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Sólo la rebelión vecinal impidió que Moreno Bonilla colara en pleno estado de alarma la ampliación del vertedero de Nerva

El presidente andaluz asegura ahora que aboga por el cierre de las instalaciones mientras agilizó desde 2019 los trámites para la llegada de residuos de Montenegro y promovió su ampliación con el país confinado en abril de 2020

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Las palabras del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, de este jueves sobre el vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Nerva, en Huelva, chocan frontalmente con los hechos más recientes. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el 2 de abril de 2020, cuando todo el país estaba confinado y en pleno estado de alarma, un acuerdo rubricado apenas un mes antes, concretamente el 17 de febrero, por parte de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, para la apertura de un periodo de información pública dentro de un “procedimiento simplificado de modificación sustancial de la autorización ambiental integrada” para este vertedero de residuos tóxicos y peligrosos gestionado por la empresa DSM, antes Ditecsa.

La Junta dio entonces, con el país totalmente encerrado en sus casas y sin prácticamente actividad de ningún tipo, un plazo de 20 días hábiles para que cualquier persona física o jurídica pudiera examinar el proyecto o cualquier otra documentación que conste en este procedimiento y presentar alegaciones, además de pronunciarse tanto sobre la evaluación de impacto ambiental de la nueva actividad como sobre las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la Modificación Sustancial de la Autorización Ambiental Integrada.

La reacción vecinal y de organizaciones ecologistas no se hizo esperar, y rápidamente un grupo de vecinos de Nerva se organizó, in extremis y pese al confinamiento de todo el país, en torno a la asociación Alternativa Ciudadana Nerva, Salud y Dignidad, que intentó contrarreloj concienciar a la población del nuevo peligro que se le venía encima con unas instalaciones ya plenamente colmatadas y protagonistas de incontables incidentes medioambientales durante sus casi 25 años de existencia.

El BOJA de 2 de abril de 2020 abrió un periodo de información pública dentro de un “procedimiento simplificado de modificación sustancial de la autorización ambiental integrada” para el vertedero

La Consejería de Desarrollo Sostenible comenzó, en aquellas semanas que dio de plazo legalmente, a recibir un aluvión de alegaciones al proyecto de ampliación y prolongación de la vida útil de este polémico recinto de Nerva. Desde entonces, nada más se ha sabido por parte de la Administración autonómica respecto a este proceso administrativo. Mutismo absoluto. Este diario ha contactado con algunos expertos medioambientales que en su momento presentaron alegaciones a este plan de ampliación a título individual y aún no han recibido respuesta alguna a las mismas por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta, por lo que sospechan que estas reclamaciones ciudadanas habrán servido a la empresa que gestiona el vertedero, DSM en la actualidad, para mejorar su proyecto de ampliación de las instalaciones con el objeto de ampliar su capacidad de almacenaje de residuos, algo que según las organizaciones ecologistas no se puede llevar a cabo en ningún caso ya que la capacidad del recinto está sobrepasada prácticamente un 300%.

Uno de los incontables incendios que ha registrado el vertedero de Nerva en casi 25 años de existencia, a escasos 700 metros del núcleo urbano.

Cierre progresivo mientras amplía

Moreno Bonilla, que ha quitado de un plumazo diez años de existencia del vertedero de Nerva al asegurar que inició su actividad en 2008, señaló este jueves desde el puerto de Huelva, en contra de los hechos irrefutables, que el Gobierno andaluz que preside ha sido “el primero y el único que ha solicitado su cierre progresivo”. De momento, la única realidad es que, en pleno confinamiento de todo el país y en estado de alarma, su ejecutivo promovió un proyecto de “modificación sustancial de la autorización ambiental integrada”, o lo que es lo mismo: la ampliación del recinto para aumentar su vida “útil” de funcionamiento al menos una década más, como han denunciado las organizaciones ecologistas.

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