«Todas las sentencias favorables a Santander de casos con pruebas evidentes de comisión de delitos serían nulas»

Los casos en los que el Santander se ha visto beneficiado de las decisiones judiciales, a pesar de que todas las pruebas fueran en su contra, son innumerables en España. Un ejemplo de ello podría ser los constantes aplazamientos que, por una causa u otra, se han producido de la demanda interpuesta por Andrea Orcel contra el Santander que, teniendo en cuenta que el banquero italiano ya habrá sido nombrado Consejero Delegado de Unicredit, podría provocar un conflicto entre las dos entidades. ¿Se están utilizando estos aplazamientos como un modo de presionar a Orcel para que retire su demanda?

¿Protege una parte de la Administración de Justicia al Santander? Los datos son elocuentes, sobre todo, si se confirmara la existencia de una grabación, supuestamente en posesión de Andrea Orcel, en la que un alto directivo del banco cántabro, presuntamente Jaime Pérez Renovales, se jactaba o amenazaba al transalpino con una frase en la que supuestamente se afirmaba que el Santander sólo pierde en los tribunales los casos que quiere. Esta afirmación, de demostrarse, es un verdadero atentado al Estado de Derecho y llevaría a España a convertirse en un verdadero país fallido.

La gravedad de la existencia o no de dichas grabaciones, y de su presunto contenido, es la razón por la que un ciudadano ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, fechada el 12 de marzo de 2021, a la que Diario16 ha tenido acceso, y en la que se señala que, de ser cierta la existencia de dicha grabación en la que se sugiere por el presunto autor de esas palabras un «supuesto control por el Banco Santander de la judicatura española, estaríamos, o bien ante un delito de calumnias hacia el poder judicial en su conjunto y, en particular, hacia los jueces que intervengan en casos que afecten al Banco Santander o bien ante un caso de corrupción judicial, que afecta y desprestigia a toda la judicatura española», afirma la denuncia.

La gravedad de las afirmaciones supuestamente contenidas en la grabación que Orcel afirma que tiene en su poder es, según la denuncia, causa suficiente para que desde la Fiscalía se abra, en primer lugar, una investigación de oficio. Por otro lado, en el documento se insta a la proposición por parte del Ministerio Público de medidas cautelares a los diferentes órganos judiciales en los que se están practicando diligencias en las que una de las partes sea Banco Santander hasta que estos hechos sean resueltos.

Además, la denuncia señala que hay que «instar a las fuerzas de seguridad a practicar registros en las diferentes sedes de Banco Santander en España, en los diferentes tribunales donde se estén practicando diligencias donde una parte sea Banco Santander, en los diferentes despachos de abogados contratados por Banco Santander, para incautar posibles comunicaciones entre Banco Santander y los diferentes órganos judiciales».

Esta denuncia podría tener consecuencias muy importantes, puesto que, de confirmarse la gravedad de las acusaciones supuestamente incluidas en la grabación de Orcel, «todas las sentencias favorables a Santander de casos con pruebas evidentes de comisión de delitos serían nulas. De ahí que la Fiscalía tenga que actuar de manera urgente ante este presunto atropello legal que, además, conculca el artículo 10 de la Carta Universal de los Derechos Humanos, el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 24 de la Constitución Española», afirma de manera contundente el documento.

En la denuncia, además, se señala que la investigación de estos hechos es esencial, puesto que, si se confirma que el Santander tiene la capacidad para ejercer un supuesto control de los órganos de Justicia en España, se está generando alarma social y desconfianza para las decenas de miles de personas que, a día de hoy, se están enfrentando en los tribunales contra Banco Santander. Hay que recordar que la entidad cántabra reconoció que sólo del Caso Popular tiene abiertos más de 16.000 procedimientos.

Por otro lado, según indica la denuncia, «en el caso de que de las citadas grabaciones se constate que la Sra. Botín tiene participaciones mayoritarias en empresas cotizadas, de forma oculta para el mercado, que le permitan a su voluntad poner o quitar al CEO o al presidente de dichas empresas, sin atender a los procesos legales y a la conformación accionarial que se comunica mercado, así como a las obligaciones de trasparencia e información veraz a los accionistas y al mercado y a los deberes de no concurrencia y limitación de conflictos de interés, estaríamos también ante presuntos delitos societarios, de alteración de mercado o de corrupción en los negocios».

El problema para el Estado español está en que las afirmaciones supuestamente recogidas en las grabaciones de Orcel tienen para la ciudadanía presunción de veracidad. Millones de ciudadanos sospechan que el Santander tiene control sobre la Justicia. Sin embargo, ya no se trata sólo del ciudadano o la ciudadana de a pie, sino que, tal y como publicamos en Diario16, hasta una jueza ha indicado en el auto en el que elevaba una cuestión prejudicial al TJUE que el Supremo ha realizado interpretaciones de la Ley «en exclusivo beneficio de las entidades financieras».

De lo expuesto en la denuncia «resultan muy serios indicios y credibilidad, de que las citadas grabaciones pueden constituir un presunto delito de calumnias (art. 205 y sig. Del Código Penal) contra el poder judicial español; o bien pondrían de manifiesto presuntos delitos de prevaricación (art. 404 y siguientes del Código Penal), cohecho (art. 419 y sig del Código penal); tráfico de influencias (art. 428 CP), abuso en el ejercicio de la función pública de los funcionarios de justicia (art. 439 CPO) o prevaricación (art. 446 CP). Del mismo modo, de ser cierto el contenido de la conversación grabada a la Sra. Botín, su contenido podrá revelar la existencia de presuntos delitos societarios o contra el orden económico (Art. 290 y sig, CP), de alteración de mercado (art.286 bis y sig, CP) o de corrupción en los negocios (Art. 286 bis y sig, CP)».

A todo lo anterior hay que unir el hecho de que también contribuye al daño reputacional para la Justicia española el hecho de que, precisamente, el Banco Santander haya sido beneficiado por la judicatura española en casos que constituyeron un hito y favorecieron de manera muy importante a esta entidad y a la familia que lo dirige, como fue el caso de las cesiones de crédito que terminó con la llamada Doctrina Botín o el de las primas únicas.

En la actualidad, son constantes los alardes de este tipo, como ocurrió, por ejemplo, con el «patrocinio» que el Banco Santander hizo, en plena investigación judicial del caso Banco Popular en la Audiencia Nacional, del libro Se Vende Banco por un euro, cuya presentación, «en una exhibición de autoridad y poder del Banco Santander sobre el mundo de la judicatura», fue realizada por un antiguo empleado de dicha entidad, Ángel Corcostegui, donde se leyó un mensaje de Ana Patricia Botín, asistiendo en su representación José Manuel Cendoya, director general de Comunicación de dicha entidad y fueron invitados y asistieron múltiples jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, entre ellos y muy especialmente, el que era en ese momento instructor del Caso Banco Popular, Fernando Andreu.