La Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Mercedes Armas, ha asumido la investigación del referéndum 1-O, y ha dado la orden a los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional para que impidan la utilización de locales o edificios públicos para la preparación de la consulta independentista, y que obligue a cerrar los que se hubieran podido abrir para la votación. Igualmente, al asumir las competencias sobre el 1-O, el TSJC ha ordenado a la Fiscalía que cese en sus “diligencias, actuaciones e instrucciones” para impedir la votación.
En un auto, la Magistrada que instruye la causa abierta contra el Govern por el referéndum 1-O, ha ordenado precintar los colegios electorales y requisar el material vinculado al referéndum, siguiendo la misma línea que ya había ordenado la Fiscalía.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, había solicitado al TSJC que apartase a la Fiscalía de la investigación sobre el referéndum del 1-O, al considerar que “había asumido de forma ilegítima al existir ya una causa abierta en el alto tribunal catalán”, pero el auto del TSJC no hace ninguna referencia a la petición del Govern.
La magistrada ha tomado estas medidas por el incumplimiento de los miembros del Govern respecto a los mandatos del Tribunal Constitucional, y por la “burla” que supone la creación de nuevas páginas webs del Govern donde se disponen centros de voto y se afirma que la consulta va a celebrarse.
Para que se garantice el buen funcionamiento de esta actuación conjunta, la magistrada establece que las fuerzas de seguridad responderán al Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, dirigido por Diego Pérez de los Cobos. ”La situación que se presenta en la jornada del día 1 de octubre en todo el territorio de Catalunya aconseja aunar las fuerzas de los diferentes cuerpos policiales, que deberán actuar conjuntamente para el cumplimiento de lo ordenado”, afirma la jueza del TSJC.
