UGT ha instado al Gobierno a adoptar medidas, desde el consenso y de manera urgente, para garantizar el presente y el futuro de las pensiones.
Mari Carmen Barrera secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social, ha declarado que el sindicato denuncia “la parálisis de la mesa de diálogo social y del Pacto de Toledo” y considera que para avanzar en el diálogo social y político en esta materia, “es preciso que derogue las reformas impuestas y adopten políticas para incrementar los ingresos del sistema de Seguridad Social”, no para endeudarlo aún más.
El Ejecutivo, tras esquilmar el Fondo de Reserva, en palabras de Carmen Barrera, “ha vulnerado la Ley General de la Seguridad Social, con el crédito concedido dicho fondo”.
Un préstamo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, en lugar de que el Estado realice las transferencias oportunas, tal y como contempla la ley de la Seguridad Social. “A la vez que mantiene bonificaciones de ayuda a los empresarios a costa de la Seguridad Social”, ha matizado la secretaria de Empelo y Seguridad Social.
UGT ya ha realizado propuestas que permitirían acabar con el déficit de la Seguridad Social de manera inmediata y asegurar la financiación futura de la misma.
El sindicato exige al gobierno “adoptar estas medidas de manera urgente”.
UGT recuerda que del 30 de septiembre al 9 de octubre, habrá marchas de los jubilados desde distintos puntos de España, que confluirán en Madrid, “para exigir medidas que garanticen el presente y futuro de las pensiones y que estas sean dignas y se revaloricen conforme al coste de la vida” ha señalado Mari Carmen Barrera.
UGT reclama responsabilidad al Gobierno para que impulse el Pacto de Toledo y el diálogo social en materia de pensiones y establezca políticas consensuadas y urgentes para garantizar el presente y futuro del Sistema de Seguridad Social. Para ello, es necesario que muestre su voluntad de acuerdo y derogue las reformas en materia de pensiones -la reforma de pensiones de 2013 y otras medidas que han contribuido a recortar el gasto y cumplir con los objetivos de déficit a costa de nuestros mayores-.
Como se ha indicado reiteradamente desde UGT, el sistema de Seguridad Social no tiene un problema de gastos (gastamos menos que Francia, Italia o Alemania, en torno a 3 o 4 puntos), sino de ingresos y la falta de ingresos está directamente relacionada con la caída de las cotizaciones sociales que aportan los trabajadores.
Algunas propuestas de UGT
- Acabar con las bonificaciones a la contratación de las empresas con cargo a la Seguridad Social.
- Financiar los gastos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social desde los PGE (como el resto de los ministerios) y no desde el propio sistema…
- Destopar las bases de cotización, porque es injusto que anualmente el sistema de bases de cotización y pensión máxima establecidos dejen millones sin cotizar.
Tres medidas que ahorrarían 15.500 millones de euros a la Seguridad Social y podrían acabar con su déficit de la Seguridad Social. Medidas que el sindicato ha pedido que se debatieran, cuanto antes, en el seno del Pacto de Toledo.
Las pensiones se revaloricen conforme al coste de la vida.
UGT considera que es necesario que el sistema de pensiones, sin excluir a ninguna pensión, se financie no solo con cotizaciones sino con impuestos. Se trata de crear una cesta de impuestos, de carácter finalista, que permitiera además alimentar el Fondo de Reserva. Defiende que las pensiones se vuelvan a revalorizar conforme al coste de la vida.
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social esquilmado
El Ejecutivo solicitó un crédito de 10.200 millones de euros, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 para pagar las pensiones en verano, sin agotar el Fondo de Reserva, porque no quiere decir públicamente que ha acabado con este Fondo. Para UGT, “esta medida ha vulnerado la Ley General de la Seguridad Social, que dispone que la diferencia entre ingresos y gastos del sistema se debe hacer mediante transferencias del Estado y no a través de créditos, que lo que hacen es endeudar más a la Seguridad Social”. Una medida errónea que, de nuevo, ha aprobado sin contar con nadie, vulnerando el diálogo social.
