La secretaria de Enseñanza UGT Servicios Públicos Madrid, Teresa Jusdado Pampliega denuncia que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, continúa falseando los datos sobre el profesorado de enseñanza pública.
Ayuso miente sobre la escuela pública
El pasado día 9 de febrero en comunicado de prensa, anunció como un éxito la convocatoria de 4.262 nuevos puestos de funcionariado docente de carrera para el próximo curso 2023/24, también hacía público el dato de 61.041 docentes de la enseñanza pública en nuestra Región. Teresa Jusdado denuncia que este dato “es falso y que la convocatoria de plazas de concurso-oposición y concurso de méritos no alcanzará, ni de cerca, el 8% de estabilización de puestos docentes”.
Los datos
Según datos del Gobierno regional, el número de docentes de enseñanza pública alcanzaba, en julio de 2.022, la cifra de 54.495 docentes, de los cuales 16.572 eran interinos, lo que supone un 30,41% del total y ello sin descontar el profesorado de Religión que es personal laboral, elegido y nombrado por el Episcopado, pero pagado por la Consejería de Educación. La convocatoria de 4.262 plazas de personal funcionario docente solo supone el 7,82% del total del profesorado de la Comunidad.
La secretaria de enseñanza de UGT Servicios Públicos Madrid denuncia, tal y como ha venido defendiendo en las mesas de negociación de la oferta pública de empleo, año tras año, “la necesidad de convocatoria de unas 12.000 plazas, para ajustarnos al 8% de estabilización docente”.
Por lo que considera “que no es momento de ponerse medallas y sacar pecho por unas convocatorias que no resuelven el problema de la temporalidad en Madrid”. Asimismo, Teresa Jusdado recomienda al Gobierno regional presidido por Ayuso, que se ponga de acuerdo con los datos de profesorado de enseñanza pública que tiene la Comunidad.
Por eso, la secretaria de Enseñanza UGT Servicios Públicos Madrid, Teresa Jusdado Pampliega considera que la educación pública, de toda la ciudadanía madrileña, “requiere algo más que el esfuerzo de docentes y familias, exige que el Gobierno regional se involucre y no lo trate como un negocio para “amiguetes”, porque nos jugamos el futuro de nuestra sociedad”, ha finalizado.
