La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado la inadmisión a trámite y el archivo de la querella presentada por el partido político VOX contra la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por haber denegado la defensa del magistrado Pablo Llarena en la demanda civil que varios exconsejeros de la Generalitat presentaron contra él en Bélgica por unas declaraciones realizadas en 2018.

En un auto, la Sala concluye que los hechos recogidos en la querella, presentada el pasado 27 de agosto por presuntos delitos de prevaricación y denegación de auxilio a la Administración de Justicia, no son constitutivos de ilícito penal.

Abogada Genera del Estado

Los hechos descritos en la querella se refieren a que la ministra de Justicia comunicó en dos reuniones a la Abogada General del Estado que el Gobierno no iba a defender, por motivos estrictamente de oportunidad política, al magistrado Pablo Llarena ante la justicia belga, a sabiendas de que los Servicios Jurídicos del Estado estaban obligados a asumir esa defensa. Esa decisión, según los querellantes, fue confirmada posteriormente en una nota de prensa.

En línea con el informe del Ministerio Fiscal, la Sala descarta la existencia del delito de prevaricación puesto que “no consta resolución alguna adoptada por la querellada respecto de la cual pueda si quiera realizarse un examen indiciario sobre su injusticia a los efectos del artículo 404 del Código Penal”.

La Sala concluye que los hechos no son constitutivos de ilícito penal

Según el auto, ni las supuestas manifestaciones realizadas por la ministra en una reunión con la Abogacía General del Estado, ni la posterior publicación de una nota de prensa pueden entenderse como tal.

La Sala recuerda que, de acuerdo con su jurisprudencia, la imputación de un delito de prevaricación exige indicios de la comisión del mismo especialmente derivados del contenido de la propia resolución y en su caso del propio procedimiento en el que se dicta.

Denegación de auxilio

Respecto al delito de denegación de auxilio a la Administración de Justicia, el tribunal indica que tampoco se aportan en la querella elementos que permitan sustentar la existencia de este delito –artículo 412 del Código Penal- en el que se castiga al funcionario público que, requerido por autoridad competente, no prestare el auxilio debido para la Administración de Justicia u otro servicio público.

Así, señala que ninguna de las actuaciones descritas por los querellantes revela una quiebra del eficaz cumplimiento de las funciones públicas o una perturbación grave de éstas, tal y como exigiría la aplicación del tipo citado.

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Directora Diario16.com Periodista en cuerpo y alma, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco, tras 15 años en medíos de comunicación, creó Comunica2 con su compañero de vida y también periodista, Sergio Arestizabal, para demostrar que otra forma de comunicar es posible. Tras sufrir censura y presiones de los poderes públicos en el ejercicio de su profesión, hoy es libre. Durante años ha asesorado personas y empresas en crisis o injustamente juzgados por la opinión pública y publicada. Hoy tiene el reto de que el Periodismo abra un profundo debate interno sobre cómo recuperar la honorabilidad de aquellas personas a las que por error enturbió su imagen pública. Inconformista y crítica, como debe ser una periodista.

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