Las últimas noticias conocidas en materia policial y judicial sobre los allanamientos en la ciudad de Itatí han confirmado lo que hasta ahora se sospechaba, el narcotráfico está entre nosotros e inmerso en gran parte de la sociedad. Ya no es como hace un tiempo en el que los narcos eran delincuentes que se encargaban del tráfico y la venta de drogas, hoy en día los narcos son delincuentes que además de encargarse del tráfico y la venta de drogas son políticos, policías o miembros del Poder Judicial.
Según las crónicas, se detuvo al Intendente, al Viceintendente y al Comisario de Itatí, en tanto se continúa investigando un secretario judicial del juez federal de Corrientes. En simultáneo se difundió un video en el que el Gobernador de Corrientes, donde se sitúa Itatí, en diciembre del año pasado interfirió en un operativo antidroga argumentando que ‘Esto es un avasallamiento de las jurisdicciones provinciales’, dado que el procedimiento estaba siendo realizado por efectivos policiales de la vecina Santa Fe.
Los hechos están sobrepasando las palabras, la situación es mucho más grave de lo que se acepta oficialmente, y el silencio de quienes deben dar explicaciones abruma.
El Intendente de Itatí, Natividad Roger Terán, y el Viceintendente Fabio Aquino, fueron electos por el Frente de la Victoria, y al momento de escribirse esta columna nadie de dicha fuerza política se pronunció al respecto. Lo mismo ocurre en el caso de Ricardo Colombi, perteneciente a la Alianza Encuentro por Corrientes cercana al Gobierno nacional, aunque en este caso el Gobernador sí se manifestó y afirmó que su actuación se debió a que ‘No se cumplieron las normas mínimas, no se le avisó a la Policía correntina.’ Pese a eso, la Justicia investiga al Gobernador por su accionar.
Lamentablemente esta situación no es nueva, pero en contraparte, afortunadamente ciertos sectores de la Justicia comienzan a dar muestras de su trabajo para modificar la realidad.
Pero no alcanza tan sólo con lo que puedan hacer estos sectores, es necesario el compromiso de todos los poderes del Estado en pos de combatir este (y todos) delito. Durante años se negó esta realidad que poco a poco comienza a ver la luz, es preciso que se acentúe este accionar de manera clara y concreta, sin privilegiados, que a quienes delinquen les caiga el peso de la ley ocupen el cargo que ocupen. Y un ejemplo de ello es el procesamiento del ex titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), José Ramón Granero, quien ejerció dicho cargo entre 2004 y 2011 y que está procesado por haber introducido al país 1.900 kilogramos de efedrina, que no tuvieron el destino final que se consignara ante las autoridades de control.
Sólo entonces podremos decir que se equivocaban ‘Las manos de Filippi’ cuando allá por 1998 cantaban, en Señor Cobranza, que ‘Son todos narco y de los malos’.
