“Si sólo tenemos que cruzar de acera”. Así se manifiestan en Génova cada vez que necesitan saber algo de sus asuntos judiciales. De la Gürtel, de la Púnica y de la Kitchen principalmente. Así de fácil lo ven. Están, todos los días, tomando café y aperitivos con ellos en los bares aledaños. Incluso son amigos, y contertulios de “cenas con Vega Sicilia”, (si se contasen todas las cenas de los políticos, este país reventaría sus costuras democráticas). Incluso dicen que Mariano Rajoy llamó al presidente de la AN, José Ramón Navarro, para “quejarse de la marcha de las investigaciones de la Kitchen” antes de que trascendiesen los famosos mensajes de WhatsApp con el imputado Francisco Martínez, ex secretario de estado de Interior, en los que el magistrado se compromete a informarle sobre su situación. Incluso, si se le llamaría a declarar en calidad de testigo o como investigado.
En Génova presumen de tener muy buenos amigos “en la acera de enfrente”. Por eso, a Rajoy le supo tan mal la condena en la pieza Gürtel. No por la sanción penal. “No es dinero”, llegaron a decir. Sino porque había presionado muchísimo para evitar la condena que luego supuso el fin del gallego como presidente del Gobierno.
Por eso, a nadie extraña los contenidos de los mensajes intercambiados entre Martínez y Navarro. Este se encuentra con que, la semana que viene, el chófer de Luis Bárcenas va a presentar una querella criminal contra él en el Supremo, y el Consejo General del Poder Judicial se ha comprometido a abrir una investigación. Una investigación que no tiene visos de prosperar porque el juez instructor, Manuel García Castellón, ha hecho caso omiso a las súplicas de Martínez y, alegando que los contenidos de los mensajes “pueden vulnerar la intimidad del investigado y revelar secretos que afectarían a la seguridad del Estado”, ha decidido suspender el acceso a los 23 chats, incluso antes de pedir la opinión del fiscal: “debido al carácter urgente de la petición de Martínez y antes siquiera de que la Fiscalía Anticorrupción informe, procede acceder” a la petición de Martínez, dice el juez en una providencia considerada por fuentes jurídicas como inaudita y sin precedentes ya que antes de tomar ninguna decisión, y más en materia de diligencias secretas, un juez lo consulta al fiscal.
Pero todos sabemos cómo funciona Manuel García Castellón. El investigado, Francisco Martínez, al que se le piden 15 años de cárcel, alega que los chats pueden contener informaciones clasificadas, “que están protegidas por la ley de secretos oficiales”. Llama mucho la atención que todo un secretario de estado de Interior, que en sus manos está la seguridad del país, se maneje tan a la ligera en WhatsApps, un método de comunicación de escasa fiabilidad en materia de seguridad.
A no ser que lo que afecte a la seguridad del Estado sea ese tono “tranquilizador” que el presidente de la Audiencia Nacional utiliza en sus contestaciones hacía Francisco Martínez: “la verdad es que quien me tranquiliza eres tú”, señala en uno de los mensajes que se filtraron antes de que García Castellón decidiese silenciarlos.
Otra medida controvertida del cada día más polémico juez, que ha sido acusado por las partes personadas en la causa Kitchen de inclinar sus decisiones a favor del PP, ha sido la decisión de convertir el sumario en “procedimiento abreviado” dando por finalizada la investigación judicial. Esa pieza de la causa Kitchen sólo ha investigado el espionaje a Luis Bárcenas y su entorno, que se llevó a cabo con fondos reservados, para destruir pruebas que incriminasen a altos directivos del Partido Popular. Existe la sospecha de que del espionaje estaban enterados el propio Mariano Rajoy y la secretaria general del PP, entonces María Dolores de Cospedal. Ambos han sido exonerados por el juez.
Todavía queda mucho camino por recorrer porque las partes han decidido recurrir muchas de las decisiones de García Castellón. Entre otras el cierre de la instrucción judicial. En el auto en el que justifica dicho cierre, el magistrado archiva la causa por falta de indicios para Dolores de Cospedal, su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, y su jefe de Gabinete, José Luis Ortiz y descarta la existencia de una trama política ajena al Ministerio del Interior “delimitando los hechos objeto de enjuiciamiento sobre la base exclusivamente de los indicios existentes”.
Además, el magistrado subraya que no hay pruebas para creer al comisario Villarejo, que había afirmado que enviaba mensajes a Rajoy para informarle sobre cómo iba la operación para robar los documentos a la familia Bárcenas. Según el juez, no hay nada que permita sostener que el expolicía tuviera “comunicación directa con ningún presidente o primer ministro”.
Asimismo, choca el hecho de que el juez haya decidido cerrar la investigación cuando faltan todavía algunos análisis de las conversaciones del móvil incautado. Pero ya se sabe cómo actúa García Castellón. Es capaz de mantener activa una investigación judicial sobre los dirigentes de Podemos a pesar de que los informes policiales recibidos señalan que no hay nada delictivo y, en cambio, no profundizar en una investigación sobre el PP en la que existen serios indicios de que la misma se va a cerrar en falso. Ya se sabe. Las cosas de García Castellón.
