La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso se niega a aceptar la realidad que viven los centros educativos al decidir no prorrogar los refuerzos COVID, ha denunciado Teresa Jusdado, secretaria de Enseñanza de la FeSP UGT Madrid.
La Consejería de Educación y Juventud ha contestado a las cartas remitidas por las organizaciones sindicales componentes de la Mesa Sectorial de la Comunidad negando “la continuidad de los refuerzos COVID y las medidas cautelares que se solicitaban, ya que fueron contratados como medida para paliar, en el alumnado, el posible desfase curricular derivado de la situación que tuvo lugar en el último trimestre del curso 2019/20 y durante el primer trimestre del curso 2020/21”.
Estas afirmaciones ignoran la situación que se ha vivido durante este primer trimestre, “en que las bajas por enfermedad, los confinamientos y el espectacular retraso en la contratación de docentes ha provocado una situación inaceptable de incumplimiento de la labor educativa, solo paliada por dichos refuerzos COVID”, que han tenido que solventar “la irresponsabilidad de la Consejería en este sentido”. Han paliado no el desfase curricular del último trimestre “sino la carencia de profesorado en este primero del curso 2020/21, en que dicha situación se ha visto incrementada por la dejación de la Administración”, denuncia Teresa Jusdado.
El Consejero y la propia Ayuso “han cerrado los ojos a la realidad. Esta parece ser su táctica. Si no lo veo, no existe. Ya lo hizo a finales del curso pasado y hubo que convocar una huelga para que la presidenta decidiese tomar medidas, a cinco días del inicio del curso”, ha señalado la responsable de Enseñanza de la FeSP UGT Madrid.
Esas medidas, está claro tras su intención de no mantener los refuerzos COVID, “eran mera publicidad”.
UGT Madrid, tras esta comunicación de la Consejería, “se muestra preocupada por la continuidad del profesorado contratado para desdobles”, pues en la misma comunicación indica que el nombramiento de dicho personal docente viene condicionado por “la duración de las circunstancias de la pandemia” y se pregunta qué entenderá el Gobierno Regional por dicha duración.
Para Teresa Jusdado, “a solución planteada por el Consejero es que pague el Estado”, es inaceptable.
En todos los Consejos de Gobierno se destinan partidas a temas que son menos prioritarias que la permanencia de los refuerzos Covid.
Teresa Jusdado denuncia que incluso, podrían suprimirse: 867.348€ para realización de actividades educativa a diferentes confesiones religiosas (2 de diciembre); más de 22 millones de euros para la contratación de aulas prefabricadas (9 de diciembre), aulas que se supone están funcionando o deberían, desde inicio de curso, o contratación por más de 3,5 millones de euros de un estudio para 1º de Secundaria y 1º de Bachillerato bilingüe para comprobar si mantienen el grado de comunicación y comprensión oral en lengua inglesa o han sufrido desfases con la pandemia (BOCM 11 de diciembre). Lo cual demuestra que hay dinero para lo que se quiere, otra cosa es qué se quiere.
