Día 7 de febrero de 2018. Madrid, Congreso de los Diputados. Sesión de control del gobierno. Toma la palabra la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santamaría para contestar la interpelación del diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Joan Tardá. En ese contexto, lanza una diatriba dirigida al diputado que, en realidad, dirige en contra de gran parte de la ciudadanía de Catalunya. Su nula empatía se pone una vez más de manifiesto. Su expresión facial, gestual y verbal es agria y prepotente. El tono intimidatorio utilizado trata de conminar a todos los catalanes. Cuando menos, a los que -en su opinión- tuvimos la desfachatez o atrevimiento de mantener una votación claramente mayoritaria en favor de los partidos que abogan por la república catalana, el 21-D.
La puya, en forma de pregunta, es ya archiconocida por todos: “¿Tanto cuesta sacrificar a un catalán?”.
Para justificar esa “ingeniosa” frase, la vicepresidenta sugiere–en su intervención- que si los catalanes “hemos sacrificado” nuestras empresas; nuestros servicios públicos y nuestra libertad, deberíamos estar dispuestos, también, a “sacrificar a un catalán”. Y termina con una frase que por más veces que la diga, y por más alto que lo haga, dudo que haya alguien en España con un mero barniz de inteligencia que hoy la pueda sostener como cierta. A saber: “nadie está por encima de la democracia y de los jueces”.
No voy a entrar en cuanto “hemos sacrificado” los catalanes. Tampoco respecto a lo que “estamos dispuestos a sacrificar”. Nada de lo que podría decir se avendría con lo que trata de vendernos, como cierto, la vicepresidenta. Tampoco voy a entrar en el ingente esfuerzo del gobierno español, del bloque del 155 y de la misma monarquía, para socavar la economía, las infraestructuras y las libertades en Cataluña, durante años. A las hemerotecas me remito.
“Nadie está por encima de la democracia y de los jueces”. La frase tiene gracia. Pero, lo que es en España, hace ya mucho tiempo que ha dejado de tener sentido (si algún día lo tuvo) a la vista de las actuaciones acumuladas de la monarquía; del gobierno; de los partidos que le sostienen (incluido el bloque del 155); del Tribunal Constitucional; de la Audiencia Nacional; del Tribunal Supremo; de la Fiscalía y de los cuerpos de seguridad en general, durante los últimos tiempos.
El régimen español se pudre a pasos agigantados. La corrupción ha sido durante años el pan nuestro de cada día. Los gobiernos han engañado a unos y a otros sin piedad. Se han gastado el fondo de pensiones hasta llevarlo al umbral de la más absoluta bancarrota. No han tenido escrúpulos en salvar la crisis del sistema financiero, sin que los bancos y las entidades de crédito (contrariamente a lo sucedido en otros países) hayan tenido que devolver lo que la sociedad les entregó. Con el dinero de todos han construido infraestructuras faraónicas inservibles; han rescatado autopistas deficitarias y han pagado indemnizaciones inauditas a fiascos como el del Castor, pero –eso sí- no hay ya dinero para las pensiones, ni para políticas sociales. Hemos visto como las puertas giratorias han engullido un sinfín de personajes de la política, respecto a quienes uno carece ya de adjetivos calificativos. La pobreza y la miseria se han expandido y agrandado en España. Se ha legislado con el único objetivo de recortar derechos y libertades (piensen en la ley mordaza, a mero título de ejemplo).
Se han jactado públicamente de tener fiscales “para afinar” lo que sea y de “haberse cargado” la sanidad en Catalunya, Se han jactado también de “descabezar” dirigentes y líderes elegidos democráticamente.
El Tribunal Constitucional se ha convertido en un mero títere del ejecutivo. Igualmente, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo se han visto arrastrados por supuestas “razones de estado” a actuaciones, interpretaciones y agendas que nada tienen que ver con el normal funcionamiento de la justicia en una democracia.
Que haya cada vez más asociaciones de jueces y magistrados que clamen por la independencia de la justicia, no es sino la plena confirmación de cuanto digo.
La lista de agravios y de injusticia intrínseca de quienes han gobernado en España es interminable. El uso que se ha hecho en Catalunya del art. 155 sonroja, por su contenido y alcance, a cualquier constitucionalista o demócrata de buena fe.
Sra. Vicepresidenta, permítame tomarle prestada su ya famosa frase con algunos pequeños cambios. ¿Tanto cuesta sacrificar los intereses particulares frente al interés común? ¿Tanto cuesta garantizar la independencia judicial? ¿Tanto cuesta respetar el estado de derecho? ¿Tanto cuesta tratar de resolver los problemas políticos mediante el diálogo y la negociación, en lugar de judicializarlos? ¿Tanto cuesta aceptar las diferencias? ¿Tanto cuesta respetar a quien no piensa como usted? ¿Tanto cuesta ser demócrata?
Es evidente que todo les cuesta demasiado. Alguien les sacrificará a ustedes.
