La aprobación por parte del Consejo de Ministros del decreto ley que pretende recuperar el subsidio de desempleo para mayores de 52 años era una deuda pendiente de la democracia española con toda una generación que sufrió como ninguna el zarpazo de la crisis y el desempleo. El crack del 2008 llevó a miles de españoles que ya habían superado los 40 años (tanto mujeres como hombres) a la cola del paro y desde entonces una gran mayoría no han vuelto a encontrar un puesto de trabajo. Sencillamente las empresas dejaron de contratarlos al considerar que estaban amortizados, que eran demasiado mayores, que estaban ya obsoletos.

Algunos fueron despedidos porque cobraban demasiado tras haber acumulado años de antigüedad (reemplazarlos por jóvenes en precario, mano de obra barata, era una tentación demasiado golosa para las empresas). Otros simplemente terminaron en la calle porque ello suponía ahorrar costes laborales, de tal forma que cuadraran los balances contables a final de año. Fue una limpieza laboral en toda regla, una depuración injusta fomentada por la reforma laboral de Rajoy, que puso en bandeja de plata el despido libre.

De la noche a la mañana, muchos de ellos, pertenecientes a aquella generación del baby boom que a finales de los sesenta dio un impulso a la curva de la natalidad en España, se quedaron sin nada. Pese a que miles de ellos acumulaban más de 20 años de experiencia profesional en sus respectivos trabajos, oficios y profesiones liberales, se vieron abocados a la exclusión social. De nada sirvió que constituyeran el grueso de aquella clase media que estructuraba el país en lo social y en lo económico y que hoy ha desaparecido de un plumazo con la plaga de los contratos basura, el mileurismo, la precarización y el paro que sigue desbocado.

Tras la recesión de 2008, esa generación que hoy entra en los 50 tuvo que dejar de pagar la hipoteca o vender el piso ante la amenaza del desahucio. Muchos matrimonios se rompieron y no pocos han tenido que recurrir a los Servicios Sociales y a la beneficencia porque el Estado los dejó abandonados a su suerte. De ahí que el decreto de Pedro Sánchez venga a saldar una deuda que el Estado tenía pendiente con ellos.

Comisiones Obreras ha recordado a través de un comunicado que dicha medida −fruto del diálogo social− estaba acordada desde el pasado mes de septiembre entre sindicatos y Gobierno, y que desde entonces ha venido sufriendo un retraso “injustificado” en su plasmación en una norma. La recuperación del subsidio de mayores de 52 años incluye una serie de mejoras. Las personas que se beneficien de esta ayuda verán incrementada su protección social de la siguiente forma:

  • Acceso a partir de los 52 años, frente a los 55 hoy en vigor.
  • Duración del subsidio hasta la edad ordinaria de jubilación (actualmente se extinguía en la primera edad posible de jubilación anticipada).
  • Base de cotización por el 125% de la base mínima, frente al 100% anterior.
  • Toma en consideración exclusivamente de los ingresos de la persona en situación de desempleo, que ya fue corregido gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional.
  • Acceso al subsidio completo aunque se proceda de un empleo a tiempo parcial (mejora incluida por los sindicatos).
  • No exigencia de cotizar durante 90 días previamente a la percepción del subsidio  (también incluido como consecuencia de la demanda sindical, que se incorpora).
  • Garantía de los plenos efectos de los periodos cotizados con este subsidio para acceder a cualquier modalidad de jubilación, también consecuencia del acuerdo entre sindicatos y Gobierno.

El decreto no solo era necesario desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista ético y moral, ya que un partido como el PSOE, último representante de la socialdemocracia, no podía dejar abandonado a un sector importante de la población  −el de los mayores de 52 años−, que empieza a entrar en la incierta etapa de la tercera edad sin un empleo que garantice un mínimo para su subsistencia y sin perspectivas de poder conseguirlo a corto y medio plazo. La edad, la precariedad del mercado laboral y la robotización los había convertido en invisibles. De alguna manera, este decreto viene a paliar una gran injusticia.

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