definitivamente, en el RD-ley 18/2019 de 27 de diciembre se volvió a prorrogar la cláusula de salvaguardia hasta el 31/12/2020.

Jubilación Anticipada Parcial por la Ley Vieja.

De acuerdo con un RD-ley de 7 de diciembre de 2018 se permite hasta 2022 inclusive, la aplicación de la Ley Vieja en esta modalidad de jubilación, pero solo en un sector muy concreto: “empresas clasificadas como industria manufacturera” y solo a los trabajadores que “realice(n) directamente funciones que requieran esfuerzo físico o alto grado de atención”. 

Los porcentajes de parcialidad no tienen nada que ver ni con los de la Ley Vieja ni con los de la Ley Nueva: 25 % como mínimo y un máximo del 67 %, y del 80 % para los supuestos en que el trabajador relevista sea contratado a jornada completa mediante un contrato de duración indefinida.

Quedan miles de trabajadores y trabajadoras los que fueron despedidos antes de 2013.

Aunque el grueso de personas afectadas ya se ha jubilado y el colectivo afectado es decreciente año a año, todavía son miles de trabajadores y trabajadoras los que fueron despedidos antes de 2013, en mitad de la crisis económica y financiera que ha asolado nuestro país en la última década, que deberían tener cobertura de esta cláusula de salvaguarda para acceder a la jubilación.

Insistente reivindicación de los sindicatos

Desde que el nuevo gobierno tomó posesión, UGT y CCOO han venido insistiendo al Ministerio de Seguridad Social respecto de la necesidad de reponer la situación que fue objeto de Acuerdo en el Diálogo Social en 2011, “corrigiendo las limitaciones temporales que sobre dicha cláusula impuso el gobierno del Partido Popular en 2013 y que ha sido objeto de prórrogas por dos veces en los últimos dos años, y cuyos efectos caducan el próximo 31 de diciembre”.

En la Mesa de Diálogo Social las organizaciones sindicales vienen reclamando la reposición de la cláusula de salvaguarda en los términos en los que fue pactada, sin límite temporal, teniendo en cuenta que se trata de dar seguridad jurídica a un colectivo de personas, acotado y decreciente.

Si bien la acogida del Ministerio ha sido, muy recientemente, favorable a la reivindicación de CCOO y UGT, “hasta el momento no se ha instrumentado ninguna solución jurídica para garantizar la extensión de la cláusula a partir del 1 de enero de 2021. Por ello ambas organizaciones queremos insistir en la necesidad de que se apruebe antes de finalizar el año la correspondiente modificación normativa a través de las distintas fórmulas que hemos venido proponiendo”, ha manifestado la responsable de pensiones de UGT, Mari Carmen Barrera.

Todo ello, de modo que se garantice así la más elemental seguridad jurídica de las personas trabajadoras que aún precisan de esta figura, insistimos una parte relevante pero no todas, para poder acceder a la jubilación con las reglas en vigor en el momento en el que fueron despedidas, en la mayoría de los casos, sin posibilidad de retorno al mercado laboral.

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