El senador nacional y coportavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, resalta las propuestas de su formación, con fuertes críticas a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y marca distancias en algunas cuestiones con el gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.
Se puede añadir muy poco a su carta de presentación publicada en su web oficial: “Nací en noviembre de 1989, en Madrid. Actualmente soy senador, diputado en la Asamblea de Madrid y portavoz de Más Madrid. Durante la XI legislatura fui portavoz de nuestro grupo parlamentario y director de las campañas electorales de Íñigo Errejón en 2019 y Mónica García en 2021”.
Tal vez, como dato, solo haya que agregar que en 2015 fue candidato de la formación vecinalista “Somos Pozuelo” donde obtuvo un 11,2 %, el mayor porcentaje de apoyo ciudadano, en la reciente historia democrática de Pozuelo de Alarcón, a una formación a la izquierda del PSOE.
En la entrevista mantenida con Diario16, el jurista y politólogo ha hecho un minucioso repaso a asuntos que hoy abren portadas y copan las tertulias radiofónicas y televisivas como la ley del solo sí es sí o el posible tope a las hipotecas variables y, también, a cuestiones que afectan directamente a la vida de los madrileños con fuertes críticas a la presidenta regional Isabel Diaz Ayuso sobre su gestión de la sanidad pública, con huelga indefinida de médicos incluida, el pulso que mantiene con el sector del taxi y la situación dramática de los vecinos de San Fernando por las obras de la línea 7B del metro.
¿Cuál es el posicionamiento que defiende Más Madrid en el Senado sobre el Sáhara?
Lo primero daros las gracias por la oportunidad de esta entrevista y por interesaros en mi opinión y de Más Madrid.
Respecto del tema del Sáhara Occidental yo creo que el Gobierno de España, Pedro Sánchez y el ministro Albares, en particular, durante algún tiempo pensaron, en un exceso de confianza, en mi opinión, que la sociedad española había olvidado el tema del Sáhara y que, por tanto, el Gobierno podía hacer y deshacer a su antojo, inclusive, yendo más allá de lo que establece el derecho internacional e incumpliendo las resoluciones de Naciones Unidas en relación al respeto al derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental.
Probablemente por presiones del gobierno de los Estados Unidos, probablemente por cálculo de naturaleza económica y por la influencia del lobby alauita que hay dentro del Partido Socialista, el Presidente del Gobierno y el ministro de Exteriores tomaron una serie de decisiones que han comprometido la política internacional de nuestro país y sobre todo han situado a España en una posición de no respeto del derecho internacional. Para una democracia como la española, es absolutamente inaceptable.
Más allá de obviamente la solidaridad que los españoles tienen con los saharauis, es un conflicto que nos atraviesa emocionalmente a muchas personas que esperan que en el plano internacional defiendan siempre una posición que sea acorde a la legalidad internacional y eso es lo que le exigimos al Gobierno de España.
Una propuesta que Más Madrid lleva en su programa político es la jornada de 4 días laborales. ¿En qué fase se encuentra y por qué entienden que es necesaria?
Nosotros llegamos a un acuerdo con el gobierno de coalición para hacer un proyecto piloto, un ensayo, un experimento porque teníamos datos en base a otras experiencias en Europa y en otros países de nuestro entorno que podía funcionar desde el punto de visita de mejorar la condiciones de vida de los trabajadores para compatibilizar el trabajo con otra serie de actividades también esenciales como pueden ser los cuidados o el ocio pero también era una buena oportunidad para mejorar la productividad.
Se daba esta circunstancia por la cual el mito de que trabajar más no se correspondía y efectivamente cuando acudes a los datos te das cuenta que los países en los que hay unos índices de productividad más elevados, se trabaja menos.
Ahora he leído, de hecho, hace un rato una entrevista que hizo la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo en la que ya se abría explícitamente a incorporar la jornada laboral de 32 horas a la normativa laboral del país. Lógicamente esto requiere de una negociación, de una serie de acuerdos con los diferentes actores que conformamos la mayoría parlamentaria.
Lo más importante yo creo es que los argumentos que nosotros defendíamos hace algunos años en favor de esta posición, que eran muy minoritarios, son cada vez abrazados por más fuerzas políticas y por más sectores sociales, inclusive, también por parte de los empresarios que estarían dispuestos a sumarse a esta forma de entender las relaciones laborales.
Pero sin reducción salarial….
