El reciente anuncio de la Presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de aumentar el 15% (21,75 millones de euros) la partida para gastos para funcionamiento y personal no docente de los centros concertados es, para la secretaria de Enseñanza UGT Servicios Públicos Madrid, Teresa Jusdado Pampliega, “un intento de comprar votos de cara a las próximas elecciones”, como lo ha sido la cesión de terrenos para tres centros concertados: en Valdebebas, Vallecas y Vicálvaro, que ha demostrado “ser exitoso en otras convocatorias electorales, a pesar del incremento de las desigualdades que suponen este tipo de políticas educativas”.
Ayuso apuesta por la desigualdad
El anuncio de un aumento del 15% de dicha partida contrasta con el acrecentamiento de dichos gastos para centros públicos, que tenían previsto un incremento del 3,2% para los colegios de infantil y primaria y un descenso del 2,5% para los institutos de Secundaria, en el Proyecto de Presupuestos no aprobados.
Los propios dirigentes de la patronal de Escuelas Católicas se han mostrado sorprendidos, entre otras cosas porque no se había negociado. Pero hay que remarcar tres datos: no ha sido negociado, no va a mejorar las condiciones de los trabajadores de enseñanza concertada, y no conlleva una mayor seguridad en el empleo.
La responsable de Enseñanza de UGT Madrid considera “indecente” decir que: “Apoyar a los centros privados y concertados es una defensa firme de nuestros valores constitucionales”. Teresa Jusdado se pregunta: “¿De los suyos?”
Señora Ayuso: Los valores constitucionales son de toda la ciudadanía.
Pero la secretaria de Enseñanza UGT Servicios Públicos Madrid, le recuerda a la presidenta de la Comunidad, que “no existen unos valores constitucionales de unos o de otros. Y, desde luego, el primer valor constitucional, en materia educativa, es el derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades, lo que garantiza la escuela pública, de todos/as y para todos/as”.
¿Quién garantiza una plaza pública al alumnado?
Hay familias que no pueden optar por una plaza pública. ¿Quién garantiza no convivir con obras durante años, mientras se imparte clase? ¿Quién garantiza que nuestro alumnado de centros públicos tenga el personal suficiente?
Teresa Jusdado denuncia que “la Comunidad de Madrid solo defiende a los empresarios de los centros privados, con y sin concierto. Para Ayuso y el PP, “la educación es un negocio”, tal y como hace con la sanidad”.
Estos 21,75 millones, van destinados a beneficiar a los propietarios de los centros concertados, que seguirán pasando minutas a las familias para pintar el centro o comprar material informático que le envía la Consejería de Educación.
En defensa de la escuela pública
“UGT, como defensora de la escuela pública y del derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a la misma, denuncia la política madrileña de privatización de la enseñanza que no garantiza más que el incremento de las desigualdades”, ha señalado Teresa Jusdado.
La Consejería de Educación envió una nota de prensa a los medios donde explica que el aumento, en concreto, es de 21,7 millones de euros. Es decir, que este año se alcanzarán los 175 millones que se destinarán a los colegios concertados para gastos de funcionamiento y personal no docente. Este aumento, a pesar de que la región ha prorrogado las cuentas de 2022, será posible y, aunque este tipo de partidas se reparten en septiembre con el inicio del curso escolar, se ingresará en las arcas de los colegios de manera progresiva en los tres próximos ejercicios.
