Andalucía, una tierra con una tasa de paro que roza el 30% de la población activa y más de 1,1 millones de desempleados al final del pasado 2015, no necesita una ley de emergencia habitacional y pobreza energética según el Gobierno socialista de Susana Díaz, que ha rechazado en el Parlamento andaluz la propuesta del grupo parlamentario de Podemos con la abstención de PP y Ciudadanos y el voto a favor de los 5 diputados de Izquierda Unida.
Los socialistas andaluces están convencidos de que sus propias medidas contra los desahucios en la comunidad con más ejecuciones diarias de toda España está dando resultados. El Gobierno de Susana Díaz tiene en marcha la Ley de la Función Social de la Vivienda y las estadísticas desmienten rotundamente este positivismo del Grupo parlamentario socialista, que tilda la opción de Podemos de “desactualizada” a día de hoy.
La propuesta de Podemos partía de la Iniciativa Popular impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), aprobada por unanimidad en Cataluña, una iniciativa popular que no nace originalmente de Podemos. Tendría un coste estimado de 800.000 euros anuales para las arcas autonómicas.
Andalucía es, como ha recordado la portavoz parlamentaria de Podemos, Teresa Rodríguez, la comunidad donde más ejecuciones hipotecarias se llevan a cabo a diario, con una media que alcanza los 45 desahucios. Para la líder de la formación morada en Andalucía, no es normal asumir que se mantengan 700.000 viviendas vacías en Andalucía mientras “hay una situación evidente de emergencia habitacional”. Desde Podemos, se considera su propuesta de ley “la más avanzada por valiente” en la lucha contra los desahucios y también “con un coste mínimo”.
Rodríguez ha planteado que este “complejo asunto” se ofrezca a debate de todos los grupos parlamentarios, en comunicación directa con la sociedad civil, con la intención de llegar a soluciones consensuadas que garanticen el derecho constitucional a una vivienda digna.
El PP, por su parte, que se ha abstenido en la propuesta de Podemos, se remite a los planes del Gobierno de Mariano Rajoy, que, según la diputada Ana Vanesa García, desde el año 2012 “empezó a tomar medidas para evitar que familias con dificultades perdieran sus casas”.
También Ciudadanos ha argumentado su abstención porque la “demagogia” de Podemos no soluciona este grave problema habitacional de los andaluces y sí lo podrían hacer, asegura la diputada Carmen Prieto, sus propias iniciativas de una forma “más global y realista”. Ciudadanos parte de la base de aprobar un plan de choque contra la pobreza energética que defina la figura del afectado en riesgo de exclusión y también realice una auditoría de las viviendas vacías a nivel estatal, autonómica y municipal.
