Seguramente porque es difícil desprenderse de más de 20 años analizando cada norma laboral, cada medida que afecta al ámbito del derecho del trabajo desde un punto de vista jurídico “aderezado” con una visión “pro operaria”, como hacía en la Inspección de Trabajo, veo con escaso triunfalismo la subida del Salario Mínimo Interprofesional, máxime después de leer el Real Decreto aprobado por el Gobierno. Si bien es verdad que menos da una piedra y que en términos absolutos y aislando la actual situación de precariedad de nuestras relaciones laborales el Salario Mínimo Interprofesional no subía tanto desde hace 30 años, no es menos cierto que teniendo en cuenta las actuales circunstancias en el que demasiados trabajadores son “pobres”, es decir a pesar de realizar amplias jornadas no pueden con su salario afrontar los gastos y las necesidades básicas propias y de sus familias, creo que sobran tantas expresiones triunfalistas como hemos escuchado, no solo por respeto a los trabajadores, sino porque repetir ciertas ideas alabando la subida salarial, como si fuera un mantra, no van a hacer que sea más relevante, ni más positiva de lo que en realidad es.
Escucho con cierta tristeza que estamos contentos porque el gobierno se ha plegado a nuestra petición (me temo que no porque de pronto se convierta en defensor de los trabajadores sino más bien por la necesidad que tenía de que el PSOE le aprobara el techo de gasto), leo expresiones como que este aumento es un “aliento de esperanza”, o que el incremento aprobado supondrá un “respiro para las maltrechas economías” e incluso ya en un alarde de optimismo sin precedentes escucho que con esta subida “se combate la pobreza laboral”. Y creo que no podemos olvidar no solo que seguimos teniendo uno de los salarios mínimos más bajos de Europa, sino que muchos trabajadores nunca percibieron esta cuantía mínima garantizada a final de mes. Analizo casi por defecto profesional, los casos de trabajadores que he conocido por razón de mi trabajo, las nóminas que he visto y creo que puedo asegurar que esta subida va a tener un alcance muy limitado pues son muchos los trabajadores a los que no se les va a aplicar este incremento. Los trabajadores con ingresos por debajo de esta cifra “por debajo de la cual no se debería trabajar”, son casi seis millones. Y una cifra que aterra por su crudeza es que el 18 % de los gallegos cobra menos de la mitad del salario mínimo interprofesional, es decir casi dos de cada diez trabajadores de Galicia ingresan como máximo 325 euros al mes (cuantías estas que deberían estar reservadas tan solo para los contratos a tiempo parcial, verdaderamente parciales).
Las causas por las que un segmento importante de la población se sitúa por debajo del salario mínimo, generando pobreza entre los trabajadores, están siempre vinculadas a la precariedad y a conductas de explotación laboral, y son situaciones que a todos nos son familiares: abuso de la contratación a tiempo parcial, para trabajar jornadas completas, con altas en Seguridad Social de tres o cuatro horas diarias para trabajar ocho o más y cobrar tres o cuatro y además “a la carta” lo que impide al trabajador compatibilizar dos trabajos a tiempo parcial para llegar a una retribución digna, generalización de los contratos formativos que solo perciben su salario por las horas previstas en el contrato como de trabajo efectivo pero que dedican toda la jornada y más a la realización del mismo, al incumplir la empresa sus obligaciones formativas, becarios y prácticas no laborales, en las que simplemente ya no se percibe salario, determinadas prácticas generalizadas en la pequeña empresa y mediana como el abono en metálico que hace que en ocasiones el trabajador firme nóminas por cuantías que no percibe.
Además el deterioro de la negociación colectiva y el abuso del mecanismo del descuelgue salarial ha hecho que aquellos trabajadores que percibían un salario superior al salario mínimo, vieran reducido el mismo, e incluso con la reforma del Partido Popular el empresario por la vía de la modificación sustancial, ha disminuido las retribuciones del trabajador pactadas que se percibieran por encima del salario mínimo, todo lo cual ha llevado a que cobrar por encima de ese salario mínimo sea una situación anecdótica, hasta el punto de que el concepto de mileurista que hace unos años reflejaba un grupo de trabajadores con poca capacidad adquisitiva, sería ahora una quimera inalcanzable y deseable.
Tampoco afecta esta subida a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, pues el IPREM, que sirve de cálculo de ingresos en muchos ámbitos, solicitudes de becas, ayudas a la vivienda, o para el cálculo y acceso a prestaciones sociales, entre ellos a los subsidios de desempleo, no sube, persistiendo su congelación desde el año 2011, debido esta vez a la ausencia de los Presupuestos Generales del Estado, esta congelación tiene consecuencias negativas en la protección social por desempleo.
