La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el de Consumo, Alberto Garzón, se reúnen hoy con los grandes distribuidores y consumidores para debatir una posible limitación de los precios de la cesta de la compra, entre las críticas del pequeño comercio, Competencia e incluso de una parte del Gobierno, según informa Efe.
Díaz y Garzón han planteado a las grandes distribuidoras que «tienen margen» para limitar los precios de una cesta de productos básicos de la alimentación y ambos proponen que las medidas que se adopten permanezcan hasta después de Navidad, con el objetivo, dicen, de proteger de esta forma a las familias del impacto de la inflación.
Los ministros de Trabajo y Consumo lo explicaron el pasado viernes en la rueda de prensa posterior al encuentro con los directivos de Carrefour, la compañía que ha anunciado que sus clientes podrán tener una cesta con 30 productos a un precio fijo de 30 euros.
Sin embargo, las propuestas y el planteamiento que ha lanzado Díaz la semana pasada han sido recibidas con escepticismo por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por la patronal del comercio minorista (CEC) e incluso por el ministro de Agricultura y Alimentación, Luis Planas.
Para la CNMC, cualquier acuerdo entre operadores para fijar precios máximos en algunos alimentos está prohibido por ley, advirtió el viernes. Según la CNMC, tanto la Ley de defensa de la competencia como el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea «prohíben expresamente los acuerdos o recomendaciones de fijación de precios u otras condiciones comerciales que restrinjan o falseen la competencia».
También la patronal del pequeño comercio ha denunciado que un pacto del Gobierno con los grandes grupos de distribución para topar los precios de una cesta básica de alimentos «atentaría directamente» contra el comercio de proximidad.
«De salir adelante, esta iniciativa atentaría directamente contra el comercio de proximidad al ejercer un efecto llamada sobre las personas consumidoras para comprar en las grandes cadenas en detrimento del comercio de proximidad, que no puede competir en márgenes ni asumir los costes», advirtió en un comunicado la Confederación Española de Comercio (CEC).
También Luis Planas dejó claro el pasado jueves que cualquier decisión con «significado político» sobre la cadena alimentaria y los precios tiene que pasar «siempre» por el ministro del ramo y por el Consejo de Ministros.
«No tengo previsto llevar a cabo ninguna medida para intervenir una cadena que funciona de forma adecuada», avisó Planas. «La posición del Gobierno es la posición del ministro que les habla», concluyó el ministro de Agricultura y Alimentación.
Pero, por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que esta es una medida que están «estudiando» y «trabajando» en el seno del Gobierno.
«No hacemos otra cosa desde que empezó la crisis de Ucrania más que tomar medidas para facilitar la capacidad de compra y que tengan más dinero en el bolsillo», ha aseverado en una entrevista en TVE. «Cualquier opción que facilite la vida la vamos a estudiar, igual que prohibimos vender a pérdidas. Queremos que haya precios razonables», ha defendido.
