UGT celebra la convalidación de la Ley Rider por parte del Congreso de los Diputados, una norma pionera, que se ha logrado en el marco del diálogo social.
Para Rubén Ranz, coordinador de la plataforma Turespuestasindical es una muy buena noticia, pero recuerda que “es necesaria una regulación más completa para todo el sector de las plataformas” y sobre todo “derogar las reformas laborales”.
La Ley Rider
La Ley Rider recoge dos reivindicaciones históricas de UGT: “que las personas trabajadoras sean consideradas asalariadas (no autónomas) y que los sindicatos puedan acceder a los algoritmos de estas empresas”.
Sin embargo, “es preciso seguir avanzando y lograr una regulación global de las plataformas digitales, capaz de afrontar los graves problemas que suceden en otros sectores de la economía digital”, ha destacado Rubén Ranz.
El coordinador de la plataforma Turespuestasindical recuerda que el sindicato permanecerá vigilante para que se respeten los derechos de estos trabajadores/as. “Estaremos vigilantes para poner coto a las posibles prácticas abusivas y de precariedad que pueden sufrir. Una precariedad amparada por unas reformas laborales que hay que derogar ya”.
Convalidación
El sindicato considera que la convalidación de la Ley Rider, por parte del Congreso de los Diputados, ratifica la necesidad de regular la economía digital y acompasar la ley a lo declarado por nuestro Tribunal Supremo.
Falsos autónomos
Con la Ley Rider se impiden los abusos en las plataformas de reparto, que intentaron hacer pasar como falsos autónomos a trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena. Rubén Ranz considera que es preciso “una regulación más completa que afecte a todo el sector de las plataformas, no solo al de reparto”.
Se trata de garantizar el respeto a los derechos laborales y poner reglas a unas compañías que deben contribuir a mejorar la economía y el bienestar social respetando la legislación básica española y europea.
Acceder a los algoritmos
Esta ley además de reconocer que los trabajadores y trabajadoras de las plataformas digitales son asalariados, no autónomos, supone un avance porque permitirá a los representantes de los trabajadores acceder a los algoritmos de estas empresas, para tratar de erradicar cualquier tipo de discriminación.
Sin embargo, el coordinador de la plataforma Turespuestasindical considera que esta norma debe ampliarse ajustándose a la realidad y a las necesidades de las personas trabajadoras del sector de las plataformas digitales. “Es necesaria, y por ello nos felicitamos, pero aún no es suficiente”.
La derogación de la reforma laboral
Rubén Ranz considera fundamental derogar, “cuanto antes, las dos últimas reformas laborales que han facilitado el despido”. Esa norma ha fomentado la precariedad laboral, han agravado la salud y seguridad de los trabajadores. Estas empresas han desequilibrado las relaciones laborales en detrimento de las personas trabajadoras.
La reforma laboral del PP ha favorecido la desregulación de las condiciones de trabajo de los repartidores y repartidoras por parte de las plataformas digitales. También ha provocado el consiguiente daño a la Hacienda Pública y al Sistema de Seguridad Social de nuestro país.
Las plataformas tratan de defender su modelo a toda costa
“Pese a que la justicia nos ha dado la razón, algunas plataformas tratan de salvar su modelo de negocio, creando pseudo asociaciones de trabajadores a su medida. Con ellas intentan engañar a las personas trabajadoras más vulnerables con falsas promesas. Entre ellas, más horas para trabajar, vacaciones garantizadas y no penalizadas”, ha recordado el coordinador de la plataforma Turespuestasindical. Solo lo han hecho cuando han visto que no había marcha atrás en esta regulación.
UGT seguirá liderando la protección de las trabajadoras y trabajadores de estos sectores protegiéndolos frente a abusos en la prestación de sus servicios.
Por último, el sindicato considera que “es precisa la unión de todos los países para terminar con la impunidad de unas empresas. Estas no tienen límite y no conocen fronteras. Solo miran por sus beneficios a costa de amenazar las condiciones y los derechos de las personas trabajadoras”. Por eso ha pedido al Gobierno español “a hacer presión para lograr una norma a nivel europeo que regule a las plataformas digitales”.
