UGT exige políticas que instauren el derecho constitucional a la vivienda. Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social también ha denunciado cronificación de las listas de espera en la sanidad pública.
En ese momento tras la crisis, y con la tasa de pobreza de nuestro país, “son necesarias verdaderas políticas eficaces de vivienda que actúen contra la pobreza y la exclusión social”, ha denunciado Mari Carmen Barrera, quien ha puesto como ejemplo el último informe del Banco de España, que indica que un ciudadano medio necesita destinar para la compra de una vivienda de tipo medio, 7,1 años de su salario íntegro. Para UGT, “es necesario corregir lo que ha ocurrido desde 2008, donde medio millón de familia, es decir millón y medio de personas, han perdido su vivienda habitual”, ha afirmado la secretaría de Políticas Sociales.
Para corregir este drama social, ”son necesarias medidas para que el drama del desahucio no continúe siendo una realidad cotidiana en nuestro país”. Por todo ello y para la búsqueda de soluciones, “UGT comenzará por reunirse con todos los grupos políticos para trasladarle nuestras iniciativas y propuestas en esta materia”, ha afirmado la responsable de Políticas Sociales del sindicato.
UGT apuesta por un “aumento del gasto público en vivienda hasta alcanzar el 1,5 del PIB”, priorizando la vivienda pública”, ha dicho la responsable de Políticas Sociales
Sanidad pública
Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, que hubiera más de medio millón de pacientes que esperaban para ser operados en diciembre de 2017, y más de 2.000.000 de pacientes para primera consulta y especialidades básicas. Para el sindicato, “es necesario resolver el tiempo medio de espera quirúrgica situado en 106 días y, en 66 para primera consulta y especialidades básica“, ha señalado Barrera.
La secretaria de Políticas Sociales exige “una estrategia que afronte la gestión de las listas de espera, desde el propio dispositivo sanitario público, para el que deberán planificarse adecuadamente, tanto los recursos económicos, como los recursos humanos necesario”, ha señalado.
Derecho a una vivienda
El derecho constitucional a una vivienda digna, adecuada y “accesible” es para UGT un problema de vital importancia debido a la acuciante preocupación existente entre numerosos ciudadanos y ciudadanas que deben soportar el grave desajuste existente entre la compra o alquiler de una vivienda y su salario medio.
Exige una estrategia que afronte su gestión desde el propio sistema sanitario público
Dificultades de acceso
Durante el periodo 2008-2016, -medio millón de familias, es decir millón y medio de personas-, han perdido su vivienda habitual, en un contexto igualmente de fuertes c presupuestarios. Desde el principio de la crisis, la inversión en vivienda ha sufrido fuertes recortes: “hemos pasado de 1.123 millones de euros en 2011 a unos exiguos 446 en el 2018, situándonos en uno de los países de la UE que menos destina a gasto público en vivienda social en relación a su PIB”, denuncia el sindicato.
Desde UGT, proponen, entre otras, las siguientes medidas:
UGT apuesta por un “aumento del gasto público en vivienda hasta alcanzar el 1,5 del PIB”, priorizando la vivienda pública”, ha dicho la responsable de Políticas Sociales.
“Se hace prioritaria una recuperación de las rentas, con subidas salariales razonables que hagan posible la recuperación del poder adquisitivo perdido durante estos últimos años y todo ello por la vía de la negociación colectiva”, ha demandado Mari Carmen Barrera.
UGT exige reformas legislativas, entre otras: “establecer unos requisitos mínimos a cumplir por todas las CCAA, en los diferentes Planes Estatales de Vivienda; que el “carácter social” de las viviendas protegidas lo sean durante toda su vida útil impidiendo su especulación”. Así vez solicitan “establecer como derecho subjetivo el derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible cuando se carezca de recursos e invocable ante los poderes públicos y ejercitable ante los tribunales de justicia”.
Ley de Segunda Oportunidad es necesaria y urgente; el sindicato a su vez ve necesaria una “reforma de la LAU para conseguir un equilibrio entre arrendador y arrendatario o bien un procedimiento administrativo más ágil, sin pérdida de garantías para los administrados”, ha señalado Mari Carmen Barrera.
Para UGT es importante “la potenciación de medidas para la constitución de Parques Públicos de Alquiler Social en las diferentes CCAA y entes locales, gestionados con instrumentos públicos, al objeto de que el alquiler nos acerque a cifras de la UE. Dentro de los mismos podrían incluirse aquellas viviendas adquiridas por los bancos como consecuencia de ejecuciones hipotecarias”, ha señalado Barrera.