De hecho, Telefónica hizo la reducción de jornada, pero también acompañada de una reducción salarial. Claro, esto es una trampa en realidad, esta no es la propuesta, es una preservación de la propuesta y por eso no funcionó tan bien la medida, de hecho, los trabajadores la rechazaron porque no la deseaban.
Su formación ha sido una de las pioneras en llevar a debate un tema como la salud mental. ¿Cuáles han sido las principales propuestas y qué grado de acogida han tenido por parte del gobierno de coalición?
Seguramente mentiría si dijera que se acogió con los brazos abiertos y con plena receptividad y mentiría si dijera que recibieron las propuestas con hostilidad: entiendo que a cualquier gobierno le gusta que algunas ideas nazcan de su propio gabinete. Desde nuestra modesta representación en el Congreso la hemos utilizado para introducir en la discusión algunos elementos que nos parecía que tenían poca visibilidad pero que, en todo caso eran problemas en la realidad social.
Hemos hablado del tema de la salud mental, de la soledad no deseada, de las nuevas tecnologías… Creemos que desde que lanzamos esta denuncia en torno a la situación de salud mental, las fuerzas políticas dirían que todas sin excepción han aumentado su conciencia de que se trata de un problema nacional de primer orden y que hacen falta políticas públicas para abordarlo y, sobre todo, que hacen falta recursos para poder enfrentarlo con solidez.
Su compañera de partido y candidata a la alcaldía de Madrid, Rita Maestre, abrió las puertas a reformar la polémica ley del “Solo sí es sí”. ¿Ahora que los socios de gobierno podrían modificarla, con qué postura irá MM al pleno?
La intención de los promotores de la ley era evidente, nosotros votamos a favor de esta ley y nos parece que la perspectiva es perfectamente acertada y que el marco legislativo que existía necesitaba una revisión. Entendemos que la intención de la ley es plenamente correcta del mismo modo que parece que el resultado que ha dado su aplicación en algunos casos quizás no es la mayoría, no es el deseado por quienes votamos favorablemente aquella norma.
En esta situación nosotros creemos que tiene más sentido intentar ser parte de la solución y no tanto de la discusión sobre quién tiene más culpa o menos culpa. Queremos que nuestra aportación al debate sea lo más productiva posible, así que aquellas cuestiones que tengan que reformarse para perfeccionar la ley y resolver algunos de los problemas que se han podido apreciar en su aplicación, desde nuestro punto de vista deberá hacerse obviamente sin tocar el núcleo central de la ley por el cual nosotros dimos nuestro apoyo a la iniciativa: el consentimiento.
Hay que esperar a ver cuál es el contenido de esa reforma: lo primero que tienen que hacer es ponerse de acuerdo entre ellos y yo confío en que esto sea que sea posible porque creo que la legislatura aún no ha acabado. Hay mucha tarea por delante y es muy necesario, quizás, ahora más que nunca, haya buena sintonía entre las diferentes fuerzas progresistas. Nosotros en ese sentido queremos sumar nuestro apoyo a ese diálogo y a ese entendimiento y hacer cuanto esté en nuestra mano para resolver las situaciones que se han podido dar.
El aumento de la inflación está afectando notablemente a las familias madrileñas, pero también a familias españolas en general. Uno de los partidos del gobierno de coalición ha puesto sobre la mesa la posibilidad de establecer un tope para las hipotecas variables. ¿Qué posicionamiento tendrá Más Madrid en caso de que llegue esta propuesta al Congreso y al Senado?
Hay dos perspectivas; está la de quienes consideran, como Ayuso y Almeida, que el mercado se autorregula y que encuentra un estado de equilibro satisfactorio para la mayoría de las personas sin que los políticos tengamos que hacer nada, es decir, quedarnos de brazos cruzados y ver cómo las cosas se resuelven por sí solas.
Y la perspectiva de quienes, desde mi punto de vista, estamos más pegados a la realidad social y conocemos más cuáles son las consecuencias que están teniendo estas subidas de precios, las dificultades para llenar la cesta de la compra y las que están teniendo muchísimas familias para pagar su alquiler o hipoteca.
