Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT ha reclamado “que la UE el límite la entrada de fondos buitre en los servicios sociales básicos”. Estos fondos se caracterizan por comprar deuda soberana a empresas con dificultades económicas, para luego presionar y cobrar la totalidad de esa deuda más los intereses, “sin negociar quitas o reestructuraciones”, ha denunciado.

Los fondos buitres afectan a derechos básicos de las personas, como son la vivienda, la salud, o los servicios sociales

En nuestro país, estos fondos han entrado a través de la Socimis, en sectores sociales, “afectando a derechos básicos de las personas, como son la vivienda, la salud, o los servicios sociales”, ha señalado Mari Carmen Barrera. Quien ha denunciado que se ha producido “una venta masiva de viviendas sociales a estos fondos en algunas comunidades autónomas, o la compra masiva de las grandes carteras de viviendas en manos de los bancos”, lo que ha “convertido a las entidades financieras, en las mayores inmobiliarias privadas de nuestro país”, algo intolerable, que además “pudiendo influir de manera importante y notable en los precios y en el mercado del alquiler”, ha señalado la responsable de vivienda de UGT.

Toda esta especulación ha producido que solo en el año 2018, perdieran sus hogares 56.230 familias, un 4,5% más que en el año anterior. Y que los precios de la vivienda hayan crecido un 26% y los del alquiler hasta un 30% entre 2014 y 2018, cuando en este período los salarios sólo han subido un 2,1%.

“Es por todo ello que UGT reclama la Unión Europea la implementación de reformas encaminadas a combatir estas prácticas especulativas, que atentan directamente a la economía, a la salud y el bienestar de los ciudadanos reforma, por otra parte, como las que ya se han emprendido en países vecinos, como en Bélgica o en el Reino Unido”, ha afirmado Mari Carmen Barrera, que limitan el cobro de la deuda cuando el acreedor persiga una ventaja ilegítima; o que sean los tribunales de los diferentes países donde radican los inmuebles, o las empresas donde se ha emitido esa deuda, los que dirijan los litigios en lugar de tener que presentar las demandas en legislaciones más permisivas con estos fondos.

Estos fondos que tienen grandes beneficios generan escaso empleo y son de poco valor añadido, además de no tributan en nuestro país, ya que tienen su sede en terceros países o en paraísos fiscales, dificultando con ello el control financiero y judicial de los mismos, y los que tributan lo hacen al 1%.

Una legislación a favor de una vivienda digna en España

En nuestro país, el sindicato demanda la necesidad de incorporar a nuestro ordenamiento el derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible como un auténtico derecho subjetivo, para poderlo invocar ante las Administraciones Públicas y ejercitar, si procede, ante los tribunales de justicia.

“convertido a las entidades financieras, en las mayores inmobiliarias privadas de nuestro país”

Y a estas Administraciones, UGT le exige mayores inversiones en Parques de Vivienda Pública, hasta alcanzar el 1,5% del PIB, que dé soluciones habitacionales a las miles de familias que demandan una vivienda a precios asequibles.

Para el sindicato es el momento de que los partidos políticos incorporen el derecho a una vivienda digna en sus programas de cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril, además de a las locales, municipales y europeas que se celebran en los próximos meses. Un derecho tan básico como una vivienda adecuada y accesible debe garantizarse por ley lo antes posible.

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