En diciembre del 2017, UGT denunció, ante la Dirección General de Trabajo, a las principales plataformas digitales de reparto: Deliveroo, Glovo, Stuart y Ubereats, al considerar que sus modelos de negocio se basan en una interpretación muy abusiva de la condición de trabajador autónomo, incompatible con la legalidad.
El sindicato, que ha contribuido a impulsar la labor de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social (ITSS) personándose en los procesos judiciales iniciados tras las actas de liquidación, pone en valor la labor de la Inspección de Trabajo, que ha sancionado a las distintas plataformas digitales, en todas las provincias donde ha instruido expedientes, por fraude a la Seguridad Social con los falsos autónomos.
UGT estima que las plataformas digitales del reparto supone una pérdida de 4.000 euros de salario, al año, por cada trabajador
La ITSS cuenta ya con una dilatada experiencia, de más de cinco años, valorando las condiciones de trabajo y siendo auténticos notarios de la situación real que prima entre los trabajadores de estas empresas tecnológicas. De hecho, las actas han sido un elemento clave para determinar la decisión favorable de los jueces.
En lo que llevamos de año, solamente para Glovo, los juzgados de Gijón y de Madrid han dictado cinco fallos con resultado favorable a los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras de plataformas. Las sentencias consideran que la relación de trabajo es por cuenta ajena y que se ha de penalizar la precariedad indebida e impuesta de la que las plataformas se están valiendo para obtener importantes beneficios.
Estas sentenciad dan la razón a la interpretación de UGT, sobre el modo en que este modelo de negocio contrata y se relaciona con sus trabajadores es correcta.
A consecuencia de la aplicación de la normativa laboral, gracias al esfuerzo del sindicato UGT, los trabajadores y trabajadoras de las plataformas digitales recuperan sus derechos y pasan a contar con la protección que ofrece el convenio colectivo, la misma que se ha pactado para las personas que comparten un sector. Pero, además, las sentencias determinan que la jornada laboral que realizan estos trabajadores es completa y no parcial, como defendían las empresas.
Hacer negocio a costa del trabajador y la Seguridad Social
Estas empresas están haciendo un esfuerzo por resaltar su importancia en el tejido económico, pero que no deben obviar, como señala la justicia, que su crecimiento no puede ser a costa de calificar a sus trabajadores y trabajadoras como meros “colaboradores”. Es decir, “este modelo de negocio no puede, ni debe, asentarse en la ilegalidad”, denuncia el sindicato.
La Seguridad Social dejaría de ingresar unos 93 millones al año. Unas cifras que se estima se multipliquen por tres en 2020
UGT ha elaborado una estimación para calcular el impacto en nuestra economía de estas ”prácticas” por parte de las plataformas en el sector del reparto. Para ello, tiene en cuenta las remuneraciones y cotizaciones que les corresponden a estos trabajadores según su convenio colectivo.
Según este estudio realizado por el sindicato, cada trabajador estaría perdiendo, de media, más de 4.000 euros de salario al año, y la Seguridad Social estaría perdiendo 6.000 euros en cotizaciones, por cada trabajador. La Asociación Española de Economía Digital- Adigitel, calcula en función del número personas que desarrollan su actividad en las empresas de reparto (unas 17.000) que, en total, la Seguridad Social podría estar perdiendo unos 93 millones de euros al año.
Un “ahorro” para las plataformas digitales sustancioso que explica el por qué tratan de eludir su responsabilidad social.
UGT también denuncia la vulneración de otros derechos básicos de los trabajadores: el derecho a vacaciones, a desempleo, a tener horarios y turnos previsibles, a la seguridad y salud laboral y otras cláusulas que incluye una relación laboral reconocida judicialmente.
Más y mejor regulación
UGT confía “que la clase política evalué, adecuadamente, los intereses en juego, y sea escéptica ante algunos de los argumentos que defienden los grupos de interés de estas plataformas, y que tratan de introducir en el debate público, especialmente el de la necesidad de una figura laboral específica”, señala en un comunicado.
El sindicato considera que no se puede, ni se debe ignorar el coste económico y social que acarrea este modelo de negocio y qué consecuencias tendría su extensión generalizada sin una regulación adecuada.
Por eso insta al Gobierno, que salga de las urnas el próximo 28 de abril, a que se comprometa en la defensa del Estado del Bienestar, mediante una justa distribución de la riqueza y la mejora de la actuación pública a todos los niveles.