Solo en Madrid en el último año los alquileres han subido un 11 por ciento. Hay municipios en la Comunidad de Madrid, como Arganda, donde el precio de la vivienda ha aumentado un 21 por ciento. Nosotros tenemos que tener una posición clara y la posición es que faltan políticas públicas que intervengan en el mercado para garantizar derechos; cuando el mercado por sí solo no es capaz de garantizar derechos como son el acceso a determinados productos esenciales de alimentación o la vivienda es necesario que los políticos hagan políticas que protejan estos derechos y esa es la perspectiva que nosotros tenemos desde Más Madrid.
¿Qué valoración hace de que la Abogacía del Estado defienda a los bancos en los tribunales europeos en procesos de cláusulas abusivas?
Me parece que es importante que quienes estamos en política le exijamos a los gobiernos y a los responsables que son los que toman las últimas decisiones en estas instituciones que verdaderamente tengan esa sensibilidad para no añadir más sufrimiento a las personas que en última instancia están reclamando sus derechos legítimos y que, por tanto, el camino judicial que tienen que recorrer para hacer valer esos derechos no tenga una carga añadida que se convierte en una condena mayor que el problema que se pretende resolver.
¿La corrupción judicial en las instancias superiores es la que genera la impunidad de las grandes empresas y fortunas españolas en detrimento de los ciudadanos a pie de calle?
,justa tiene que ser igual para todos yo creo que eso es un principio elemental. Y por tanto, hay que reconocer tal como está organizado impone a las personas que quieren acceder a la justicia para resolver un asunto de la naturaleza que sea algunos requisitos que, dependiendo de sus circunstancias pueden ser muy difíciles de cumplir para no acudir a la justicia. Entiendo que el sistema judicial también funciona por un criterio de economía y, por tanto hay que tener algunos filtros pero es evidente que no podemos establecer un sesgo de carácter económico o socioeconómico a la hora de acceder a la justicia.
Por lo tanto, quienes más tienen o quienes tienen una posición más privilegiada de igualdad accedan con naturalidad al sistema de justicia y quienes están en mayor situación de vulnerabilidad, que en ocasiones son quienes más necesitando la justicia, lo tengan más difícil.
Los frentes abiertos de Diaz Ayuso
¿Qué opinión le merece que Diaz Ayuso recurra ante el TC el impuesto a las grandes fortunas?
Es un poco paradójico que el Partido Popular acuda al Tribunal Constitucional para intentar suspender un impuesto que fundamentalmente lo que refuerza es la progresividad fiscal que está reconocida en el artículo 31 de la Constitución. Es paradójico porque seguramente tiene más visos de inconstitucionalidad pretender montar paraíso fiscal para las grandes fortunas en la Comunidad de Madrid a costa de los impuestos, es decir, aumentándole al final la carga fiscal a las rentas bajas y medias y repercutiéndoselo también al resto de contribuyentes del conjunto del país.
De hecho, los populares han hecho de la bajada de impuestos su bandera…
Hay que desmentirlo. El Partido Popular nunca ha pretendido bajar los impuestos absolutamente a nadie: lo que ha pretendido es que los costes asociados al mantenimiento del Estado de Bienestar, los servicios públicos sean sufragados exclusivamente por la gente trabajadora, por los autónomos y por los pensionistas excluyendo de esa ecuación a los grandes patrimonios de aquellos ciudadanos que tienen más de 2 millones de patrimonio. Es una guerra perversa entre una minoría súper privilegiada y una mayoría que sí paga impuestos y que necesita, evidentemente, servicios públicos para poder vivir con derechos y con unas condiciones de vida razonables y lo más lamentable de esto es que el gobierno de la Comunidad de Madrid, muy lejos de ser representante de los intereses de todos, es representante exclusivamente de los intereses de esa extraordinaria minoría privilegiada.
¿Se ha planteado usted llevar alguna iniciativa al Senado sobre el estado de la sanidad pública en Madrid?
De hecho en la última comparecencia del Presidente del Gobierno le he solicitado la convocatoria del debate general sobre el Estado de las Autonomías porque entendemos que la situación que se está dando en la Comunidad de Madrid en materia sanitaria se está convirtiendo en un problema de una naturaleza muy especial, con un impacto en la vida de los ciudadanos de nuestra región muy importante y tiene sentido que ese debate no solo se dé en la Asamblea de Madrid sino que también en las Cortes Generales. Los madrileños ya sitúan la sanidad como la principal de sus preocupaciones y, lógicamente, Más Madrid no puede ser ajeno a esta esta situación.
En Madrid hay médicos contratados por meses o incluso semanas….
