El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes el acuerdo rubricado sólo un día antes con las principales centrales sindicales por el que decide ampliar el horario laboral a 37,5 horas semanales de las 35 vigentes desde enero pasado hasta la decisión del Tribunal Constitucional de la pasada semana, que ha tumbado definitivamente la jornada de 35 horas por un conflicto de competencias con el Gobierno central. Las 35 horas se instauraron en 1999 y fueron suspendidas en 2012 por imposición de las normas estatales de reequilibrio económico-financiero.
La Junta puentea el fallo del TC contra las 35 horas obligando a sus empleados al ‘teletrabajo’
La Administración andaluza, gobernada por la socialista Susana Díaz, asegura que “de este modo, el Gobierno andaluz ejerce su competencia, legalmente reconocida, para la organización de la jornada de los empleados públicos y da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la jornada de 35 horas en la comunidad”.
La media hora diaria prevista a partir de ahora por la Junta para “formación y preparación de tareas fuera del puesto de trabajo” no conlleva control alguno sobre el cumplimiento por parte de los funcionarios ni tampoco éstos tendrán que justificarlas de ningún modo.
La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha defendido que “nadie puede poner ni la más mínima objeción” al acuerdo consensuado este lunes con las organizaciones sindicales en el seno de la Mesa General de Negociación Común, aprobado por el Consejo de Gobierno este 19 de diciembre. “Acatamos la ley y ejercemos nuestra capacidad para organizar la jornada de los empleados públicos de Andalucía”, ha subrayado.
La titular de Hacienda ha concretado que las 2,5 horas semanales de trabajo en casa de los funcionarios andaluces se dedicarán a la “preparación y organización de las tareas propias del puesto de trabajo, consulta e información de materias relacionadas con el trabajo, así como formación para el perfeccionamiento y desarrollo profesional”. Estas horas tendrán, según el Gobierno de Susana Díaz la consideración de trabajo efectivo y computarán dentro de la jornada general del trabajo. Pero en ningún momento se explica qué mecanismos implantará la Administración andaluza para controlar el cumplimiento efectivo de estas horas de “teletrabajo” desde casa para una plantilla de trabajadores públicos enorme, más de 270.000 empleados.
La consejera de Hacienda defiende que esta “flexibilidad horaria” sirve para favorecer la conciliación y la calidad de vida de los funcionarios de Andalucía. “Favorece la igualdad y la corresponsabilidad, reduce el absentismo, aumenta de la productividad y contribuye a la mejora del clima laboral”, asegura Montero.
