El recurso interpuesto por el Partido Animalista para impugnar el Reglamento de Caza de Castilla y León ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León a emitir un auto en el que paraliza cautelarmente cualquier actividad cinegética.

Dicho decreto  se aprobó hace diez meses por la Junta para ajustar su anterior normativa sobre caza y control de fauna silvestre y adaptarlo a otra sentencia.

Según ha informado hoy la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad el auto es de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL, con sede en Valladolid y suspende cautelarmente el decreto de 26 de abril de la Junta, que estableció las especies que pueden ser consideradas como cinegéticas, esto es que se pueden cazar.

En su auto, notificado a las partes, la Sala reconoce “la importancia que tiene la actividad de caza para Castilla y León desde un punto de vista económico y social”, y analiza “los daños que pueden causarse por la suspensión del Decreto y, por otro, los daños que pueden causarse a la fauna salvaje como consecuencia de la práctica de dicha actividad.”

El auto concluye “que los daños para los intereses generales derivados de la suspensión del Decreto pueden ser controlados por la Administración, mientras que el interés más sensible, más frágil y vulnerable y, por ello, más necesitado de protección es el de la conservación de la fauna silvestre”.

El auto considera que “el informe elaborado por la empresa contratada por la Administración (Consultora de Recursos Naturales, S.L.)” y con arreglo al cual, el Decreto impugnado determina qué especies de la fauna silvestre pueden ser consideradas como cinegéticas y, por lo tanto, que de conformidad con las ordenes anuales de caza, puedan ser cazadasno utiliza datos actualizados y suficientemente contrastados, por lo que incurre aparentemente en el mismo defecto que fue declarado en esas anteriores sentencias”.

En esa línea, el auto señala que “para que la actividad de caza siga siendo un elemento de desarrollo económico y social de la comunidad de Castilla y León es necesario que se practique en condiciones que aseguren que la misma no perjudica el estado de conservación de las especies que se cazan, y de ahí la importancia que la consideración de una especie como cinegética cuente con estudios objetivos y actualizados que así lo determinen”.

El auto no ha sido dictado por unanimidad de sus miembros, al contar con un voto particular, y no es firme.

Para la presidenta del Partido Animalista, PACMA, Silvia Barquero, “este es un ensayo general de lo que será vivir en un país sin caza. Los cazadores tendrán que colgar sus escopetas, lo que supondrá un enorme respiro para los animales y para la personas que disfrutan del campo de manera pacífica, sin la amenaza de las balas”, explica la presidenta del Partido Animalista, Silvia Barquero.

Para PACMA la decisión judicial, “sin precedentes hasta el momento, supone un varapalo para quienes han hecho bandera del apoyo a una actividad violenta como la caza para ganar votos. En un escenario político crispado, en el que han renacido las ideologías políticas que pretenden perpetuar la violencia hacia los demás, también hacia los animales, PACMA gana una importante batalla”, han afirmado en una nota.

El departamento jurídico del Partido Animalista estudia la posibilidad de repetir esta acción en otras comunidades. “Mientras la medida cautelar siga en marcha Castilla y León se va a parecer mucho a lo que buscamos y reivindicamos desde nuestro partido. Aunque seguiremos reivindicando la puesta en marcha de la Ley General de Bienestar y Protección Animal que presentamos al Congreso y que pondría fin definitivo a la caza en todo el país, pensamos que lo que ha ocurrido en Castilla y León podría tener su réplica en otros lugares. Seguiremos plantando cara a la violencia en el campo”, concluye la presidenta de PACMA.

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