La provincia de Burgos, atendiendo a los propios datos de la Junta de Castilla y León, se encuentra en nivel 4 de alerta con un alto índice acumulado de COVID-19. Aun así, la Diputación ha convocado unas pruebas selectivas a las que acudirán más de 6000 personas en lo que UGT CyL califica como “acto de irresponsabilidad”.
La convocatoria, según se lee en la publicación de las listas del BOP de Burgos con fecha 12 de febrero, considera que dichas pruebas no son ni urgentes ni imprescindibles ya que todas las plazas actualmente están ocupadas por personal interino. Por eso, UGT ha solicitado en numerosas ocasiones que dichas pruebas se paralicen mientras la situación sanitaria no permita su celebración con absoluta seguridad. Asimismo, el personal interino y otros aspirantes presentaron más de 625 firmas para solicitar a la Diputación que paralizará dichos procesos.
Aun así, la Diputación, desoyendo tanto al personal como a los sindicatos, ha optado por seguir adelante en este momento con unas pruebas que, en palabras de la organización sindical, “ponen en riesgo la salud de todos los aspirantes y de su propio personal”. Y es que estas pruebas son de la agrupación profesional, y en su inmensa mayoría, corresponden al personal de limpieza de los 5 centros residenciales de Titularidad Provincial.
La Diputación ha convocado 91 plazas con un total de 6.029 aspirantes en Aranda de Duero, lo que conllevará el traslado de hasta 10000 personas, de acuerdo con los cálculos de UGT, al lugar donde se realizarán dichas pruebas, algo que la organización sindical considera “un despropósito en una situación donde no se pueden juntar más de 6 personas en una terraza”.
Desde la Federación de Servicios Públicos de UGT critican que “la obcecación del responsable de personal, del partido de Ciudadanos y la dejación del propio presidente de la Diputación, están poniendo en riesgo la salud pública”.
Para hacer público su desacuerdo, el sindicato realiza cada viernes concentraciones en la propia Diputación “ya que la política de personal de dicha administración está de espaldas a las reclamaciones del propio personal y de los sindicatos más representativos. La federación autonómica se une y apoya dicha reclamación y, para ello, hemos solicitado de forma urgente una reunión a la Consejería de Sanidad, a través de su Dirección General de Salud Pública, para que pare este sin sentido”.
Según Tomás Pérez Urueña, Secretario de la FeSP de UGT en Castilla y León, “en estos momentos, no son lógicas, adecuadas ni urgentes unas pruebas que ponen en riesgo la salud pública, cuando dichos puestos no se encuentran vacantes, y por ello, solicitamos que se paralicen, hasta que la situación sanitaria se encuentre en una incidencia acumulada de 25 casos, para pasar a la nueva normalidad”.
