Torre-Serona, localidad situada en la provincia de Lleida, se convierte a partir de hoy en el primer ayuntamiento de España en aplicar a su estructura la Directiva 2019/1937 de protección a los denunciantes de corrupción (Whistleblowers) que será absolutamente obligatoria para todas las entidades públicas, todas las empresas de más de 50 trabajadores, y todas aquellas de menos, que estén sujetas a determinadas actividades. El período de máximo de transposición para el Estado español de esta Directiva finaliza el 17 de diciembre de 2021.
El buzón de denuncias exigido por la Directiva permite la interacción del denunciante con los auditores a través de una página web, por correo electrónico, por teléfono, o personalmente, pero siempre garantizando la absoluta anonimidad del denunciante, si éste es su deseo. Por tanto, estos buzones se convierten en una herramienta fundamental para evitar represalias, algo que está absolutamente prohibido ya por la normativa europea.
La Directiva 2019/1937, de Protección a los Denunciantes de los Intereses de la Unión, eleva a nivel europeo los índices éticos de control de las administraciones públicas, obligando a que auditores absolutamente independientes de la institución sean los responsables de gestionar el canal de denuncia.
Los buzones de denuncia
El buzón, canal o vías de denuncias interno es una herramienta compleja, que exige una serie de singularidades para quien lo gestiona: seguridad, independencia, confidencialidad, protección de datos, secreto y responsabilización.
Se trata de una herramienta que debe poseer una serie de subcanales que deben estar permanentemente operativos: web, carta física, email, denuncia telefónica y presencial, además de una serie de herramientas complementarias de certificación de las comunicaciones y de análisis de riesgos.
La normativa europea exige que el gestor, instructor o administrador de las vías de denuncia, sea una persona (física o jurídica) individualizada. En consecuencia, no son válidos entes no identificados. Además, deberá tratarse de una persona de altas capacidades técnicas y jurídicas, con un conocimiento muy extenso del Derecho de la Unión de sus obligaciones y de sus infracciones, con conocimiento de los procesos administrativos y penales estatales y de la UE, que deberá asesorar al informante, alertador o denunciante de corrupción.
La Directiva, además, impone un plazo de 3 meses para el procedimiento de denuncia que, sin duda, incluirá la realización de pruebas personales, documentales y periciales en muchos de los casos. Por tanto, se trata de un auténtico procedimiento interno instructor. Quien no disponga de ese procedimiento, no cumplirá con lo estipulado en la Directiva y, en consecuencia, deberá ser sancionado.
La importancia de los buzones o los canales de denuncia amparados en lo señalado por la Directiva de protección de los denunciantes está en que no es sólo una herramienta para filtrar información, sino que preconstituye prueba de cara a la apertura de procedimientos judiciales.
En consecuencia, para que el denunciante de corrupción o de hechos contrarios a los intereses de la UE pueda acogerse a lo estipulado en la Directiva, deberá utilizar los canales o los buzones que cumplan con los requisitos marcados por la normativa europea, tal y como ha hecho el Ayuntamiento de Torre-Serona. Por tanto, no todo vale, ni todos serán válidos ni óptimos para el diseño, concepción y gestión de los canales de denuncia. El que era el hermano pobre, el autocontrol, pasa a ser ahora el eje del sistema.
Viadenuncia
El Ayuntamiento de Torre-Serona ha elegido el canal interno Viadenuncia, por ser el más moderno y adaptado a la normativa europea. Existen otros canales éticos, como puede ser el de Barcelona, pero son gestionados por funcionarios propios, así como otros que son gestionados por empresas vinculadas o proveedoras de diversos servicios. Por tanto, adolecen de una independencia real.
Aspertic, la asociación que fue promotora, junto a otros muchos denunciantes de corrupción, de la Directiva ha formado y validado a los instructores, desarrollando el cuerpo documental preciso y audita permanentemente los protocolos de Viadenuncia.
Aspertic ya está actuando, además, como canal externo, colaborando con las instituciones europeas, especialmente la Comisión, el Tribunal de Cuentas de la Unión y la OLAF.
