El informe de destitución del Congreso de los Estados Unidos, que acompañará a la solicitud de juicio político, afirma que Donald Trump cometió soborno criminal y fraude electrónico, entre otros presuntos delitos federales. Los representantes demócratas los incluyeron bajo la terminología de «abusos de poder» y argumentan que, aunque las acciones de Trump no necesitan elevarse al nivel de violación criminal, «su conducta sí lo fue». Por ello, el juicio político está justificado.
Según dicho informe, Trump ordenó la creación de un plan en el que solicitaba una interferencia extranjera en las elecciones de 2020. Esta es la base sobre la que se sustenta la acusación y que es el núcleo de los dos artículos para la celebración de un juicio político: el abuso de poder y la obstrucción al Congreso. Además, los demócratas hicieron mucho hincapié en el hecho de que la prueba de una presunta violación criminal no era necesaria para justificar el impeachment.
El documento presenta un análisis de las razones por las que debe iniciarse de inmediato el juicio político a Trump y el porqué el Senado debe destituir al presidente de su cargo. En concreto, según el informe, las acciones de Trump formaban parte de un patrón que se inició con la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y que los demócratas afirman que continúa a día de hoy.
El viaje del abogado personal de Trump, Rudolph Giuliani, a Ucrania la semana pasada y el obstruccionismo del presidente, es aportado por los demócratas como prueba de que esa estrategia aún continúa en pie. «Trump ha dejado en claro que cree que es libre de usar sus poderes presidenciales de la misma manera, con los mismos fines, cuando y donde quiera», se puede leer en el informe.
La llamada al presidente de Ucrania fue el momento culminante de dicha estrategia y por sí sola es causa para la destitución presidencial. Además, se incluyen pruebas de la presión de Trump a Zelensky como el aplazamiento de una reunión en el Despacho Oval o la congelación de fondos por más de 390 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania a pesar de las objeciones del Pentágono, del Departamento de Estado o del Consejo de Seguridad Nacional. Este comportamiento, según el informe, podría ser constitutivo de un presunto delito federal de soborno y corrupción.
