Comenzaba a flotar en el ambiente que Gabriel Amat podría salirse con la suya y que el caso de corrupción que sobrevuela sobre su cabeza desde 2012 quedase en el limbo de los procedimientos judiciales. Después de siete jueces instructores, a los que desde altos poderes se les ha negado el pan y la sal de los recursos necesarios, la última magistrada ha decidido archivar provisionalmente la causa contra el alcalde de Roquetas de Mar. María Purificación Ferreiro ha decidido con un auto mefistofélico dejar en suspenso la causa contra el poderosísimo Amat justo en el momento en que cesaba ella misma como juez para marcharse al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Vilanova i la Geltrú para dedicarse a la materia de Violencia de Género. Todo un portazo de salida judicial.
Hay que recordar que el caso de corrupción surge de la denuncia de la Fiscalía Superior de Andalucía debido a la existencia probable de todo un entramado societario compuesto por el alcalde y familiares suyos. El caso La Fabriquilla, ya archivado en firme, fue el punto de arranque de esta investigación en la que la UDYCO ha encontrado, como expuso en su informe, numerosas pruebas de estar ante una trama corrupta. AMAyT denunció aquellos hechos y se mantuvo al pie del cañón hasta que la magistrada les retiró como acusación particular. Algo que ya resultó sospechoso en su momento porque dejó solo al PSOE como acusación particular.
La causa principal se dividió en 25 piezas separadas por la investigación gracias a la Fiscalía en torno a 22 sociedades que, como se dijo, la UDYCO señaló en un informe de octubre de 2016, ampliado con otro informe un año después, donde remarca que el ministerio público solicitó en junio de 2018 que se oficiase a la UDYCO para que elaborase un informe complementario respecto a estas 22 sociedades. Algo que la magistrada no ha querido impulsar porque, como dice en el auto de archivo provisional, «el hecho de que Gabriel Amat o familiares sean titulares de empresas respecto de las cuales se han celebrado en junta de gobierno la aprobación de acuerdos de concesión de licencias urbanísticas o aprobación de planes o proyectos, y esa junta gobierno haya sido presidida por Gabriel Amat en su condición de Alcalde de Roquetas de Mar, no supone un indicio de responsabilidad criminal en su persona, todo lo más podría llevar consigo una irregularidad de carácter administrativo y responsabilidad administrativa en su caso». Según parece, para la juez cesante, saltarse una medida anticorrupción como es la obligación de la comunicación de conflicto de intereses no es delito penal.
¿Es el final del caso Amat? No si el PSOE quiere. Al ser parte de proceso como acusación particular podría recurrir el archivo. Hace unos meses el PSOE pidió mediante escrito ante la juez que se procediese a la imputación del alcalde roquetero. En ese escrito exponían que «se dicte auto declarando investigado sobre la persona de D. Gabriel Amat Ayllón en esta causa principal con citación para declaración ante el Juzgado, así como en cada una de las Piezas separadas donde se interesara por esta parte mediante el escrito correspondiente (Diligencias Previas) incoadas y pendientes de incoar y del que se acompañará copia de este escrito por tratarse del eje principal, de una u otra manera, en la toma de decisiones que afectan a cada uno de los expedientes administrativos aprobados y que, supuestamente, han beneficiado al resto de los miembros del «clan socio-Familiar» cuando no a él mismo, como a sus socios o socios de sus familiares».
Ahora está en manos del PSOE almeriense solicitar que se prosiga con la causa y quede pendiente de la llegada de un nuevo juez instructor. Es el PSOE, que, de momento, ha dicho que sí recurrirá, la entidad que puede permitir que se haga justicia en un caso donde, como se ha visto en el escrito de la juez cesante, se reconoce que ha habido cuando menos un grave caso de conflicto de intereses. Que la magistrada cesante no quiera ver, como han señalado desde diversos partidos políticos, que eso supone un delito y no una falta no impide que un nuevo magistrado sí vea el delito. Porque, además, hay que añadir que la juez se marcha y archiva sin resolver los recursos de la acusación que estaban pendientes. Es una especie de cierre del caso, donde el olor a cloaca judicial impregna el ambiente, para que nadie pueda seguir con él. Al menos para que no suceda como ha afirmado Juan Pablo Yakubiuk de IU: «Esta es la tónica que venimos sufriendo desde hace años en Roquetas. La sensación de impunidad es lo peor que nos puede pasar como sociedad».
