La Unión General de Trabajadores, ante la dificultad para recopilar datos, “exige que tras la pandemia se realice una auditoría que rebele los efectos dramáticos del Coronavirus en las residencias y las medidas que se han ido adoptando en las distintas Comunidades Autónomas para evitarlos”.
Hace casi un mes UGT denunciaba que no se estaban realizando los test rápidos ni a las personas mayores, ni al personal trabajador de las residencias de mayores, para conocer si están contagiados y evitar el contagio. Se exigía que se considerara a las residencias como foco de actuación preferente contra el Coronavirus y se reclamaban medidas de limpieza y desinfección de todos los centros residenciales y una inspección de los mismos ante posibles irregularidades en la atención de las personas mayores.
Asimismo, aunque se estableció desde el Ministerio un protocolo de intervención para frenar la expansión de la pandemia en los centros residenciales, teniendo en cuenta dos grupos de población a proteger: “las personas residentes y el personal que presta sus servicios en los centros”, UGT ha denunciado en demasiadas CCAA la deficiente aplicación del mismo.
Hoy, aunque se han puesto en marcha algunas medidas, como la desinfección de los centros por parte de Bomberos o Ejército, y se han establecido otros mecanismos de protección sanitaria esenciales, UGT considera que sigue siendo preciso “implementar más medidas para garantizar la seguridad y salud de todas las personas mayores y de los cuidadores y cuidadoras de residencias (el 90% son mujeres)”. No todas ellas cuentan todavía con el material de protección preciso como los Equipos de Protección Individual, ni se realizan los test suficientes, que deben incluir a todos los residentes, los trabajadores y trabajadoras de residencias y sus familiares.
Un diagnóstico de la situación para tomar medidas
El sindicato recuerda que ha realizado diversas denuncias en algunas Comunidades Autónomas sobre la situación, incluso antes de la pandemia. A través de su Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP-UGT) había denunciado, con anterioridad, algunas de las deficiencias que presentan las residencias de mayores y que venían de lejos, como es la escasez de profesionales para atender a las personas mayores.
En concreto las bajas ratios de gerocultoras en el sector. Así lo hizo en dos ocasiones ante el Defensor del Pueblo (el 18 de mayo de 2017 y el 18 de octubre de 2018). La primera denuncia se realizó, además, en el contexto de una campaña a nivel nacional, en la cual desde los territorios se enviaron cartas similares a cada una de las instituciones equivalentes en las distintas Comunidades Autónomas.
También se ha informado de esta situación al Ministerio de Sanidad en una reunión mantenida el 11 de diciembre de 2019 con su titular entonces, María Luisa Carcedo, para intentar desbloquear el convenio colectivo de las trabajadoras del sector de la dependencia. En dicha reunión se entregó un documento que recoge la situación actual del sector de Atención a las Personas Mayores.
Este mismo año, el 9 de marzo, la secretaria confederal, Adela Carrió, junto con la secretaria de Salud, Sociosanitario y Dependencia de la Federación, Gracia Álvarez, en la reunión mantenida con el actual secretario de Estado de Derechos Sociales volvieron a informar sobre la situación de las residencias, el bloqueo del convenio, así como de las ratios insuficientes y la pluralidad de regulaciones en las distintas CCAA.
Asimismo, se ha denunciado que las distintas Administraciones han vuelto a adjudicar licitaciones a algunas empresas que ya han sido sancionadas por infracciones, cuando el sindicato había exigido reiteradamente que se les excluyera en las contrataciones con las Administraciones públicas.
Más presión en el trabajo, más jornada
La escasez de personal provoca un aumento de presión en el trabajo y la prolongación de las jornadas laborales, lo que genera cansancio y stress de las propias trabajadoras en relación a las medidas de protección, aumentando con ello el riesgo de enfermar.
A las ya exiguas plantillas se unen las bajas laborales que no están siendo sustituidas, entre otras cosas, por la dificultad para encontrar trabajadoras cualificadas (el 90% son mujeres). Una dificultad que se constata cuando el 25 de marzo el BOE publica una Resolución por la que se permite contratar trabajadores no cualificados.
Por otra parte, pese a ser considerados servicios esenciales, estos trabajadores y trabajadoras no han podido tener, en todos los casos, de la posibilidad de alojarse en lugares habilitados por las distintas administraciones para no contagiar a sus familias.
UGT señala, además, la dificultad de las residencias para mantener el aislamiento de los mayores, dificultad que se incrementa por el número de residentes -Éstas están pensadas como espacios de convivencia-. En España hay 5.417 centros de mayores, que suman un total de 372.00 plazas, según datos del CSIC publicados en abril de 2019. Algunas de estas residencias son pisos, sin el espacio, ni las condiciones suficientes para asegurar el aislamiento.
Aunque aún no se tienen datos oficiales exactos, debido a la dificultad para realizar un cómputo adecuado, lo que está claro es que entre el 26 de marzo y el 15 de abril, ha habido un aumento exponencial del número de fallecidos, lo que revela a su vez que se deberían haber incrementado las medidas de protección frente al Covid19 en los centros de mayores y las inspecciones en esos centros.
