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UGT y CCOO denuncian otro ataque en Castilla y León, Vox y el PP suprimen el organismo de mediación en conflictos laborales

Este organismo que existe en todas las comunidades autónomas tiene datos que avalan su utilidad. Evita que cientos de conflictos laborales acaben en los tribunales

Agustín Millán
Agustín Millánhttp://pompona22.wixsite.com/agustinmillan
Foto periodista especializado en manifestaciones y actos sindicales. Desde 2011 fotografiando la crisis más dura de la historia moderna. Responsable de redes sociales de la Cumbre Social España. Fotógrafo con 5 campañas electorales entre ellas la de Manuela Carmena y la de Enrique Santiago en IU Madrid.
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análisis

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Cuando aún no ha terminado la polémica por el ataque de la extrema derecha a las mujeres de Castilla y León, a causa del aborto.  El partido ultra Vox quiere suprimir la Fundación del Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA), el organismo que media entre las empresas y los sindicatos cuando hay un conflicto laboral. 

Por eso los sindicatos CCOO y UGT denuncian otro ataque en la Junta de Vox y el PP por querer suprimir el organismo de mediación en conflictos laborales.

Vox y el PP quieren suprimir el organismo de mediación en conflictos laborales

En la primera semana de 2023, el SERLA, ha seguido funcionando con absoluta normalidad tanto en la tramitación de conflictos individuales como en los colectivos. Ello ha sido posible gracias al esfuerzo y compromiso de los trabajadores que garantizan la prestación de un servicio público y obligatorio frente a la irresponsabilidad del consejero de Empleo, Mariano Veganzones, al dejarlo sin financiación en el Presupuesto de este año.

24 días después de iniciado el nuevo año, ni el presidente de la Junta ni el consejero han aclarado cómo se van a pagar los salarios de estos trabajadores.

El SERLA negocia entre una empresa y los trabajadores

El SERLA es quien negocia entre una empresa y los trabajadores cuando hay un problema que puede acabar en una huelga o una manifestación. Pero no solo media en conflictos colectivos, sino que también entra si un trabajador, a título personal, tiene un enfrentamiento con su empresa.

Este organismo que existe en todas las comunidades autónomas tiene datos que avalan su utilidad. Evita que cientos de conflictos laborales acaben en los tribunales. Solo el año pasado resolvió más de 3.500 casos, el número más alto de toda su historia. De no haberlo hecho, muchos de ellos habrían acabado colapsando aún más los juzgados. Ahora cesará su actividad al dejar de contar con financiación a través de los presupuestos autonómicos.

Yolanda Díaz contra la medida

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reaccionado al cierre del SERLA en Castilla y León, calificándolo de “muy mala noticia”. La decisión “atenta contra el Diálogo Social”, y ha apuntado que el organismo cumple un “papel clave en la mediación y resolución de conflictos laborales”.

“A la extrema derecha le molesta la democracia, los derechos laborales y el trabajo de los sindicatos y empresarios”, apuntó la vicepresidenta.

UGT y CCOO han solicitado por carta al Ministerio de Trabajo que intervenga.

Las organizaciones sindicales de Castilla y León reclaman a Trabajo para que “actúe de forma rápida y contundente con el fin de evitar la eliminación del Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León”.

En el escrito, al que ha accedido este diario, apelan  a la necesidad de que el Ministerio intervenga en defensa de la legalidad y la Constitución violentada de forma clara por la actuación de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León.

En la carta al Ministerio de Trabajo, se pone en conocimiento que el Patronato del SERLA  aprobó el pasado 13 de enero el inicio de la tramitación para su eliminación por no tener financiación pública porque en la Ley de Presupuestos de la Comunidad para el 2023 no aparece dicha partida como venía siendo habitual desde hace 25 años.

La Fundación tiene director y seis trabajadores y gestiona en torno a 4.500 conflictos individuales en Valladolid y 341 colectivos en 2022 en la Comunidad.

Ataque a la mediación en conflictos laborales y a los sindicatos

UGT y CCOO están convencidos de que se trata de una salida de Castilla y León del sistema español de resolución extrajudicial de conflictos laborales y ello conlleva “el incumplimiento de varias normas esenciales”. Entre ellas, podrían enumerarse derechos constitucionales tales como los recogidos en los artículos 24, 28, 37 y 149; lo recogido en el Real Decreto-Ley 17/1977, en el art. 7; el Estatuto de los Trabajadores, art. 83.3 y otros del mismo texto de remisión a la solución autónoma de conflictos laborales, entre otras normativas de carácter estatal.

Además, existe una sentencia del Tribunal Supremo, en casación, de 30 de julio de 2020, por la cual en Castilla y León el requisito previo y preceptivo de mediación contemplado en el artículo 63 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se tiene que llevar a cabo de manera exclusiva en el SERLA/Organismos de Solución Autónoma de Conflictos.

En la carta, también se pone en conocimiento del Ministerio de Trabajo que la Consejería de Empleo no reconoce la legalidad vigente y la legitimidad de la representación sindical (y patronal), porque se han eliminado de los presupuestos de 2023 la subvención nominativa.

Esa partida presupuestaria servía para compensar el papel que la Constitución nos atribuye en la negociación colectiva, la participación institucional de la Junta y en los diversos procesos de diálogo social. Esto tendrá también su recorrido jurídico por parte de nuestras organizaciones, ya que está recogido en el Estatuto de Autonomía y en la Ley 8/2008 de creación del Consejo de Diálogo Social y regulación de la Participación Institucional de Castilla y León.

La constitución exige este organismo

“No en vano, la Constitución articula mecanismos para que el Gobierno requiera el cumplimiento de la legislación como ya ha quedado demostrado con el protocolo anti abortista”, recuerdan los sindicatos.

CCOO y UGT han trasladado también el desmantelamiento de las políticas públicas en torno a las relaciones laborales, la prevención de riesgos, las políticas de igualdad y las políticas de empleo y formación para el empleo, etc. Han desaparecido más de 25 programas y líneas de subvención en estas materias (incluidas  algunas estatales no ejecutadas a propósito), que junto a la inutilidad de la participación institucional en todos los órganos de estos ámbitos laborales, “sitúa de forma precaria, alarmante y denunciable a nuestra Comunidad dentro del conjunto nacional”.          

Mañueco responderá ante la justicia

Los sindicatos señalan en una nota conjunta que: “Todos los actores implicados nos involucraremos para mantener la eficacia que el SERLA ha demostrado en los últimos años a la espera de que Mañueco asuma sus obligaciones y recordándole que tendrá que responder ante la justicia”.

El Presidente de la Junta de Castilla y León no puede seguir deshojando la margarita y permanecer impasible ante los caprichos de un consejero de empleo que intenta pasar a la historia de esta comunidad como el más arrogante con medidas perjudiciales para el interés de todos los castellanos y leoneses. Es hora de que Mañueco asuma la responsabilidad que le otorga su cargo, en este caso respecto al SERLA como servicio público y obligatorio.

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