La fiscal general de Nueva York, Letitia James, acusó esta semana a la empresa de Donald Trump de engañar a los bancos con los que trabajaba sobre la salud financiera de su emblemático rascacielos del centro de Manhattan en el proceso de renovación la hipoteca del edificio.
A pesar de que la empresa de Trump calificó el rascacielos situado en el número 40 de Wall Street como «una de las grandes historias de éxito posteriores a 2008», la entidad Capital One encontró que las estimaciones de la compañía sobre el valor del edificio eran tan increíbles que el banco se negó a refinanciar el préstamo en 2015.
«Capital One albergaba un gran escepticismo con respecto a las valoraciones de la Organización Trump», afirma la acusación, presentada en respuesta a los esfuerzos de Trump para impedir que la fiscal lo interrogara a él y a sus hijos como parte de una investigación de su oficina.
Las nuevas acusaciones ofrecen detalles sorprendentes sobre un posible fraude financiero que involucra al rascacielos.
Las cifras de ingresos, gastos y ocupación citadas para la refinanciación a veces no coincidían con las que la empresa había presentado ante las autoridades fiscales de Nueva York. Una valoración más baja para la ciudad produciría una factura de impuestos más baja, mientras que una valoración más alta para los prestamistas facilitaría la obtención de una nueva hipoteca.
En su acusación, James afirma que los empleados de Trump, incluidos sus hijos, participaron en un patrón en el que engañaron a los prestamistas, las aseguradoras y las autoridades fiscales al exagerar enormemente los valores de las propiedades de Trump, que incluían, además de los rascacielos, campos de golf en Escocia, Los Ángeles y Westchester y sus edificios en Five Avenue y Park Avenue.
La respuesta de la empresa de Trump a esta acusación no pudo ser otra que arremeter contra la fiscal a través de un comunicado enviado por correo electrónico en el que afirmaba que «la única que engaña al público es Letitia James. Ella defraudó a los neoyorquinos al basar toda su candidatura en la promesa de atrapar a Trump a toda costa sin haber visto una pizca de evidencia y en violación de todas las reglas éticas concebibles».
El abogado de los hijos de Trump, Donald e Ivanka, también criticó a James, acusándola de hacer «reiteradas amenazas para atacar a la familia Trump» e ignorar las protecciones legales para «las mismas personas que ella está investigando».
La acusación afirma que las valoraciones de propiedades formaron el corazón de las declaraciones de situación financiera que la empresa de Trump usó para demostrar su patrimonio neto. Las declaraciones, que James defiende que contenían inexactitudes, fueron compiladas por una agencia de contabilidad externa a partir de una hoja de cálculo de datos y material de respaldo proporcionado por la propia empresa.
Las garantías personales de Donald Trump a algunos bancos y aseguradoras requerían que certificara que sus estados financieros eran correctos. Los documentos dicen que la oficina de Letitia James tiene evidencia de que Trump estuvo «personalmente involucrado en la revisión y aprobación» de las declaraciones.
Si se descubre que la empresa o sus empleados han proporcionado deliberadamente valoraciones engañosas, podrían enfrentarse a sanciones civiles o penales.
La acusación de James dice que ya en 2009, Capital One, que tenía la hipoteca de la propiedad del rascacielos de Wall Street, «planteó preocupaciones sustanciales sobre el flujo de efectivo», lo que provocó reuniones en persona con Trump, el director financiero, Allen Weisselberg y otros. Donald Trump Jr. también estuvo involucrado en las discusiones, según la acusación.
Las negociaciones llevaron a una modificación del préstamo en 2010, pero el personal del banco albergaba dudas sobre las presentaciones de la empresa de Trump sobre la situación financiera del edificio. Durante esas negociaciones, la sociedad del expresidente de Estados Unidos proporcionó al banco cifras de beneficios para 2010 de 12,3 millones de dólares, que el personal del banco describió como «muy optimistas».
Más sorprendentes fueron las diferencias entre las valoraciones que aparecían en los estados financieros de Trump y las preparadas por los tasadores de Capital One. La empresa fijó el valor del edificio en 601,8 millones de dólares en 2010, mientras que las tasaciones de Capital One, realizadas por Cushman & Wakefield, lo fijaron en 200 millones de dólares.
Weisselberg compartió una de las valoraciones más altas de la empresa para el edificio con el banco a principios de 2015, alardeando de una «inversión de capital considerable» y «un flujo de caja mucho mejor». Quería que Capital One reestructurara su préstamo y renunciara a un pago de capital de 5 millones que vencía en noviembre.
Sin embargo, Capital One se negó a refinanciar la hipoteca, haciendo referencia a su propia estimación interna de que el edificio solo valía 257 millones unos meses antes.
Ese año, la hipoteca de 160 millones del rascacielos fue una espina en el costado de Trump, representando su deuda individual más grande en ese momento cuando lanzó su campaña para la Presidencia.
Después del rechazo de Capital One, la Organización Trump recurrió a Ladder Capital Finance, donde el hijo de Weisselberg era directivo. La entidad encargó su propia tasación a Cushman & Wakefield que había estimado que el edificio valía 220 millones en 2012. Sin embargo, en esta ocasión el equipo de tasación duplicó el valor a 540 millones. Ladder aprobó la refinanciación.
La acusación de la fiscal afirma que la evidencia que obtuvo su oficina sugiere que la valoración de Cushman de 2015 «parece haber utilizado hechos demostrablemente incorrectos y suposiciones agresivas» para llegar a la estimación más alta que «no refleja una evaluación de valor de buena fe».
