Cuatro años después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC), conocida como ‘ley Mordaza’, pocos son los que defienden ya el que probablemente sea, junto a la ‘ley Corcuera’ de la patada en la puerta, el texto legal más polémico de la historia de nuestra democracia. Cada día se suman más voces en contra y detractores que exigen su inmediata derogación –partidos políticos, sindicatos, asociaciones humanitarias, oenegés, juristas y hasta el Defensor del Pueblo– mientras de momento, y a falta de que se forme un Gobierno, parece que seguirá vigente a menos a corto plazo.
Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo, ha remitido ya su informe al Congreso de los Diputados y al Senado, donde insta a los partidos políticos a culminar antes de que acabe este año una de las reformas más necesarias de los últimos años. Fernández Marugán alerta, entre otras cuestiones, de que la aplicación de la ley ha dado lugar a expedientes sancionadores en los que se imponen multas indiscriminadas a los ciudadanos “atendiendo única y exclusivamente a la versión del denunciante”. Esta interpretación del derecho a la libertad de expresión es intolerablemente restrictiva y choca frontalmente con la jurisprudencia general que tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional vienen dictando desde hace décadas.
No solo el Defensor del Pueblo reclama la derogación de la ley. También la mayoría de las oenegés, como Amnistía Internacional (AI). Esteban Beltrán, director de la organización, ha declarado: “Cuando entró en vigor en 2015, pensábamos que esta ley nacía muerta porque los partidos que ejercían la oposición en aquel momento mostraron su rechazo, pero han pasado cuatro años, se ha producido un cambio de Gobierno, una parálisis institucional y el caso es que sigue vigente hoy”.
AI cree que la ‘ley Mordaza’ es una amenaza real contra la libertad de expresión y los derechos de reunión pacífica y de información en España. Durante cuatro años se viene empleando contra periodistas y activistas que defienden el derecho a la vivienda o al medioambiente, así como contra miles de personas anónimas que han sido multadas “por manifestarse en huelgas o realizar actos de protesta pacíficos”.
“Pedimos al Parlamento que reforme de una vez por todas los artículos que socavan la libertad de información, expresión y reunión pacífica en los primeros seis meses desde su constitución”, asegura Amnistía Internacional en España.
La entrada en vigor de la LOSC también ha supuesto la ampliación de la potestad sancionadora de la Administración, aumentado el margen de discrecionalidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado en sus intervenciones relativas a la seguridad ciudadana, sin introducir mecanismos de control adecuados que impidan los abusos. “De igual modo, su aplicación por parte de las Fuerzas de Seguridad ha impactado de forma negativa en el ejercicio del derecho a la libertad de información, y ha llegado a traducirse en autocensura para periodistas y personas que quieren documentar las actuaciones policiales”. La organización ha recogido ya más de 125.000 firmas en una iniciativa on line para pedir la modificación de la ley. La recogida de firmas sigue abierta a fecha de hoy.
La ley también tiene en contra a los sindicatos. UGT y CC.OO han mostrado su apoyo total a la derogación por la vía de urgencia de la Ley de Seguridad Ciudadana, ya que atenta contra los derechos laborales y sindicales. Y expertos de reconocido prestigio como José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, ha asegurado que este texto legal “es un cúmulo de disparates innecesarios porque era suficiente con la anterior legislación”. Además, Pallín reconoce que le preocupa que la ley deje las sanciones “a libre criterio e interpretación del policía de turno”. “En el caso de los cacheos, antes había que pedir autorización a un juez pero ahora se puede proceder al tacto corporal, en teoría los hombres a los hombres y las mujeres a las mujeres, pero con la excepción de las urgencias. Es una salvajada”, aseguró a La Sexta.
Todos los partidos de izquierdas están en contra de esta ley represiva y antidemocrática que restringe el derecho a la libertad de expresión y que adolece de un excesivo afán recaudatorio –desde su entrada en vigor y hasta octubre de 2018 había acumulado casi 270 millones de euros en multas–. Solo el PP, principal artífice de esta ley de oscura inspiración franquista y propia de un Estado policial −y por supuesto Vox−, parecen estar dispuestos a seguir defendiéndola a cualquier precio. Por algo será.
