Aunque la historia no tratará a los diputados elegidos desde 1977 con la misma falta de interés que nos merecen los procuradores de las Cortes franquistas, su legitimidad quedará para siempre matizada por, al menos, dos motivos. Y puede que también por un tercero.

El primero es la financiación ilegal que tanto ha beneficiado a las dos alas del bipartidismo, la derecha en mayor medida, especialmente para acudir a las rondas electorales de manera ventajista. La corrupción política proyecta una sombra muy larga y oscura sobre todo lo público durante los ya más de 40 años de una monarquía que Franco dejó muy atada al futuro de España.

Por otra parte, cuando por fin se considere que cada voto debe traducirse por exactamente la misma cuota de poder parlamentario, los libros destacarán que nuestra Ley Electoral no fue justa, pues unos partidos se vieron beneficiados, precisamente los más corruptos, por el simple hecho, nada meritorio, de que sus votantes residieran en determinadas circunscripciones electorales.

Por poner un solo ejemplo, y no será el de IU de siempre, de sus nefastas consecuencias, con una ley proporcional puede que una derecha limpia de franquismo hubiera visto posibilidades más allá de las dos nacionalidades históricas. Como la llamada “Operación Roca”, que en 1986 invirtió millones para implicarse desde Catalunya en la política de España. Muchos herederos de aquel fracaso son los independentistas de hoy, acelerados en 2010 por la sentencia de un Tribunal Constitucional “sin complejos”.

Han sido los dos motivos principales de una legitimidad cuestionable: la corrupción política masiva, blindada ante una Justicia que hizo la vista gorda, y una legalidad electoral que sigue desvirtuando la representatividad. En ambos casos, durante décadas.

Y un tercero, que es el que toca hoy y del que no conocemos su alcance: la posible manipulación de los censos electorales.

Se trata de una sospecha basada en hechos reales. Entre otros, ocurrió con el PP de Baleares, que fue pillado en las Autonómicas de 1999 con la Operación MAPAU, aunque solo pagaron condena unos funcionarios. Y pudo ocurrir, aunque debería investigarse, porque en octubre de 2016, casi un año después, el Ministerio del Interior se vio obligado a “corregir” la información oficial de los censos del 20D de 2015, que en Castilla León aparentaban sospechas de manipulación, con distribución irregular del CERA en las distintas provincias durante el recuento. El contexto para el pucherazo era propicio: control total del PP en el gobierno de esa Comunidad desde hacía 30 años, pero pánico en Génova 13 por una demoscopia que concedía opciones al Podemos rupturista.

En ocasiones, la desconfianza nos obliga a investigar. Según el Ministerio del Interior, los datos de población, censo electoral y proporción entre ambas cifras para cada una de las catorce elecciones generales celebradas en España desde 1977 han sido los siguientes:

Fuente: De 1977 a 2011, web del Ministerio del Interior en verano de 2016. De 2015 a 2019, web del mismo ministerio en mayo de 2019.

Entre un determinado porcentaje del censo sobre la población y el anterior, cuarta columna, la mayor diferencia se produjo en 1979, pero está justificada, pues corresponde a la inclusión de los jóvenes de 18 a 21 años de edad.

En cambio, el crecimiento de 2.864.413 personas en la población de 2004 respecto de 2000 rompe toda lógica en relación con el de 602.191 del censo electoral entre ambas fechas. Tal cosa, de ser real, habría ocurrido durante la legislatura de la mayoría absoluta de Aznar, y solo es posible pensar en una explosión de relaciones sexuales con intención de procrear similar a las que se producían las noches de grandes apagones televisivos en las urbes millonarias, pero sostenida durante cuatro años, y quizás por la alegría cargada de erotismo que inspiraba el presidente del gobierno entre las parejas jóvenes. O en un plan descocado, repentino y oculto de concesión de la nacionalidad española a cientos de miles de inmigrantes.

Perdone usted la guasa anterior, pero si además comprueba que, para nuestro Gobierno, la población habría disminuido en los cuatro años anteriores y, en cambio, el censo engordado, solo nos queda pensar en que hay muchos como aquel Rodrigo Rato, que cerraba la contabilidad a martillazos cuando firmaba beneficios millonarios en Bankia, y la auditoría posterior certificaba pérdidas también de millones, pero en miles. Solo podemos refugiarnos en el humor para encajar tanto dislate.

Para terminar, nos fijamos en los números de largo recorrido:
En los 23 años que van de 1977 a 2000 la población total creció un 11,05%. En cambio, el censo electoral creció casi cuatro veces más, el 44,04%.
Por el contrario, en los 19 años que van de 2000 a 2019, tanto la población como el censo crecen de forma casi paralela, un 11,72% y un 10,86% respectivamente. Lo lógico en una demografía madura, como la española.

Hasta los números más simples hacen agua en este momento de nuestra historia, y es que ni para contar personas nos hemos librado de las deficiencias atesoradas durante la dictadura que nació al grito de “Muera la inteligencia”. Para quien lo siga discutiendo solo tiene que recordar el título elegido por “ABC” cuando se hizo eco del libro “Don Juan contra Franco”, escrito por Juan Fernández-Miranda y Jesús García Calero. No puedo resistir la tentación de destacarlo:

“La operación para restaurar la Monarquía en 1948 fue un claro precedente de la Transición”.

No, no es una noticia de los años 70 ni 80 del siglo pasado, sino del 13 de noviembre de 2018. Hace seis meses.

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