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Todo el sistema es cómplice del fraude fiscal cometido por el rey emérito

Fiscalía y Hacienda tienen mucho que explicar sobre el proceso de regularización exprés de Juan Carlos I

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análisis

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Ya no hay un solo inspector de Hacienda en este país que no lo tenga claro: a Froilán y Victoria Federica, los nietísimos de Franco, les afecta el supuesto fraude fiscal cometido por el rey emérito. “Va a haber actuaciones contra esas personas beneficiarias de fondos irregulares. Se va a abrir expediente, incluso ya se ha iniciado, pero por el deber de sigilo que asiste a todo contribuyente no se dice nada”, asegura Ramsés Pérez Boga, presidente de Inspectores de Hacienda del Estado en el programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser. “La Agencia Tributaria podría intervenir, pero dejando que sean la Fiscalía y los jueces los que digan lo que es derecho y lo que no”, asegura el portavoz de la asociación. Además, reconoce que en este asunto los inspectores han tenido constancia de la situación patrimonial del emérito a través de un juzgado, en este caso el Tribunal Supremo, por lo que “la Agencia Tributaria no pudo iniciar acciones legales”, tal como suele ocurrir con un expediente abierto contra cualquier contribuyente por fraude tributario.

De esta manera, las dudas y sospechas crecen cada día: ¿por qué no denunció Fiscalía en su momento? ¿Qué responsabilidad tiene Hacienda en lo que parece una clara ocultación de un ilícito penal? Es evidente que ha habido un trato de favor con el emérito, tanto es así que gracias a la “regularización exprés” el monarca no podrá ser llevado a los tribunales para que responda por delito fiscal. Al primero de los Borbones, una vez más, le han servido la ley a la carta pero esa bula, con ser nefasta para un Estado de derecho, no puede, no debe, extenderse también al resto de la familia, véase las infantas Elena y Cristina y nietos como Froilán y Victoria Federica, que tendrán que pasar por ventanilla, como un españolito más, para explicar los viajes en Uber, los regalos de El Corte Inglés, la yegua y demás prebendas. No es de recibo que cualquier ciudadano de a pie tenga que trabajar toda su vida para reunir 700.000 euros −la cuota defraudada que va a abonar el rey emérito en su declaración complementaria−, mientras al ex jefe del Estado le llueve el maná mexicano, árabe y suizo. Pero mucho menos se puede tolerar que una nueva casta cortesana (similar a las camarillas que en el pasado carcomieron los reinados de tantos monarcas ineptos y corruptos) se acabe instalando en la Corte y se esté dedicando a vivir del cuento, o sea del dinero no declarado del abuelo.

Ahora que, tras el desahucio de los Franco, toda España está viendo con sus propios ojos lo que había dentro del Pazo de Meirás –los cuadros, muebles, bronces, cristales, lámparas, tejidos de seda y tapices− conviene tener en cuenta que la Monarquía debe ser fiscalizada y examinada con lupa, como ocurre con cualquier otra institución del Estado, para que no nos llevemos una nueva sorpresa dentro de otros cuarenta años, cuando se vuelva a hacer inventario en los palacios y comprobemos con estupor que allí había cosas que no tenían que estar. La expropiación de Meirás, de la que todos los demócratas deben sentirse orgullosos (aunque llegue demasiado tarde) nos deja una gran lección de historia: que cuando un país es tolerante con las trapacerías de sus gobernantes está condenado al fracaso como sociedad. Hoy el producto del expolio sale de Meirás, mañana puede ser Zarzuela el desván que dé cobijo al botín. Felipe VI debe tomarse el asunto de las black, las comisiones y los paraísos fiscales como un asunto de Estado de suma gravedad, ya que está en juego no solo el futuro de la institución sino el futuro mismo de España. Ya tarda la Casa Real en impulsar de oficio una reforma de la Constitución que acabe con la inviolabilidad del rey y una ley orgánica o estatuto de funcionamiento interno de la institución que prohíba, bajo severas condenas, los negocios particulares, ingresos en B, regalos y donaciones. Eso para empezar, aunque hemos llegado a un punto en que cualquier medida higiénica se antoja insuficiente porque no garantizará el futuro de la Monarquía, que sale seriamente tocada tras el affaire Corinna.

Isabel Díaz Ayuso, en una de sus cabriolas trumpistas, acaba de reinventar la democracia, un sistema en el que no todos los ciudadanos son iguales ante la ley, un modelo de convivencia donde hay unos que están sometidos al ordenamiento jurídico y otros al imperio de sus caprichos y voluntades. O sea una sociedad de señores y vasallos, de poderosos y débiles, de reyes y súbditos, como en el Antiguo Régimen (no solo el franquista, sino el anterior a 1789). Ayuso nos quiere devolver a la Edad Media, con su derecho de pernada y servidumbres feudales, y por eso la democracia española no debe consentir, ni por un día más, la opacidad, la falta de transparencia y los privilegios y exenciones fiscales.  

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Mientras el rey emérito consuma la farsa de su declaración complementaria reintegrando la calderilla de 678.000  euros, una mínima parte del dinero transferido desde la cuenta bancaria del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause; mientras Ayuso reinstaura los principios generales del nuevo Movimiento Nacional en Madrid, enterrando el sagrado principio constitucional de igualdad y elevando al rey a los altares, como si se tratase de una especie de Dios intocable; y mientras los Franco salen del Pazo de Meirás cuarenta y pico años después de la llegada de la democracia a nuestro país, cabe concluir que la Segunda Transición es más necesaria que nunca. La crisis institucional de España es de un calado monumental. Ya no valen vanas excusas, cortafuegos, ni coartadas. Felipe VI se encuentra ante un dilema casi gatopardesco: renovarse o morir. Si la Monarquía se ha convertido en una institución inservible y en un problema para el país, inevitablemente y de forma natural se abrirá paso la solución de la República. Tan sencillo como eso.   

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