Todas las aguas que bajan de la Unión de Consumidores de Andalucía a la Junta de Andalucía salen turbias y la presunta investigación que el Gobierno de Susana Díaz ha anunciado hace varias semanas sobre las irregularidades detectadas en la organización de consumidores presidida por el amigo personal de la presidenta andaluza y ex líder de Juventudes Socialistas de Andalucía, Juan Moreno Rodríguez, sigue sin dar resultados visibles mientras las actividades de la UCA van tomando cada vez peor aspecto conforme pasan los días y las semanas, según los últimos datos publicados.
La Junta ha otorgado casi medio millón de euros en tres años a las delegaciones provinciales de una entidad que acumula deudas
Facua, la organización de consumidores de referencia en Andalucía, ha denunciado que la Administración presidida por Susana Díaz ha otorgado casi medio millón de euros en los últimos tres años a las asociaciones provinciales de la UCA-UCE sin comprobar si cumplían los requisitos mínimos de socios e ingresos por cuotas que establece la legislación vigente para poder recibir subvenciones.
De hecho, la propia Dirección General de Consumo –cuya actual directora es Isabel Niñoles, ex alcaldesa socialista de la localidad cordobesa de Fernán Núñez– confirmó a este diario que UCA-UCE no recibe subvenciones desde el año 2013 debido a que tiene deudas pendientes con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Pese a todo, se ha constatado que la asociación de consumidores afín al Ejecutivo andaluz está recibiendo en la actualidad miles de euros por parte de la Dirección de Consumo de la Junta en concepto de dietas por su participación en decenas de órganos consultivos de la comunidad autónoma, según informa la asociación Facua en su página web. La UCA acumula un rosario de impagos a sus ex trabajadores, ha sido declarada insolvente por un juzgado sevillano y acumula deudas que le impide a la Junta incluirla en su programa de subvenciones desde el año 2013.
Pocos años antes de esa fecha, en 2010 el ex jefe de Servicio de la Dirección General de Consumo Luis Escribano aseguró a diario16.com que rechazó incrementar las subvenciones a UCA-UCE para colocarla en primer lugar por encima de Facua en el reparto de subvenciones, como le pedía la entonces directora de Consumo y hoy alcaldesa socialista de la localidad cordobesa de Montoro, Ana María Romero Obrero. Escribano fue cesado fulminantemente poco después tras esta negativa a la orden de su superiora.
Facua denuncia que sigue sin obtener respuesta de Consumo desde el pasado 25 de enero, fecha en la que solicitó unos datos que supuestamente deben ser públicos según la normativa que regula las organizaciones de consumidores en Andalucía y no lo son hasta el momento. Estos datos se refieren a la cifra de socios declaradas en los últimos años por UCA-UCE y por cada una de sus asociaciones provinciales. Según informa Facua, las asociaciones de UCA-UCE en Sevilla, Málaga y Almería estuvieron a la cabeza en la distribución de las subvenciones a las organizaciones de consumidores durante el pasado 2017. Recibieron respectivamente 35.631, 22.554 y 27.226 euros. En total, sumando a éstas las ayudas recibidas por las delegaciones de Córdoba, Huelva y Granada, suman 131.491 euros.
Otro requisito que la Dirección de Consumo, dependiente de la Consejería de Salud, se está presuntamente saltando a la torera es el de controlar el número mínimo de socios e ingresos por cuotas exigible a UCA-UCE según la normativa vigente desde 2014. Se establece que para optar a recibir subvenciones las asociaciones de ámbito provincial deben certificar al menos 600 socios con su estado al día de cuotas abonadas. Estas cuotas deben representar al menos 6.000 euros de ingresos anuales.
Otra irregularidad más que la Administración autonómica pasa supuestamente por alto a UCA es que, tras la disolución de la delegación provincial de Jaén en 2016, esta asociación no cuenta con representación en las ocho provincias y pese a todo mantiene el estatus de federación de consumidores “más representativa”. Además, esta asociación sigue participando en decenas de órganos consultivos, por los que la Junta le abona miles de euros anuales en dietas a sus directivos.
Recientemente, han aparecido varias informaciones en las que se constata que la UCA ha mantenido presuntamente relaciones económicas con empresas como Movistar, Altadis y Caixabank, a las que ha dedicado elogiosas informaciones sobre sus servicios. La UCA-UCE ha facturado al menos 440.000 euros a distintas empresas entre los años 2008 y 2014 a través de la sociedad paralela EdiUCA S. L., que no presenta sus cuentas al Registro Mercantil desde 2015. Estos pagos en secreto sin ser comunicados a Consumo contravienen la normativa vigente al ser supuestamente una contraprestación económica por incluir publicidad encubierta en sus servicios.
Facua lleva denunciando diversas irregularidades de UCA-UCE desde 2016 y, a día de hoy, los vínculos de la Administración presidida por Susana Díaz con la entidad presidida por su amigo ex líder de las Juventudes Socialistas de Andalucía se mantienen firmes y de la supuesta investigación iniciada por Consumo nada se sabe aún.
La consejera de Salud, Marina Álvarez, apuntó el pasado 2 de febrero en comparecencia parlamentaria a pregunta de IU que actuará “en consecuencia” si la investigación a UCA-UCE “demuestra” que se han producido irregularidades. La consejera añadió que su departamento está actuando “de forma responsable” y que no existen denuncias formalmente interpuestas sobre esta organización de consumidores.