Como primera medida de nuestra campaña electoral hemos propuesto un plan integral para blindar la sanidad pública por valor de 6.100 millones de euros que incluye, por supuesto, dotación de infraestructuras como son los centros de salud y, desde luego, atajar el problema de las listas de espera que yo creo que es una de las grandes preocupaciones de los pacientes. Por último, lo que tiene que ver con las condiciones laborales del personal que las están reivindicando actualmente a través de una huelga.
Lo que nos corresponde a los responsables políticos y particularmente los que gobiernan la Comunidad de Madrid es respetarlo porque cuando un trabajador va a la huelga para defender sus derechos, está haciendo uso de un derecho constitucional y eso nunca hay que olvidarlo.
¿Y sobre el hundimiento de las casas de los vecinos de San Fernando de Henares, más cuando eurodiputados vendrán a investigar lo ocurrido?
Yo mismo tuve ocasión no solamente de participar en algunas protestas en San Fernando sino, inclusive, de entrar dentro de las viviendas de algunos de los afectados, de poder tomar un café y charlar directamente con las personas que están sufriendo en sus propias carnes lo que lo que ha sido un despropósito de carácter político del que ya podemos hablar abiertamente de corrupción durante 15 años.
Naturalmente vamos a utilizar todos los altavoces que tengamos, la Asamblea de Madrid, en el Senado, en el Congreso de los Diputados para para dar voz a estas reivindicaciones y para exigir justicia en toda la dimensión de la palabra. Hemos presentado en la Asamblea de Madrid una iniciativa legislativa que precisamente busca resolver esta situación de forma concreta a los afectados que es precisamente lo que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha hecho. De hecho, yo no sé si la presidenta de la Comunidad de Madrid ha de algunas de estas personas afectadas me puedo imaginar que no, pero yo sí, he podido tocar con mis manos las grietas de esas viviendas, he podido escuchar la propia voz de personas mayores con lágrimas en los ojos.
Es algo por lo que nadie debería pasar en ningún caso pero muchísimo menos cuando es algo evitable y sobre todo, cuando es responsabilidad de una administración pública.
Sobre la situación del sector del taxi en Madrid, ¿qué nos puede decir?
A Isabel Díaz Ayuso le podremos acusar de muchas cosas, pero es que ha sido muy clara: ella quiere acabar con un servicio público que se llama taxi. Al principio nos decía “yo quiero que todos puedan coexistir” pero al final lo ha reconocido: quiere acabar con este servicio público. Evidentemente, nosotros somos una fuerza política que ha nacido para defender lo que es de todos, para defender los servicios que son esenciales, en este caso, para las comunicaciones y los transportes de la ciudadanía madrileña y en este caso vamos a defender algo tan sencillo como el cumplimiento de la ley.
La ley está para cumplirla eso es lo que nosotros reivindicamos, que se cumpla lo que reivindica el sector del taxi y lo que la ciudadanía madrileña necesita: tener un transporte público que sea acorde al de una región y al de una ciudad como es Madrid.
Los deberes de izquierda
Usted forma parte del grupo confederal en el Senado. ¿Cuáles son los retos que tiene el bloque progresista en este vertiginoso año electoral?
Ahora estamos en una fase de la legislatura en la que hay que pasar definitivamente de las palabras a los hechos: el Gobierno tiene algunas leyes que todavía no ha puesto sobre la mesa y es un compromiso de legislatura. Nosotros le dimos a Pedro Sánchez nuestros votos a cambio de un programa político. En este sentido queda pendiente la reforma de la ley mordaza, aumentar la proporcionalidad del sistema electoral, una ley que es esencial para el bloque progresista que es la ley de vivienda…
Nosotros, la izquierda y las fuerzas progresistas les ganamos terreno a las fuerzas reaccionarias cuando reducimos la temporalidad en el empleo, cuando mejoramos el catálogo de derechos de la ciudadanía y, en definitiva, cuando ofrecemos horizonte al conjunto de la ciudadanía y no nos entretenemos en la inflación discursiva con el Partido Popular…
Por eso decía que hay que pasar de las palabras a los hechos, que tenemos que hacer en política a través del Boletín Oficial del Estado y, si lo hacemos, así tendremos la credibilidad suficiente para que, en el año 2023, Alberto Núñez Feijóo vuelva a ser el líder de la oposición de un gobierno de coalición progresista.