Por qué hay que derogar la reforma de 2013
Es vital revalorizar las pensiones y suprimir los dos mecanismos que estableció la reforma de 2013, tanto el Índice de Revalorización Anual de las Pensiones, como el Factor de Sostenibilidad, para evitar el empobrecimiento presente y futuro de las pensionistas.
El propio Gobierno estima que partir de 2019 se producirá una reducción de la cuantía de las nuevas pensiones de jubilación del 4% cada 10 años y de manera acumulativa (es decir, una pensión de jubilación de 1000 euros mensuales no pasará de 960 euros en solo 10 años y así sucesivamente); y que en una década se retrasará en casi 9 meses la edad de jubilación efectiva en España, siendo ya una de las más altas de la UE (con 64,1 años).
«El Gobierno ya ha admitido ante Bruselas que la aplicación del factor de sostenibilidad va a suponer una reducción de la cuantía de las nuevas pensiones de un 4% cada diez años» afirma hace un mes Mari Carmen Barrera secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social.
Un fin claramente ideológico
«El Gobierno lo ensalza como un instrumento de congelación del gasto, cuando en realidad es un instrumento de recorte y empobrecimiento de las pensiones, que solo van a aumentar cada año un 0,25% independientemente del incremento de la economía». Acentúa Mari Carmen Barrera, en la rueda de prensa de hace en UGT Córdoba.
A esto hay que sumar, la pérdida de poder adquisitivo que sufrirán los pensionistas a tenor del Índice de Revalorización Anual de las Pensiones ideado por el Gobierno, para evitar que las pensiones se revaloricen conforme al IPC (el incremento de pensiones del 0,25% anual o como mucho del 0,5% quedará muy por debajo del coste de la vida), lo que producirá un grave y creciente empobrecimiento de los pensionistas a lo largo de su vida (conviene recordar que la pensión media se sitúa en 918 euros mensuales).
Al Gobierno no parece interesarle el daño que se produce en la equidad intergeneracional al percibir los jubilados pensiones mucho más bajas que los que les preceden.
“Una pensión de jubilación de 1000 euros mensuales no pasará de 960 euros en solo 10 años y así sucesivamente” denuncia Mari Carmen Barrera.
Todo esto hace que el gasto en pensiones apenas varíe en las próximas décadas, a pesar de que se prevé que el número de pensionistas aumente en más de 6 millones. En 2013, el gasto en pensiones fue del 11,8% del PIB; en 2050 será ligeramente superior (12,3%) y a partir de entonces y hasta 2060, volverá a descender al 11% del PIB, según las propias estimaciones del Gobierno.
De mantenerse esta reforma nuestro actual sistema público de pensiones se convertirá en un modelo de pensiones de indigencia, sin ningún encaje constitucional.
Movilizaciones de los pensionistas del 30 al 9 de octubre
Los jubilados y pensionistas de UGT y CCOO han convocado una movilización en forma de marchas, que se desarrollarán del 30 de septiembre al 9 de octubre, desde distintos puntos de España y que confluirán en Madrid. El objetivo es para denunciar la nefasta gestión en materia de pensiones del Ejecutivo, la situación de bloqueo y parálisis del Pacto de Toledo y del diálogo social y para demandar unas pensiones dignas presentes y futuras (que se vuelvan a revalorizar conforme al coste de la vida para que no pierdan poder adquisitivo).
Mari Carmen Barrera advierte que las marchas que van a realizar los jubilados de UGT y CCOO a finales de septiembre, en la defensa del aumento de poder adquisitivo de las pensiones, es solo el comienzo y ha reiterado “la necesidad de derogar la reforma de pensiones de 2013 del Gobierno del PP, e impulsar otro modelo que revalorice las pensiones presentes y futuras y asegure la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones«.
Las movilizaciones “En marcha por pensiones dignas”, tendrán un fuerte contenido social y serán respaldadas por distintas organizaciones sociales, pues la situación de las pensiones nos afecta a todos.
