Donald Trump ha promulgado una serie de reglas que blindan las negativas de algunos profesionales sanitarios a practicar tratamientos médicos que son contrarios a sus creencias religiosas. Estas medidas son un guiño en favor de las organizaciones ultracristianas o a los movimientos antiabortistas.

Estas nuevas reglas tienen la intención de «proteger» a los médicos, farmacéuticos, enfermeras, profesores o estudiantes que anteponen sus creencias religiosas a la protección de la salud. Trump afirmó en el Rose Garden de la Casa Blanca que su administración estaba construyendo «una cultura que valora la dignidad y el valor de la vida humana».

Sin embargo, los defensores de los pacientes y las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer han apuntado que, en realidad, no se trata de leyes que busquen una mayor protección al derecho de la objeción de conciencia, sino que lo que en realidad están buscando es un guiño a las organizaciones ultra cristianas o al lobby antiabortista.

Estas nuevas leyes podrían dificultar un aborto de emergencia , el acceso a los anticonceptivos o la atención médica a pacientes homosexuales y transgénero. Gretchen Borchelt, portavoz del Centro Nacional de los Derechos de la Mujer, advirtió que «una mujer que quiera comprar un anticonceptivo en una farmacia, puede ser rechazada por cuestiones de fe. Lo mismo puede ocurrir con las jóvenes que tienen un embarazo no deseado: se le puede negar la información sobre todas las opciones a las que tiene derecho».

Lo mismo puede suceder con el colectivo LGTBi. «A un homosexual o a una lesbiana se le puede negar atención médica si los profesionales ponen como excusa sus creencias religiosas», afirma a Diario16 George Rodríguez, activista homosexual de Florida. Por su parte, Gillian Branstetter, portavoz del Centro Nacional para la Igualdad Transgéneros, afirmó que estas leyes van a hacer la vida de las personas transgénero mucho más difícil ya que, por ejemplo, se les puede negar la esterilización que buscan quienes realizan un cambio de sexo.

Por otro lado, las personas con VIH o los drogodependientes se podrían encontrar con que los profesionales de la sanidad rechacen dar el tratamiento de prevención VIH Prep o la naloxona, un medicamente que sirve para revertir una sobredosis. «Esta regla representa una amenaza directa para la salud de millones de estadounidenses, especialmente los de las comunidades marginadas, incluidas las personas LGBTQ, las personas que viven con el VIH, las mujeres y los jóvenes», afirmó en un comunicado la asociación SIDA United.

El Fiscal General de California, Xavier Becerra, un hombre que ya se ha enfrentado a la Administración Trump por otros recortes en los derechos a la salud, ha anunciado que su Estado podrían plantear demandas por estas nuevas reglas.

Por su parte, las organizaciones ultra cristianas también han criticado las normas de Trump porque, según ellos, se quedan cortas.

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