Trabajadoras de un piso tutelado de Tres Cantos (Madrid) han presentado una denuncia ante la inspección de trabajo, y lo han remitido también a Fiscalía, contra la empresa «Fundación Grupo Educativo-GE Escuela de Ocio». Desde la empresa, por su parte, niegan haber tenido noticia de la denuncia y se muestran sorprendidos al hablar con este diario.
El motivo que señalan los trabajadores es que, con motivo de derivar a los menores a otros centros, la empresa habría elaborado informes falsos que después habría remitido a la Comunidad de Madrid, que no se atiende correctamente a los menores, que hay discriminación hacia los extranjeros, que los servicios de cocina y limpieza los está llevando a cabo personal que no tiene por ejemplo licencia para manipular alimentos, entre otras cuestiones que se detallan a continuación.
Juicios graves contra los menores
Los trabajadores explican a diario16 que semanalmente se habrían realizado registros de incidencias individuales de cada uno de los menores «donde se aprecian referencias hacia actos que nunca han sucedido y se ejecutan juicios graves hacia los menores en relación con sus conductas y comportamientos». Los trabajadores han destacado que «se ha llegado al punto de acusar a un menor de haber cometido abusos sexuales hacia sus compañeras, pero los hechos nunca se denunciaron ante la fiscalía, ni tampoco se pusieron en conocimiento del resto del equipo». En este sentido, subrayan la «falta de concordancia entre los diarios de seguimiento que elabora el equipo y los que después se envían a la CAM».
La responsable del piso, L.C, con quien ha podido hablar diario16, niega rotundamente esta información.
No se cuenta con los menores
Pese a que el proyecto Piso Hogar de Tres Cantos, dirigido y coordinado por la empresa «Fundación Grupo Educativo -GE Escuela de Ocio», cuenta con financiación pública, según los trabajadores «el centro no cumple con los objetivos de formación e inclusión», y «los menores son únicamente convocados para ser informados sobre las normas del piso, pero no pueden decidir sobre su formación académica o su futuro laboral».
Este proceder iría en contra de lo establecido en el propio Plan Operativo Anual, donde se expresa la necesidad de participación de los menores en sus Proyectos Educativos Individualizados, Planes de Autonomía y Etapas de Transición a la Vida Adulta. Para ello es necesario llevar a cabo reuniones en las que los menores participen activamente, algo que no ha sucedido en ningún momento.
Es el Equipo Educativo quien elige las ramas profesionales que los menores van a cursar sin explicarles las opciones que realmente tienen. En este sentido, denuncian también que no se está llevando a cabo una coordinación con los centros educativos donde estudian los menores.
Tampoco se han producido, según los trabajadores, reuniones entre el equipo técnico y educativo para realizar las necesarias valoraciones de los menores, algo fundamental para poder evaluar y llevar a cabo un seguimiento pormenorizado.
La responsable del piso L.C, ha negado estas afirmaciones, explicando que los menores son atendidos de manera individualizada por sus tutores, que firman sus informes y que se les tiene en cuenta en todo momento.
Trato discriminatorio para los mejores extranjeros
La denuncia de los trabajadores señala que el trato, la formación o el seguimiento académico no se están llevando a cabo de manera adecuada. «Hemos apreciado trato discriminatorio y diferenciado hacia los menores de manera que no se cubren sus necesidades de un modo equitativo e igualitario para aquellos de nacionalidad u origen extranjero, creando condiciones inapropiadas que dan lugar al rechazo y desconfianza de estos hacia el Equipo Educativo para poder abrirse emocionalmente.»
La responsable del piso, L.C, niega de nuevo estas afirmaciones, señalando que es ella personalmente quien se encarga de mantener un contacto continuo con los centros educativos.
Respecto a la necesidad de un traductor para algunos casos concretos, L.C, nos afirma que ninguno de los menores requiere de ayuda para hablar español, que todos hablan el idioma, y que en algunos casos, es Cruz Roja, entre otras organizaciones quien presta la ayuda pertinente en estos casos. Nos reconoce que no hay servicio de traducción «porque no hace falta».
Pandemia COVID-19
Según nos explican los trabajadores, «esta situación se ha visto agravada por los efectos de la pandemia». Sumado al contexto de precariedad y temporalidad de las trabajadoras, la empresa habría ocultado al equipo un caso positivo de COVID-19. Denuncian que la empresa no ha proporcionado a los trabajadores los equipos necesarios de protección individual, vulnerando la legislación vigente.
La precariedad laboral de los trabajadores influye directa y negativamente en los menores
La precariedad laboral, que conlleva entre otras cuestiones una rotación excesiva de las trabajadoras, conlleva que no puedan dar estabilidad a los menores, que no se puedan elaborar proyectos consolidados, no se puedan crear lazos con ellos y es «imposible evitar una sensación de abandono para los menores».
En menos de cuatro meses han sido 12 las nuevas incorporaciones, alrededor de 8 bajas (de marzo a junio). Denuncian también que para las contrataciones no se estaría teniendo en cuenta el perfil ni la preparació nespecífica, ni se reclaman los certificados de delitos sexuales.
Respecto a estas cuestiones, la responsable nos ha explicado que ella pide de manera personal el certificado de penales a los trabajadores, algo que niegan reiteradamente las fuentes consultadas por este medio. Ha insistido en explicarnos que estos documentos los tiene en su haber personal, no en el ordenador del trabajo, por ser material sensible, aunque precisamente contravendría la Ley de Protección de Datos, según nos explica un especialista en la materia: «ese tipo de documentación no puede estar en el ordenador privado de nadie, sino que es información que requiere la empresa y es la empresa la que debe cuidar de los documentos, garantizando siempre su cuidado y confidencialidad. Pero son documentos que un responsable no puede guardarse de manera personal», nos explica.
Respecto al menú de las comidas, nos ha explicado que está elaborado por una enfermera del centro de salud, y no ha querido contestarnos a la pregunta de quién elabora la comida, algo que las trabajadoras denuncian, puesto que señalan que los menores «llevan una dieta inadecuada, a base de fritos y no es en absoluto equilibrada». Un extremo que la coordinadora responsable niega.
Sugerencias de actuación por parte de las trabajadoras
Las trabajadoras solicitan a la empresa que se implanten las metodologías participativas, incluyendo a los menores y al equipo técnico educativo, crear vías por las que los menores puedan ser oídos, establecer espacios de confianza donde los menores se sientan seguros, informarles de aquellas cuestiones que son relevantes para sus vidas, recurriendo a traductores en caso de ser necesario.
Demosles un piso en la gran vía, menu a base de frutas y marisco, un tutor a cada uno a tiempo completo y ropa nueva y limpia para cada día. Para eso somos un país rico que nos sobra el dinero que acoge y arropa a todo el que llegua a nuestras costas con cariño y mantiene a políticos con sueldo vitalicios y mil asesores. Además, gracias a estos chicos vamos a poder cobrar una gran pensión cuando seamos mayores, por lo tanto no les demos fritos no sea que no puedan rendir en sus estudios.
Que gracia, cuantos niños de padres españoles en paro comerán todos los días patatas y se darían con un canto en los dientes por comer lo que comen estos. Que vergüenza Beatriz.