UGT urge al Gobierno y a los empresarios a cumplir la Ley de registro horario, también durante el estado de alarma y en el mal llamado “teletrabajo”, en el que se sigue obligando a miles de trabajadores y trabajadoras a efectuar horarios maratonianos y sin que quede registro alguno.

Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT, ha urgido al Gobierno “a abrir las mesas de negociación, tanto sectoriales como de empresa para articular el registro horario en las empresas”.

Los datos del módulo de la EPA que se han dado a conocer ayer confirman el escaso cumplimiento de la Ley que entró en vigor hace poco más de un año. Sólo el 37,9% de las personas trabajadoras cumple con la norma aprobada por el Gobierno el 8 de marzo de 2019 sobre el control horario en las empresas. De los más de 16,6 millones de asalariados que había en España en 2019, el 25,98% -4.330.300 de trabajadores y trabajadoras- no registraban ni su presencia, ni las horas trabajadas.

“Las empresas que pidieron tiempo para adaptarse a la situación, han tenido tiempo más que suficiente para cumplirla”, ha manifestado Gonzalo Pino.  “La inspección de trabajo tiene que actuar y sancionar a las empresas y obligar a su cumplimiento, teniendo en cuenta también la ley de protección de datos, para no vulnerar los derechos de los trabajadores”, ha señalado el responsable de Política Sindical del sindicato.

Pino destaca que este “es el resultado de una ley que nace coja porque deja en manos de la negociación colectiva su cumplimiento”, una negociación colectiva mermada por la reforma laboral impuesta por el Gobierno del PP y que UGT insiste en derogar la reforma laboral”.

El secretario de Política Sindical del sindicato señala que “la puesta en marcha de la norma provocó que en los primeros trimestres de 2019 descendieran las horas extras un 11,6% respecto a las efectuadas en el mismo período de 2018; y el número de horas extra no pagadas realizadas semanalmente en estos dos primeros trimestres del año fue el menor desde 2010”. Sin embargo, alerta de un relajamiento en el cumplimiento, ahora también agravado con la pandemia y el teletrabajo sin control.

Y en este sentido, ha insistido “en vigilar el control del registro horario para frenar el fraude ya que, en 2018, antes de la entrada en vigor de la Ley, se podían haber creado unos 180.000 empleos a tiempo completo en ese año”.

Se perdieron unos 2.300 millones de euros de salarios brutos y unos 650 millones de euros en cotizaciones sociales. Si esas horas extra hubieran sido cotizadas a la Seguridad Social se hubiera reducido su déficit un 3,5%. En total se realizaron 6,45 millones de horas extraordinarias a la semana, lo que hace un total aproximado de 330 millones de horas extras al año.

Por este motivo, Gonzalo Pino ha señalado que “el registro diario de la jornada constituye un instrumento imprescindible para luchar contra el fraude laboral que supone graves perjuicios para la salud de los trabajadores, para su economía, para la Seguridad Social y para el conjunto de la sociedad”.

UGT desarrolla una campaña dirigida a la negociación colectiva sobre tres derechos que no se negocian se cumplen: registro de jornada, Salario Mínimo y Planes de igualdad.

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