Lo adelantábamos aquí. Los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial ya lo han dejado claro: “valoraremos como muy conveniente un comunicado conjunto (con los vocales progresistas) reclamando el restablecimiento de las competencias constitucionales del CGPJ, mientras no se produzca su renovación”.
Así lo expresaron en un comunicado este jueves pasado, tras mantener contactos con los negociadores del Consejo designados por el sector progresista para elaborar una lista de dos candidatos al Tribunal Constitucional. En otras palabras: que los vocales elegidos a propuesta del PP ven “imprescindible” la supresión de la reforma legal de marzo de 2021 por la que el Consejo en funciones no puede nombrar jueces del Tribunal Supremo, de los tribunales superiores de justicia y de la Audiencia Nacional para llegar al tan ansiado acuerdo. El chantaje se ha consumado.
Porque en el sector progresista se temen que este aviso de los conservadores puede acabar por convertirse en otra exigencia. Una nueva excusa para aplazar, una vez más, la renovación del Tribunal Constitucional. El CGPJ debe proponer dos candidatos para la Alta Magistratura, y el gobierno los otros dos que completarían su composición, actualmente en precario desde hace casi dos meses.
En realidad, con esta nueva maniobra, lo que el PP pretende es paralizar, también, el Constitucional en un momento en el que se deben tramitar recursos tan importantes como la ley del aborto o los indultos de los condenados por el procès.
Tradicionalmente, el Consejo General del Poder Judicial presenta un candidato propuesto por los conservadores, y otro candidato de los progresistas. El Gobierno, se supone que designará dos candidatos progresistas. Con ello la composición del TC cambiará. Será más acorde con la realidad parlamentaria. Y eso, el PP no lo va a consentir.
Si los vocales progresistas ceden a las pretensiones de los conservadores y el gobierno deroga la reforma de 2021, el CGPJ podría designar a los 20 magistrados vacantes del Tribunal Supremo, que supone el 25 por ciento de su composición.
Teniendo en cuenta que son 18 los vocales del CGPJ tras la dimisión de Carlos Lesmes, la jubilación del vocal conservador, Rafael Valverde, y el fallecimiento de la progresista Victoria Cinto, los conservadores sólo necesitarían el voto de un miembro de los progresistas para sacar adelante los nombramientos del Supremo.
El PP volvería a estar, de nuevo, en condiciones de controlar la judicatura. Se requiere la mayoría de tres quintos y sus representantes son diez. Sólo les falta uno. De ahí la maniobra que quieren llevar a cabo. Para los populares, el hecho de tener que ceder en el Constitucional no es un problema. El TC no es prioritario ya que calculan que habrá una nueva renovación cuando ellos vuelvan a tener mayoría parlamentaria y, por lo tanto, el gobierno. Es mucho más importante el desbloqueo de los nombramientos en las altas instituciones judiciales porque ello les permitiría controlarlas en un momento clave, cuando se supone que el Supremo va a tener que pronunciarse sobre recursos tan importantes para ellos como son los que se deriven de las sentencias de Gürtel y Púnica.
Está claro el chantaje ¿no?.