En la actual situación de explotación, precariedad laboral y bajada generalizada de los salarios desde el inicio de la crisis motivada en gran parte por la reforma laboral del Partido Popular, un incremento del salario mínimo aunque sea como la actual, no es suficiente para “sacar de la pobreza a quienes tienen ya trabajo», pues son necesarias reformas estructurales del mercado de trabajo y de la normativa laboral, dirigidas al control de jornada en los contratos a tiempo parcial, la regulación y control de los contratos para la formación, el control en el abuso de los contratos temporales y su excesiva rotación, la inclusión de las becas y prácticas no laborales en el ámbito del Estatuto de los Trabajadores, la recuperación de la negociación colectiva y de sus elementos definitorios de esta como la ultraactividad y la limitación de la posibilidad de descuelgue, y el endurecimiento de mecanismos como la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, la limitación del pago en efectivo, entre otras.
Es necesario también un cambio en la mentalidad de nuestros empresarios, a la patronal le ha faltado tiempo para advertir sobre los efectos perniciosos de una subida generalizada de los salarios defendiendo que la subida del 8% no se debe trasladar al conjunto de los mismos, porque se pondría en riesgo la recuperación económica; en esta línea no parece que el actual gobierno haya abandonado la idea de que la contención salarial, es el camino para la creación de empleo pues ha aprovechado la regulación del SMI para introducir un matiz nuevo e importante y es que en aquellos convenios colectivos vigentes a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto que utilicen el SMI como referencia para determinar su cuantía, continuaran siendo de aplicación las establecidas en el RD 1171/2015, sin perjuicio de que desde luego, se modifiquen todos los salarios para adaptarlas en cómputo anual al nuevo SMI; se va a producir una equiparación en la cuantía salarial de los trabajadores no afectados por Convenio y de aquellos que si lo están, ninguneando una vez a los Convenios Colectivos, será verdad que tal como dice la patronal la subida del SMI hay que “enmarcarla en las negociaciones del gobierno para lograr el respaldo de otros grupos” no en el reconocimiento de la situación a que han sido abocados los trabajadores.
Nuestros empresarios (o al menos la organización que los representa) al hilo y con justificación en la crisis económica, siguen planteando su crecimiento y supervivencia no en elementos como la productividad y la innovación y recuperación de la capacidad de gasto de los trabajadores, sino en aspectos ya denostados por la propia OIT como son la contención salarial, la flexibilidad de los mecanismos de regulación de la relación laboral y la extinción de los contratos de trabajo. Sin parecer importarles que el empleo que se está creando, no permite vivir con dignidad, pues un dato que no nos debe pasar desapercibido es que a pesar de la subida de las afiliaciones a la Seguridad Social, no se ha producido un incremento de las cotizaciones debido una vez más a los bajos salarios percibidos por los trabajadores y a las políticas de exención de cuotas.
No he encontrado tampoco en ninguna de las intervenciones de la Ministra de Empleo en el Congreso, tanto en Pleno como en Comisión, ningún atisbo de reconocimiento de la situación de precariedad de nuestro mercado de trabajo, ninguna referencia a la necesidad de abordar una reforma profunda de las normas que regulan las relaciones laborales que nos ha llevado a un modelo injusto, insolidario y hostil para los trabajadores, ni un solo guiño a los demás partidos para junto con los agentes sociales debatir sobre la necesidad de tener un nuevo Estatuto de los Trabajadores donde se aborden cuestiones que a cualquier político que se preocupe por sus ciudadanos debería parecerle una prioridad. En la propia norma que regula el incremento salarial resaltan una y otra vez su carácter excepcional.
Nos espera un trabajo duro, en la que iniciativas como la relativa a garantizar la igualdad de condiciones laborales de los trabajadores subcontratados promovida por el Partido Socialista y apoyada por otros grupos, son necesarias para avanzar en una verdadera recuperación salarial, ojala seamos capaces de trabajar lejos de la autocomplacencia, impulsando con otras fuerzas reformas de este calado, e imponiendo medidas a un Partido Popular enrocado en sus políticas de empleo y que solo parece estar dispuesto a dar lo estrictamente necesario para continuar gobernando, sin reconocer que nos ha llevado a un modelo de relaciones laborales insostenibles e incompatibles con la prestación de un trabajo digno, que urge recuperar.
