El confinamiento domiciliario impuesto por el Gobierno desde el pasado 14 de marzo para luchar contra la pandemia del coronavirus en España supone una tortura añadida para todas aquellas mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos menores que se ven obligados a convivir con sus maltratadores bajo el mismo techo. Por ello, el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, a través de la Concejalía de Justicia Social, ha remitido una carta a varias entidades financieras para que cedan viviendas vacías de su propiedad para acoger a estas víctimas de la violencia machista.

“En época de confinamiento el agresor siente mayor poder sobre ellas y mayor impunidad para golpearlas y ejercer violencia, por lo que continuarán llegando nuevos casos que asumir y a los que dar respuesta habitacional”, avisa la concejala de Justicia Social, Sonia Vivas. El consistorio de la capital balear ha advertido de la saturación inminente del servicio municipal de alojamiento temporal denominado SAM, dirigido a aquellas mujeres y sus hijos e hijas que han sido víctimas de la violencia machista. La situación límite de este servicio municipal se debe principalmente a que el confinamiento limita sustancialmente la capacidad de movimiento de estas mujeres e incluso las obliga a convivir todas las horas de cada día de la semana con sus agresores.

“Debido a la crisis sanitaria del coronavirus con toda probabilidad llegaremos a completar las instalaciones de acogida que funcionan habitualmente ya que las mujeres no pueden salir a emprender sus vidas a otros domicilios y sigue habiendo demandas de nuevas agresiones”, explica Vivas por carta a las entidades financieras.

La responsable municipal ha dirigido su carta a Bankia, Caixabank y Sareb, la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, el denominado ‘banco malo’ o sociedad anónima que compra a los bancos con ayudas públicas sus activos con problemas ligados al sector inmobiliario. Estas tres entidades bancarias disponen en la capital balear de 14 viviendas vacías y perfectamente habilitadas para poder entrar en ellas de forma inmediata. Podrían acoger a entre 72 y un centenar de estas mujeres y sus hijos e hijas. Esta cantidad se podría incluso casi triplicar ya que existen pisos de tres habitaciones que podrían ocuparlos mujeres con un niño.

Alojamiento en hoteles y hostales

Vivas explica por carta a la banca que su departamento ha barajado varias posibilidades de alojamiento para estas mujeres que “sufren un delito considerado en el código penal como público, lo cual significa que es un hecho delictivo que las atenta no solo a ellas sino a la sociedad en su conjunto”. Aunque el consistorio de Palma ya ha llegado a acuerdos con hostales y hoteles para poder alojarlas, por lo que ha debido realizar una provisión de unos 300.000 euros de fondos municipales para abonar hasta 30 habitaciones hoteleras, la concejala de Justicia Social ha decidido dirigirse a estas entidades bancarias por la deuda moral que el sistema bancario tiene con estas mujeres desde que el estado español rescató de la quiebra a varias entidades bancarias por un valor superior a los 64.000 millones de euros.

Vivas recuerda a Bankia, Caixabank y Sareb que “parte de ese dinero que ustedes recibieron también lo pagaron las mujeres víctimas de violencia machista de la ciudad de Palma y por tanto están ustedes en deuda con ellas y con la sociedad en su conjunto”.

La concejala de Palma recuerda que “ante una crisis mundial donde se está poniendo a prueba la resistencia de nuestro sistema, la solidaridad, la ciudadanía y la fuerza de lo social como motor para dar respuesta a esta pandemia, el hecho de que existan pisos cerrados y vacíos a la par que, dispuestos para ser habitados en nuestra ciudad, mientras desde las instituciones habilitamos pabellones y espacios deportivos, me genera un enorme estupor y desagrado que quiero trasladarles para que les llegue”.

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